Izquierda Unida ha presentado una moción en la Comisión de Pleno de
Derechos Sociales para que el Ayuntamiento de Málaga para que se inste a la Consejería de Fomento y
Vivienda a agilizar en la medida de lo posible los trámites necesarios para que
las viviendas de protección oficial (VPO) sin habitar que está en manos de las entidades
financieras pasen al registro municipal de demandantes de inmuebles protegidos.
En la iniciativa, IULV-CA ha propuesto al Alcalde del PP, Francisco
de la Torre ,
que medie ante los Bancos a fin de conocer el número de pisos protegidos sin
uso que todavía no han sido cedidos al registro municipal, algo a lo que están
obligadas por el artículo 20 de la
Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción
por la Ley de la Función Social de la Vivienda.
De las 185 viviendas protegidas que la Junta detectó en Andalucía
que no habían sido ofrecidas a los registros municipales, los cuales establecen
los mecanismos de selección para la correspondiente adjudicación y fijan los
requisitos socioeconómicos para el acceso bajo principios de igualdad,
publicidad y concurrencia, un total de 17 se localizaban en la provincia de
Málaga.
La portavoz adjunta de IULV-CA en el Ayuntamiento de la
capital, Antonia Morillas, ha recordado los datos del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) que reflejaban que Málaga cerró 2013 con la mayor cifra de
ejecuciones hipotecarias desde que comenzó la crisis, llegando a las 4.148, lo
que significa multiplicarlas por cuatro desde 2008.
"La ejecución hipotecaria por impago provoca la pérdida
de la vivienda habitual para miles de familias cada año y, además, todavía
supone una condena financiera de por vida", ha advertido Morillas.
Ante esta situación, ha señalado la concejal comunista de
IULV-CA que "las administraciones públicas han adoptado medidas que
deberían servir para intentar garantizar el artículo 47 de la Constitución ",
haciendo especial referencia a la
Consejería de Fomento y Vivienda que preside Elena Cortés y a
la Ley andaluza
de la Función Social
de la Vivienda
que impulsa desde la Junta.
Una ley que, ha subrayado Toni Morillas, que "consagra la vivienda
como derecho humano protegido, combatiendo su concepto como mera mercancía y
suponiendo un giro radical en la forma de concebir la vivienda".
Frente a medidas de este tipo, la concejala de la izquierda
ha mencionado la iniciativa del Ayuntamiento de Málaga de destinar 500.000
euros a la adquisición de viviendas en distintas zonas de la ciudad para
destinarlas a familias en riesgo de exclusión social.
"A pesar del distinto enfoque y calado de las medidas
tomadas por las distintas administraciones, es obvio que debe producirse la
mayor cooperación entre las mismas e intentar crear sinergias que multipliquen
exponencialmente el alcance de lo que cada una de ellas puede hacer", ha
declarado Morillas.
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