El secretario ejecutivo federal de Política Económica y
Empleo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, considera “inaceptables
y orientadas a favorecer los planes
privados de pensiones como única alternativa” las conclusiones y propuestas
contenidas en el “documento aprobado hoy por ese supuesto ‘grupo de expertos
imparciales’ nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy como coartada para una
reedición actualizada del ‘pensionazo’”.
García Rubio advierte de que “lo que sale seriamente tocado
en este documento es la posibilidad de trabajar con eficacia para mejorar el
sistema público de pensiones”. Señala que “la reforma propuesta profundiza y
agrava los peores aspectos de la que aprobó el Gobierno del PSOE la legislatura
pasada y conduce, de aceptarse en el Pacto de Toledo tal cual está, a un descenso
todavía más significativo de las pensiones del que ya estaba planificado”.
El responsable económico federal adelanta que “desde
Izquierda Unida, que trabajó activamente contra los cambios ya en marcha que
retrasan la edad de jubilación progresivamente hasta los 67 años, plantará cara
también a estos nuevos, que no son más que un intento del PP por aprovechar la
grave crisis económica para quitar derechos a los pensionistas presentes y
futuros que no puedan pagarse un plan privado y, al tiempo, cumplir con las
directrices impuestas por la troika europea”.
“Desde el punto de vista técnico –detalla García Rubio-, el
grupo de expertos está enormemente condicionado ya que casi tres cuartas partes
de ellos están vinculados profesionalmente o han sido asesores de bancos y
empresas aseguradoras”.
El dirigente federal explica que “además, los índices
utilizados para elaborar su trabajo conducen irremediablemente al resultado
querido y están plagados de argucias en sus cálculos. Así, el denominado Factor
de Equidad Intergeneracional (FEI) utiliza como base de cálculo la esperanza de
vida de toda la población, de forma que hace equivalente el conjunto de toda la
población con el conjunto de la población con pensión de jubilación. Mientras
la primera es de 8 millones, la segunda no supera los 5,5 millones. La
esperanza de vida de toda la población a los 65 años es de 20,27 años, mientras
la edad media de los pensionistas por jubilación es de 75 años. Es decir 10
años menos”.
Por otro lado, el Factor de Revalorización Anual (FRA) se
hace depender del balance ingresos/gastos del sistema. Sin embargo, no resulta
aceptable instalarse en un número de parados del 25% de la población activa
porque, simplemente, es social y económicamente insostenible a medio plazo.
Precisamente para las puntas de aumento del desempleo está previsto el Fondo de
Reserva”.
García Rubio señala que “desde IU consideramos con claridad
que el sistema público de pensiones no está en peligro. Existe toda una batería
de medidas para reforzarlo, como cambiar las políticas de empleo, elevar
solidariamente el límite de la cotización máxima o tomar las medidas necesarias
para que los salarios de hombres y mujeres sean equivalentes, por poner sólo
unos pocos ejemplos”.
“Las medidas aprobadas por el llamado ‘grupo de expertos’
–advierte el dirigente federal de IU- suponen una propuesta esencialmente
ideológica. Parten del objetivo marcado previamente de relanzar en España los
planes privados de pensiones. La intención, en la que el Gobierno del PP actúa
como ‘colaborador necesario’, es traspasar más recursos aún al capital
financiero, en perjuicio de los intereses de los pensionistas de hoy y de
mañana”.
Frente a esta política, Izquierda Unida impulsará, a nivel
parlamentario y en todos los foros políticos a su alcance, una propuesta de
fortalecimiento del sistema público de pensiones real y realizable, al tiempo
que estará a la cabeza de las propuestas.
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