Antonia Morillas
Portavoz del Grupo de IULV-CA en la Diputación Provincial
El anteproyecto de ley de reforma de la administración local
lleva meses dando tumbos. Mucho se ha especulado sobre esta y muchas han sido
las negociaciones entre PP y PSOE para alcanzar un acuerdo, con el sonido de
fondo del malestar generado entre fuerzas políticas como Izquierda Unida.
Finalmente, el anteproyecto de ley llega sin consenso y conteniendo los
extremos más radicales que temíamos, con la pretensión de reducir al mínimo la
capacidad de acción y decisión política de los ayuntamientos, imponer la
privatización de servicios y continuar desarrollando el artículo 135 de la Constitución y la
sacrosanta ley de Estabilidad Presupuestaria.
La reforma de la administración local forma parte de la ruta
trazada para la economía española por la Troika con la connivencia del partido del gobierno.
Viene a desarrollar los principios de la
Ley de Estabilidad presupuestaria, con el ánimo de reducir al
mínimo la administración pública y abrir nuevos nichos de mercado, para mejor
negocio de unos pocos y privaciones para la inmensa mayoría. En contra de lo
mucho que se escucha en estos días entre las filas del PP, esta reforma no
elimina duplicidades, lo que elimina es la posibilidad de que servicios
esenciales puedan ser prestados, y más aún, que estos puedan ser prestados
desde lo público y por ende, accesibles y universales. Su aprobación,
significaría dejar a miles de ciudadanos privados del acceso a servicios
públicos como guarderías, bibliotecas, consultorios médicos, centros de
información y prevención de violencia de género e incluso sin mercados
municipales. Esa es la principal consecuencia de la aprobación de esta reforma:
la eliminación de servicios que atienden las necesidades sociales más básicas
desde la administración más próxima y accesible, que representan los
ayuntamientos.
El establecimiento de un coste estándar por cada servicio,
coste mínimo, que condicionará la capacidad de prestación de servicios por
parte de los ayuntamientos, muy especialmente entre los menores de 20.000
habitantes, implicará en unos casos la supresión de servicios y en otros, su prestación por parte de las
Diputaciones provinciales, que en cualquier caso, no podrán prestarlo desde lo
público, pues no tienen estructuras administrativas adaptadas a las nuevas
competencias municipales que van a asumir. Por tanto, privatizaciones y
alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Casualmente el grueso de los
gobiernos provinciales está en manos del Partido Popular: sobra decir el
entusiasmo con el que están acogiendo esta reforma, que otorga a las
diputaciones un poder desmedido, incluso en lo referente al establecimiento de
tasas y precios públicos, por ejemplo, el del agua.
Desaparecen las competencias complementarias en materia de
salud, educación, igualdad o participación, entre otras. En materia de
servicios sociales, mantenimiento de centros sanitarios y mantenimiento y
gestión de guarderías, las competencias quedan reservadas en exclusiva para las
comunidades autónomas, que podrán delega
a los municipios mayores de 20.000 habitantes, no a los menores, siempre
y cuando realicen la oportuna transferencia económica. Ahora bien, la
transferencia económica se computará en base al coste estándar o coste mínimo,
lo que en la práctica significa en la mayoría de casos, imposibilitar la
prestación del servicio, y en cualquier caso, la prestación del servicio desde
lo público. Competencias complementarias en materia de igualdad de género, que
venían a desarrollar el articulado de la
Ley de igualdad, que atribuye funciones concretas a las
entidades locales, son eliminadas de un plumazo, pasando, de nuevo, la igualdad
de género a la cola de la agenda política y provocando un problema existencial
a los centros y servicios municipales en materia de igualdad y prevención, que en su gran mayoría han venido a paliar el
déficit de atención de otras administraciones, y que con esta reforma se verán
abocados a su cierre.
Asimismo, la asunción de competencias municipales por parte
de las Diputaciones provinciales, abocará a muchos servicios a su privatización
e implicará el alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Sobra decir que
las diputaciones provinciales no son precisamente la institución más
transparente ni más accesible para la ciudadanía, ni siquiera sus diputados y
diputadas son elegidos de manera directa por los ciudadanos. Hace apenas un
año, el debate pivotaba en torno a la supresión de las diputaciones y la
articulación de estructuras supramunicipales de proximidad comarcalizadas. Pues
bien, con esta reforma, la
Diputación va a tener más poder que cualquier ayuntamiento
menor de 20.000 habitantes y en el caso de los menores de 5.000, que
representan el 80% de los municipios andaluces, tendrá también la capacidad,
por mayoría simple de sus miembros, de intervenir los ayuntamientos, con la
retirada real de los cargos electos de los mismos. Es decir, lo que ponen los
ciudadanos, lo podrán quitar las Diputaciones provinciales. Los ayuntamientos
pasarán a ser oficinas administrativas de entes superiores. Un ejercicio
absoluto de atropello democrático que sitúa en una clara situación de
desigualdad e indefensión a los y las ciudadanos que habitan los municipios
menores de 5.000 habitantes.
Ni que decir tiene, el impacto en términos de empleo que va
a suponer. En los municipios mayores, la imposición del objetivo de déficit y
la merma de competencias, implicará sin duda reestructuraciones, cuando no
supresiones, de empresas y entes públicos de gestión, que repercutirán en la
prestación de servicios, e irremediablemente en despidos de empleados públicos.
El personal laboral de los ayuntamientos
pende ahora, más que nunca, de un hilo. La prestación de servicios que hasta
ahora eran prestados por los ayuntamientos, por parte de las diputaciones,
implicará también un ataque a la empleabilidad de los ciudadanos de los
municipios más pequeños, cuestión que se suma a la eliminación de la capacidad
de los municipios de emprender iniciativas económicas de desarrollo propias.
En síntesis, recentralización y por tanto alejamiento de la
ciudadanía de los espacios de toma de decisiones sobre lo público, carrera
desaforada hacia la eliminación y privatización de servicios esenciales para la
ciudadanía (guarderías, bibliotecas, limpieza, agua…), destrucción de empleo
público y control e intervención política de los ayuntamientos elegidos
democráticamente por los ciudadanos. Esta reforma, bien vale una movilización,
mil movilizaciones. Hay que pararla.
