La responsable de Vivienda de la dirección federal de
Izquierda Unida, Amanda Meyer, señala tras la sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE
que “estábamos en lo cierto quienes hemos defendido que las políticas públicas
deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan
desde la mayoría social una crisis que no han causado”
La responsable de Vivienda de la dirección federal de
Izquierda Unida, Amanda Meyer, ha exigido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que
“tome medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación en el
Congreso del proyecto de ley de Deudores Hipotecarios y de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP), cuyos plazos parlamentarios están paralizados, para frenar de
forma inmediata los desahucios que están en marcha debido a las cláusulas
abusivas aplicadas por las entidades financiera, desautorizadas por la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE)
conocida ayer.
Amanda Meyer ha profundizado en las valoraciones de alcance
hechas ayer por IU sobre este tema. Señala que el fallo del alto tribunal
europeo “es fruto de la constante movilización de la sociedad civil organizada
en la lucha por una vivienda digna” y “por fin” da la razón a “quienes, como
Izquierda Unida, venimos reclamado desde el inicio de la crisis que los
desahucios masivos son ilegales”.
“Estábamos en lo cierto –afirma- quienes hemos defendido que
las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera
injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han
causado”.
La responsable federal de Vivienda de IU reclama al
Ejecutivo del PP que “vote favorablemente a las enmiendas elaboradas por
nuestro grupo parlamentario, después de dos legislaturas en las que ha tumbado
–uniendo sus votos al PSOE- todas las propuestas que presentamos sobre esta
materia, que recibían por su parte los calificativos de ‘populistas’ o
‘descabelladas’. Ahora se ve que no era así. Nuestras enmiendas van en el mismo
sentido que el contenido de la ILP
que el PP aceptó tramitar a regañadientes y que IU apoyó y contribuyó a
impulsar”.
Meyer insiste en que “el PP tiene en sus manos garantizar
ahora la seguridad jurídica de quienes han perdido sus viviendas desde 1994
debido a que en los sucesivos mandatos bipartidistas miraron para otro lado a
la hora de proteger a la ciudadanía hipotecada. Es hora de reformar en
profundidad la obsoleta Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil para
decretar la paralización universal de los desahucios y la retroactividad de la
dación en pago. Es necesario revisar los desahucios ilegales producidos y
restituir el daño producido a las familias”.
Amanda Meyer anima a los jueces a “aplicar de manera directa
y urgente los contenidos que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de
la UE para
contribuir desde todas las instancias judiciales a la paralización de los
desahucios en marcha”.
Constata también la “responsabilidad directa que PP y PSOE
tienen a sus espaldas en los más de 400.000 desahucios contabilizados desde
2007, una inmensa parte de ellos gestionados judicialmente gracias a una
legislación que se ha demostrado ahora ilegal y que no ha protegido a la
ciudadanía hipotecada. Ha habido sucesivos gobiernos bipartidistas desde
mediados de los 90 que podrían haber transpuesto la directiva europea de
protección de los consumidores, pero no lo hicieron. Todos ellos apostaron por
liberalizar el sistema financiero y dejaron que las entidades de crédito vulnerarán
derechos fundamentales de forma sistemática”.
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