El Ayuntamiento de Málaga ha rechazado una moción de IU para
garantizar “el acceso de hasta 20 litros de agua por persona y día como un
derecho para familias con escasos recursos”.
Mundo Obrero/Fermín
Grodira
Los ánimos están caldeados en el barrio malagueño de La Palmilla. Según la
comisión judicial del comedor social y oficina social ocupada “Er Banco Güeno”
de La Palmilla ,
la Empresa Municipal
de Aguas de Málaga S.A. (Emasa) reclama deudas ilegítimas que en algunos casos
se remontan hasta los años 70 y llegan a superar los 63.000 €. “Muchos de los
inmuebles han cambiado de inquilinos sin ser notificados, ya que los acuerdos
son verbales, por lo que llegan deudas de anteriores propietarios“ explica un
abogado que está llevando la defensa de los afectados. Unas 1.400 familias
están afectadas. Al cortarles el agua debido a impagos, algunos vecinos optan
por engancharse a la red, cometiendo el delito de defraudación de agua por el
cual al menos 3 personas han sido condenadas a mes y medio de prisión.
El Ayuntamiento informó a finales de enero que negociará el
pago de 1.713.000 € pendientes a 991 clientes de Palma-Palmilla. Según datos de
la propia empresa 1.796 clientes son deudores de un total de 3.610.000 €. Esto
arroja una deuda media de 2.000 € que afecta al 19% de los clientes del
distrito. La concejala de Medio Ambiente y vicepresidenta de Emasa, Ana
Navarro, afirma que “en el mismo momento en que el ciudadano aporta una
justificación de que se ha producido un cambio en el usuario de la vivienda,
Emasa deja de reclamarle las deudas anteriores a la fecha de dicho cambio por
lo que no se le reclama nada que no haya consumido” .
La subcontrata
Tracasa bajo sospecha
Para reclamar estas deudas, Emasa ha contratada a Tracasa,
una empresa pública del Gobierno de Navarra. Algunos afectados aseguran que les
hicieron firmar reconocimientos de deudas ilegítimas a personas analfabetas y
bajo amenazas de prisión en caso de no de firmar. Estas deudas han prescrito si
no han sido reclamadas en los últimos 5 años, según la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento
Civil.
El director-gerente de Emasa, José Luis Rodríguez, afirmó
que las prácticas de Tracasa son legales. Según sus palabras, varias familias
han renegociado sus deudas y están pagando su recibo más un recargo de cinco
euros al mes. Los deudores niegan que este recargo sea de 5 euros, sino de 30 o
60.
Acciones por el
derecho efectivo al agua
Los vecinos han empezado a autoorganizarse en asamblea,
realizando diversas y muy variadas acciones para defender el acceso al agua en
este barrio. 109 vecinos se han querellado contra Emasa por coacciones,
falsedad en documento privado y fraude procesal. Además, los abogados que
representan a los afectados han presentado un recurso ante el Defensor del
Pueblo Andaluz. Los afectados informan que se han suspendido por vía judicial
tres reconocimientos de deuda.
Desde la asamblea también denuncian casos en el que los
vecinos que han ido individualmente a renegociar la deuda han vuelto con una
deuda mayor. Las exigencias de la asamblea de vecinos son la nulidad de los
reconocimientos de deuda, paralización de los procesos judiciales iniciados,
condonación de las deudas a las familias que no puedan pagar y tarifa social
acorde a los ingresos familiares.
Tras reunirse con Emasa y el Ayuntamiento, la empresa acordó
no iniciar nuevas acciones judiciales pero se niega a retirar las denuncias
presentadas ni a cancelar los reconocimientos de deuda. También acordó montar
una mesa de trabajo para tratar los casos individualmente.
Su objetivo a corto plazo es recoger un mínimo de 6.000
firmas para lograr sus exigencias. Llevan recogidas más de 1800 firmas. Una vez
alcanzado ese número, se entregarán a Emasa y de no lograrse avances, se
iniciará un boicot consistente en no pagar los firmantes la factura del mes de
mayo. También están preparando una jornada de lucha el 14 de abril y una huelga
general en el barrio para el 15 de mayo.
Otras polémicas de la
empresa gestora del agua en Málaga
Emasa ha gastado más de 400.000 euros en los últimos cuatro
años en contratar bufetes de abogados para reclamar deudas impagadas. Izquierda
Unida (IU) consideró “irregular” las contrataciones ya que el Ayuntamiento
dispone de una empresa recaudatoria. Uno de los despachos contratados es el de
Rosa Agüera, exconcejala del PP.
Posible privatización
de la gestión del agua
El Ayuntamiento de Málaga ha rechazado una moción de IU para
garantizar “el acceso de hasta 20 litros de agua por persona y día como un
derecho para familias con escasos recursos” y adherirse a la Iniciativa Ciudadana
Europea por el derecho al agua que incluye el rechazo a la “liberación de los
servicios del agua y saneamiento”. El alcalde Francisco de la Torre dijo públicamente a
comienzos de año que “hoy por hoy” no se plantea privatizar ni total ni
parcialmente empresas municipales aunque “tampoco lo descartamos radicalmente”.
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