Que
el Rey para dar ejemplo a la ciudadanía renuncie a su aforamiento y a su
blindaje jurídico y constitucional para que se someta con todas las
consecuencias a una investigación fiscal. Que
el parlamento estudie encauzar a Juan Carlos I por alta traición si finalmente
encanja el hecho de mantener cuentas secretas en el extranjero sin declarar a la Hacienda española como
merecedor de la activación de este procedimiento.
Estimados
ciudadanos, estimadas ciudadanas:
Juan
Carlos I de Borbón a la sazón rey de España recibe una herencia de su padre don
Juan de Borbón, Conde de Barcelona, que se hace efectiva el día 21 de octubre
de 1993, se procede al reparto de la herencia y Juan Carlos I recibe tres
cheques con una cantidad de 375 millones de pesetas que la ingresa en la sociedad
alsaciana de banca de Ginebra en la cuenta nº 10031.
Los
albaceas recomiendan que no repatrie la herencia de su padre a territorio
español porque podría sembrar dudas sobre el patrimonio acumulado por el Conde
de Barcelona. En ese momento presidía el
gobierno español Felipe González Márquez, no ha de extrañar que en un despacho
semanal, el Rey le informara de esta situación o no, en todo caso sería muy
importante que se pronunciara públicamente sobre si tenía información o
no. En aquella época el jefe de la
oposición era José María Aznar.
Una
cuestión de este tipo es lógico pensar que también pudo ser compartida con el
jefe de la oposición, aunque no lo podemos asegurar. La responsabilidad máxima
recae por tanto en la decisión de Juan Carlos I de mantener el dinero de la
herencia de su padre en el extranjero, en las cuentas suizas. También los
albaceas dando un consejo que va en contra de los intereses generales de España
y que de confirmarse en todos los extremos podían haber colaborado con un
delito.
El
delito fiscal en España, si la cantidad defraudada es menos de 120.000 euros se
contempla la sanción administrativa, si es superior a los 120.000 euros entra
en el terreno del delito penal y además de la sanción económica se contempla de
uno a cinco años de prisión menor.
Desde
el punto de vista político, ético y moral, el ejemplo que debe dar la máxima
magistratura del Estado, se trata del Jefe del Estado, que debe dar ejemplo al
conjunto de la ciudadanía. Ese ejemplo se quiebra y aparece evadiendo
impuestos, ocultando patrimonio y cuentas bancarias en Suiza y es posible en
más paraísos fiscales como Urdangarín su yerno, como Bárcenas y como otros
defraudadores a la Hacienda
pública.
La
definición del concepto del delito fiscal es hacer daño a la Hacienda pública y a los
recursos que el Estado necesita para financiar sus servicios y sus actividades,
una de ellas es asignar una partida anual a la
Casa Real.La Constitución dice
textualmente: “las Cortes Generales habilitarán anualmente una partida en los
presupuestos generales del Estado para el sostenimiento de la
Casa Real
La
opinión pública española está alarmada e indignada por esta noticia que hemos
conocido a través de los medios de comunicación. En un país como el nuestro con
seis millones de parados, donde un millón y medio no recibe ningún tipo de
ayudas, con más de doscientos mil autónomos que cierran las persianas de sus
negocios, con recortes en sanidad, copagos, con recortes en educación, quitando
pagas extraordinarias a los funcionarios, etc., en medio de esta crisis que los
ciudadanos paguen todos sus impuestos entre ellos los que van destinados a la
Casa Real
a)
Que se abra una investigación por la Agencia Tributaria.
Más allá de la cuantía defraudada por la gravedad ética e inmoral de los
hechos.
b)
Que se investigue que si hay más cuentas en paraísos fiscales.
c)
Que se aclare si el gobierno actual conocía la existencia de estas cuentas en
Suiza del Rey de España, así como si las llegó a conocer en su día Felipe
González y José Mª Aznar.
d)
Que el Rey para dar ejemplo a la ciudadanía renuncie a su aforamiento y a su
blindaje jurídico y constitucional, dejando de ser irresponsable jurídica y
políticamente para que se someta con todas las consecuencias a una
investigación fiscal.
e)
Que el parlamento estudie encauzar a Juan Carlos I por alta traición si
finalmente encanja el hecho de mantener cuentas secretas en el extranjero sin
declarar a la Hacienda
española como merecedor de la activación de este procedimiento.
f)
No descartamos que todo este proceso conlleve la abdicación y la renuncia de
Juan Carlos I.
Reciban
un saludo,
Antonio Romero
Presidente
de honor del PCA
Miembro
de la comisión ejecutiva de IU-LVCA
Coordinador
de la red de municipios por la
III Republica
No hay comentarios:
Publicar un comentario