La huida de España de Juan Carlos de Borbón es el último episodio de una sucesión de actos execrables perpetrados por miembros de la Casa Real en los últimos años, actos faltos de la más mínima ética, impropios de personas que ostentan responsabilidades o representación pública y en muchos casos, además, actos claramente delictivos que la justicia siempre se ha negado a investigar amparándose en una supuesta inmunidad que en España se ha interpretado de forma tan extensiva que finalmente se convirtió en impunidad.
La Jefatura del Estado ha vuelto a demostrar que no está a la altura. En vez de dar una lección de transparencia y ejemplaridad poniéndose a disposición de la Justicia para aclarar las gravísimas acusaciones que pesan sobre el rey emérito, se despacha con una nota, sin dar más explicaciones a una ciudadanía cada día más perpleja y asqueada mientras que las fuerzas políticas, económicas y mediáticas del régimen intentan construir un “cordón sanitario” para blindar a la monarquía y justificar lo injustificable, más si cabe cuando se produce en el contexto de la gravísima crisis sanitaria y económica que estamos viviendo.
El PCE siempre ha mantenido que la democracia a España la trajo el pueblo español y en especial la clase trabajadora y los sectores sociales que mantuvieron la resistencia antifranquista durante los 40 años de dictadura, y no precisamente una familia o una persona que heredó la jefatura del Estado como legado político y por decisión de un dictador.
Nuestra opción republicana es una cuestión de profundas creencias democráticas y no descansa en una animadversión a una familia o una persona que ostente la jefatura del Estado. Hemos denunciado políticamente y ante los tribunales lo que han sido claras actividades delictivas del ex jefe de Estado, permitidas y facilitadas por un marco constitucional que confundía la inviolabilidad por actos de Estado propios de las funciones constitucionales, con la impunidad más absoluta para la realización de cualquier latrocinio, todo amparado en la absoluta falta de transparencia que ha permitido el enriquecimiento de Juan Carlos de Borbón de forma paralela al empobrecimiento del pueblo español a partir de 2008.
La imagen dada por un ex Jefe del Estado que durante sus años de ejercicio institucional ha acumulado una inmensa fortuna es inaceptable para la mayoría de nuestro pueblo. Igualmente, una justicia merecedora de tal nombre debe actuar para evitar que ninguna persona pueda sustraerse a su acción, máxime cuando ello supone un motivo de vergüenza y bochorno para todo un país.
La democracia española no será completa hasta que nuestro pueblo no pueda elegir la totalidad de las instituciones representativas, incluida la jefatura del Estado, como hacen la inmensa mayoría de las democracias contemporáneas más avanzadas. Además, en nuestro caso, la jefatura del Estado no elegida y hereditaria lleva aparejada la jefatura de las Fuerzas Armadas de forma irremovible y sin que exista mecanismo constitucional alguno por el cual se pueda exigir responsabilidad al jefe de las fuerzas armadas. Unos ejércitos que jerárquicamente no se subordinan al poder civil sino al único cargo institucional no elegible ni refrendado desde que fue designado por el dictador, muestran una realidad institucional en España claramente mejorable. Si además, esa monarquía carece de los mínimos valores éticos exigibles, antepone el lucro personal al interés común, traslada una imagen de España a la comunidad internacional vergonzante y es incapaz de cuidar la cohesión territorial del Estado, la conclusión es evidente: no tiene utilidad alguna y más bien es una carga política y económica, un lastre para un país que lleva soportando sucesivas crisis económicas y sociales que han repercutido muy negativamente en las condiciones de vida la mayoría social.
Hace más de ochenta años que los españoles y españolas no eligen la jefatura del Estado. No se puede seguir impidiendo el debate social sobre el modelo de Estado en España con argumentos y justificaciones de otro siglo y de otra época política. Estamos convencidos de que la propuesta de una república federal y solidaria que refleje la pluralidad nacional de España y donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas, es la opción mayoritaria de nuestro pueblo en estos momentos.
Madrid a 5 de agosto de 2020
