Desde la
Juventud Comunista en Andalucía entendemos que la expulsión de IU
del gobierno andaluz y el correspondiente adelanto electoral, ha
puesto en evidencia una vez más algo que la UJCE venía planteando
desde el principio; el carácter del PSOE como partido del régimen,
más preocupado en garantizar el actual estado de las cosas, que en
aplicar las políticas sociales de las que tanto hablan en su
discurso político.
El pasado 21
de Diciembre, Izquierda Unida Andalucía realizó una asamblea de
balance, donde la militancia pudo debatir y reflexionar sobre el
papel de IU en el gobierno. Tras el debate colectivo se planteó la
necesidad de iniciar una ofensiva política en la Junta de Andalucía
que permitiera la aplicación de reformas y medidas urgentes,
enfocadas a aliviar las consecuencias de una crisis económica que ha
golpeado nuestra tierra con mucha más fuerza que en otros
territorios del estado. La puesta en marcha de una renta básica,
garantizar los suministros básicos de luz y agua, el impuesto a las
grandes superficies o la creación de una banca pública, fueron
algunas de las principales medidas a las que Izquierda Unida no
estaba dispuesta a renunciar.
Andalucía
vive actualmente una situación de verdadera emergencia social, en la
que 3,5 millones de personas, casi el 40% de su población, vive en
riesgo de exclusión y pobreza. Una cifra que, en el caso de la
infancia, asciende al 45,3%. La pobreza azota a nuestra tierra con
mayor virulencia que en el resto del estado, siendo el territorio con
mayor número de desahucios: hasta 2.105 se registraron en el tercer
trimestre de 2015, algo que podría haberse evitado en gran medida si
la ley antidesahucios aprobada a propuesta de IU no hubiera sido
bloqueada en el tribunal constitucional por un recurso del gobierno
de Rajoy.
Ante esta
situación, ya no basta con evitar recortes en educación o sanidad,
sino que resulta absolutamente necesario poner en marcha medidas
urgentes enfocadas a rescatar a las víctimas más golpeadas por la
crisis capitalista. La conclusión de la asamblea de balance fue
clara: IU no quería estar en el gobierno a cualquier precio ni para
ocupar sillones, sino para aplicar políticas en favor de la mayoría
social. Se escogió Julio de 2015 como fecha para evaluar el grado de
cumplimiento de estas medidas, acordando la convocatoria de un
referéndum sobre la salida del gobierno en caso de que no se
hubieran podido cumplir los objetivos marcados. Esta apuesta decidida
por aplicar políticas en favor de la clase trabajadora, así como
las recientes multas millonarias que desde la Consejería de Vivienda
se han impuesto a grandes bancos por incumplir con la función social
de la vivienda, ha hecho disparar las alarmas de la oligarquía, que
no está dispuesta a renunciar a ninguno de sus privilegios ni a
paralizar sus planes austericidas.
Además, a la
negativa del PSOE a aplicar políticas verdaderamente de izquierdas,
hay que sumarle otros dos elementos fundamentales: Las ambiciones
personales de Susana Díaz y el miedo a nuevos escándalos de
corrupción de anteriores gobiernos andaluces. Parece evidente que el
adelanto electoral y la fecha escogida forman parte del plan personal
de la actual presidenta de la Junta, confiada en que logrará unos
buenos resultados en Andalucía, ayudándola a reforzar su posición
interna en el partido, como elemento clave ante unas futuras
primarias contra el actual secretario general del PSOE.
Por otro
lado, la declaración pública de que IU tenía la intención de
abrir una comisión de investigación sobre la corrupción en
Andalucía. El objetivo era no sólo esclarecer el escándalo de los
cursos de formación gestionados por el anterior gobierno del PSOE,
sino investigar toda la corrupción en nuestra tierra, incluidas
ramificaciones del caso Bárcenas o de la trama Gürtel.
Finalmente,
la amenaza de una comisión de investigación ha sido otro de los
factores fundamentales que han llevado a la disolución del
parlamento andaluz por parte de Susana Díaz. Una extraña "lucha
implacable" contra la corrupción, a lo que se suma el
nombramiento de tres parlamentarios pre-imputados por el caso de los
ERE como miembros de la diputación permanente, manteniendo así su
condición de aforados a pesar de la disolución del parlamento;
evitando un posible enjuiciamiento.
La apuesta
de la oligarquía: ¿Gran coalición en Andalucía?
A pesar de
presentarse como proyectos políticos contrapuestos, lo cierto es que
los dos partidos del régimen (PPSOE) han sabido ponerse de acuerdo
cuando éste parecía tambalearse; la reforma del art. 135 de la
constitución o el nombramiento de Felipe de Borbón como rey son dos
ejemplos claros de ello.
En Andalucía
ya hemos tenido dos tentativas de un pacto entre PP y PSOE, donde el
Partido Popular se ofrecía a sostener un gobierno de Susana Díaz
sin Izquierda Unida. La primera fue tras la crisis de gobierno que
generó el realojo de las vecinas de la Corrala Utopía, y la segunda
se realizó recientemente tras el anuncio del posible adelanto
electoral.
Si bien este
pacto de gobierno no ha llegado a materializarse por el momento, lo
cierto es que ambos partidos han llegado a un acuerdo importante con
la finalidad de blindar su poder institucional ante unas elecciones
rodeadas de incertidumbre. La más que previsible derrota del
bipartidismo será suavizada gracias al control de la Cámara de
Cuentas, un órgano de fiscalización presupuestaria que pasará a
estar en manos del PPSOE hasta 2017, tras un vergonzoso reparto de
sillones. Esta no es más que la respuesta del bipartidismo ante la
intención de investigar todos los casos de corrupción en Andalucía,
que afectan tanto al PSOE como al PP y que, impidiendo el acceso a
nuevos grupos políticos, pretenden ocultar el uso dado a los
recursos públicos por su parte.
Nuestra
tarea: Construir Poder Popular
Los objetivos
políticos que la militancia de IU se marcó como acción de gobierno
ya no son posibles en el corto plazo; sin embargo, eso no significa
que las comunistas estemos dispuestas a renunciar a ellos. Nuestra
tarea es pelear en la calle lo que judicial o políticamente se nos
ha bloqueado desde las instituciones heredadas del régimen del 78;
la movilización y la organización popular son elementos
indispensables para una fuerza política que aspira a superar el
actual marco institucional, dado que cualquier victoria electoral no
traerá consigo un verdadero cambio si no va acompañada de un pueblo
organizado capaz de resistir los ataques de una clase dominante que
no está dispuesta a perder ninguno de sus privilegios.
Es la hora de
centrar nuestros esfuerzos en impulsar y construir el poder popular
en los pueblos y barrios de Andalucía, organizando a las víctimas
de la crisis en la pelea por nuestros derechos, una lucha que debe
estar siempre presente en las calles y en las instituciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario