Un nuevo país, una nueva Constitución. Unidad Popular-Izquierda Unida

Para construir un nuevo país necesitamos una nueva Constitución

La Constitución de 1978 se ha revelado incapaz de ofrecer una solución a los graves problemas que existen en España. Paro, deterioro irrefrenable de derechos como la educación pública y la sanidad universal, mordaza a las libertades, corrupción, desconfianza ciudadana en las instituciones,  desigualdad de género y terrorismo machista. Estos son tan solo algunos de los problemas que la ciudadanía sufrimos y soportamos cada día con más crudeza.

Frente a esta dura realidad, desde Unidad Popular-Izquierda Unida apostamos por un nuevo país. Un país libre, igualitario, solidario, laico, pacifista, republicano, federal, sostenible, participativo, con plena garantía de derechos sociales y una economía al servicio de la gente, con una justicia independiente y unas instituciones transparentes y dignas de merecer confianza. Un país donde las decisiones colectivas se adopten colectivamente, sin ceder al chantaje de los poderes económicos y financieros. Un país, en suma, en el que se garanticen los instrumentos para que todas podamos llevar una vida digna. Un país mejor, por el que todos y todas sintamos ilusión y orgullo. Se lo debemos a nuestras hijas y a nuestros hijos.

Somos conscientes de que este nuevo país necesita mucho esfuerzo y de que el camino no será fácil. Pero somos conscientes de que lo conseguiremos. Y para alcanzarlo, aunque no sea suficiente, se requiere una nueva Constitución nacida de un proceso constituyente en el que todas y todos podamos participar. No basta con reformas más o menos cosméticas y superficiales, que solo servirían para apuntalar y dar continuidad al régimen actual, ese que tanto dolor está causando a la gente. Merecemos una nueva Constitución nacida de la ilusión y de un nuevo pacto colectivo ciudadano.

Desde Unidad Popular-Izquierda Unida apostamos por ese proceso constituyente que nos lleve a una nueva Constitución y siente las bases para ese nuevo país que imaginamos y queremos, por las siguientes cinco razones:

1. Solo un proceso constituyente garantiza la participación de la ciudadanía desde el inicio en la creación de esa nueva Constitución.

La ciudadanía es dueña de la Constitución, de forma que debe ser esta la que desde un principio participe activamente en su creación y contenidos. El proceso constituyente permite y abre cauces para que la ciudadanía manifieste su voluntad colectiva de construir los elementos y principios de este nuevo país que anhelamos.

2. Solo un proceso constituyente evita que puedan realizarse reformas puntuales y concretas al texto de la Constitución a través de pactos desde los propios partidos que excluyan la participación ciudadana directa en el proceso, tal y como sucedió en la reforma exprés del art. 135 en el verano de 2011.

Proponer reformas importantes de la Constitución por la vía del actual art. 167 -es decir, sin la participación ciudadana directa en el proceso- es un “engaño constitucional”. Frente a este riesgo, el proceso constituyente supone dar la palabra al pueblo para que, mediante un proceso ampliamente participativo y desarrollado fuera de los estrechos márgenes parlamentarios, decida cómo quiere que sea su nuevo país.

3. Toda propuesta de reforma de calado de los puntos de la Constitución actual requiere la apertura de un proceso constituyente.

Según el art. 168 de la Constitución, toda reforma de la Constitución que afecte a alguna de sus instituciones centrales requiere la celebración de elecciones, la formación de nuevas Cortes (que serían constituyentes) y la ratificación final de la reforma por la ciudadanía mediante referéndum. Esta es la vía por la que optamos en Unidad Popular-Izquierda Unida: seguir el cauce que establece el actual art. 168 de la Constitución para llevar a cabo una revisión total de su texto a través de un proceso constituyente. Por tanto, todas aquellas reformas que afecten a la garantía de derechos sociales como el trabajo o la vivienda, al modelo de Estado, a su organización territorial o a la instauración de la necesaria laicidad del Estado tendrían que hacerse por este proceso

4. Solo a través de una nueva Constitución pueden configurarse y garantizarse los principios y valores que conforman ese nuevo país que deseamos: un Estado republicano, laico, federal, sostenible, igualitario, participativo, solidario y, ante todo, garante de los derechos y libertades de las personas.

Se requiere un nuevo texto constitucional que marque “líneas rojas” en defensa de los derechos, la igualdad y la democracia radical frente a la acción de poderes públicos y privados. Como se ha demostrado en estos años de la crisis, la Constitución de 1978 no cuenta con instrumentos en su interior para detener este deterioro irrefrenable de la calidad de vida de las personas. De ahí que sea necesario elaborar un nuevo texto constitucional que responda a las demandas y necesidades de la ciudadanía.

5. Solo un proceso constituyente permitirá crear un relato colectivo que supere la Cultura de la Transición y que genere una cultura ciudadana republicana y comprometida con los derechos y la defensa de lo público.

Las reformas puntuales del texto constitucional no pretenden superar el relato legitimador del régimen actual, la llamada Cultura de la Transición, sino más bien reafirmarle. En cambio, un proceso constituyente y una nueva Constitución permitiría (recordando y poniendo en valor la experiencia republicana y el relato de las víctimas de la dictadura franquista) conformar la necesaria cultura ciudadana de compromiso con lo público, la democracia y los derechos humanos.

Hoy, 6 de diciembre de 2015, comienza el camino hacia un nuevo país.

Venimos de muy lejos. Unidad Popular-IU Elecciones generales 20-D

Alberto Garzón: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”

Alberto Garzón Espinosa - Candidato a la Presidencia del Gobierno por IU- Unidad Popular

En agosto del 2013 el Fondo Monetario Internacional reconocía en un informe sobre España que "el Gobierno tiene una amplia mayoría, no habrá elecciones generales hasta finales de 2015 y solo se ha enfrentado a disturbios sociales limitados" al mismo tiempo que afirmaba que "el contexto económico ha reducido la popularidad de los dos principales partidos, lo que podría hacer que el apoyo público a nuevas y difíciles reformas fuera más complicado".

Evidentemente, el FMI se refería allí a las duras reformas estructurales que estaban impulsando los organismos internacionales a lo largo de toda la periferia europea. En aquel mismo informe el FMI se felicitaba del proceso seguido hasta ese momento por el Gobierno español y recomendaba acelerar los tiempos de las ulteriores reformas. Pero la preocupación del FMI era comprensible. Al fin y al cabo, había precedentes.

Durante la década de los ochenta del siglo pasado, el FMI logró que los gobiernos latinoamericanos aprobaran planes de ajuste que devastaron las economías y dispararon las desigualdades. Aunque la retórica insistía en que el objetivo era recuperar el crecimiento y la competitividad, lo cierto es que las reformas se concentraron en la combinación de privatizaciones, reformas laborales y desregulaciones financieras y resultaron ser un absoluto fracaso. La respuesta popular ante las consecuencias de aquella gestión fue de tal magnitud que desbordó a los gobiernos neoliberales y, tras años acumulando fuerzas, las organizaciones de izquierdas lograron poner fin a la llamada ahora 'década perdida de América Latina'.

Parecía evidente que lo último que las elites políticas europeas querían era repetir aquellos errores, habida cuenta de que la experiencia latinoamericana se había saldado con gobiernos de izquierda radical. De ahí que, a diferencia de entonces, hicieran un exhaustivo seguimiento político y no sólo económico de los efectos que provocaban los planes de ajuste. Cualquiera que siguiera los informes económicos de los organismos internacionales era consciente de ello. Pero es que incluso las comitivas del FMI visitaron varias veces el Parlamento para tomar el pulso social, y un servidor puede asegurar que a aquellos delegados no les hacía ninguna gracia que la tercera fuerza parlamentaria –Izquierda Plural: Izquierda Unida- amenazara entonces a Draghi con llevarlo a los tribunales por su gestión. Por poner un ejemplo representativo de los muchos que tuvimos en aquellos meses y en los que me vi directamente involucrado.

Pero lo que el FMI estaba reconociendo de facto en aquel informe era que el imprescindible soporte político para las reformas estructurales era el propio bipartidismo. Y su preocupación, naturalmente, residía en que su legitimidad se estaba deteriorando. Y si a los posibles estallidos sociales el Gobierno de Rajoy respondió con más represión y autoritarismo, como por ejemplo pone de relieve la Ley Mordaza, la respuesta política no estaba tan clara.

Piénsese que desde el año 2011, particularmente desde el 15-M, el paradigma político que se estaba haciendo fuerte en las calles era el de la crítica a la Cultura de la Transición y la crítica a las políticas económicas neoliberales. Por primera vez desde 1978 el régimen se resquebrajaba por sus cimientos, lo que cristalizaba en el cuestionamiento incluso de la Casa Real. Y es natural, puesto que la monarquía borbónica ha sido corresponsable de la corrupción política estructural de nuestro país y parte imprescindible y cuasi sagrada del relato mitificado de la Transición.

Al mismo tiempo, las movilizaciones sociales de 2012 y 2013 fueron importantes señales de alarma para el propio régimen. Las huelgas generales, las marchas por la dignidad, la convocatoria de Rodea el Congreso, las mareas y las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca fueron recibidas con honda preocupación por los defensores del sistema. Eran síntomas de fenómenos sociales que difícilmente podían controlar unas élites cada vez más asustadas.

La sorpresiva irrupción de un Podemos fresco y rupturista terminó por acelerar la respuesta del régimen. Vino la abdicación del ciudadano Juan Carlos de Borbón y un desorbitante esfuerzo por deslegitimar a la izquierda. La represión también se intensificó, y ejemplo de ello son los sindicalistas que aún hoy están en los juzgados así como el caso del compañero y candidato de UP-IU Daniel Hernando al que le piden actualmente 18 meses de cárcel por participar en una huelga general. Al mismo tiempo, en Andalucía la gran banca privada logró deshacerse de la participación en el Gobierno de una renovada Izquierda Unida capitaneada por Antonio Maillo y que desarrollaba un proyecto de banca pública que hubiera mermado gravemente el poder del Santander, Unicaja y BBVA. Y lo que faltaba por llegar era el clásico intento de transformismo gramsciano.

Gramsci definió así a la capacidad política de impulsarse en las demandas populares para conseguir imponer exactamente lo contrario. Cospedal lo había puesto en marcha en Castilla-La Mancha en 2012 con una regresiva ley electoral que supuestamente se justificaba en los deseos de radicalidad democrática de la ciudadanía. Y con las mismas artes estaba por emerger Ciudadanos, un proyecto político propulsado para canalizar la frustración ciudadana pero a través de un proyecto claramente liberal-reformista.

Con todas estas piezas encima de la mesa, el régimen ha encontrado la forma de convertir la profunda e izquierdista crítica al sistema en un proyecto de restauración y reforma a mayor gloria de las oligarquías. Y es que sólo a través de una parcial reforma constitucional es posible mantener intactas las estructuras de poder que reinan en España desde el franquismo al mismo tiempo que se desactiva la potencia crítica de las clases populares.

El debate, por lo tanto, se traslada al ámbito constitucional. Y la disyuntiva sigue siendo la escobazada por el 15-M: reforma o ruptura. La reforma parcial que proponen los cuatro partidos con mayor estimación de voto se puede realizar a través del artículo 167, lo que implica un engaño constitucional porque es una reforma por la puerta de atrás. Es el mismo procedimiento que la reforma del artículo 135 que hizo el bipartidismo en 2011. Conlleva una negociación entre cúpulas y acuerdos puntuales que no tocan los elementos fundamentales del régimen. Y es que la Constitución de 1978 se blindó de tal forma que para modificar sus cimientos es necesario usar el artículo 168, el que abre un proceso constituyente. Precisamente esa es la única opción que tienen las clases populares para participar activamente en el rediseño de nuestras instituciones y de evitar que apuntalen un orden social neoliberal y regresivo.

Pero paradójicamente, tras cuatro años de grave crisis institucional y movilizaciones sociales clave, la única candidatura que defiende en estos momentos un proceso constituyente es la de Unidad Popular-Izquierda Unida. El resto ha sucumbido a los cantos de sirena del régimen en restauración. Oficialmente ya todos los partidos, incluido Podemos, son defensores del libre mercado en el sector eléctrico –con la ironía de que sólo hace un año que Endesa nos saqueó 14.000 millones de euros con el silencio cómplice del Gobierno-, partidarios de mantener los compromisos internacionales con la OTAN y defensores de la Cultura de la Transición que tanto nos costó doblegar. No son cuestiones cualquiera, sino elementos definitorios del régimen. Y para quienes hemos vivido estos cuatro años peleando cuerpo a cuerpo con funcionarios del BCE, del FMI y del Gobierno resulta cuanto menos sorprendente la capacidad que han tenido de meterse en el bolsillo a tanto espacio político tras la grave crisis de régimen.

Y, sin embargo, no nos rendimos. Creemos que el cambio aún es posible. Y, sobre todo, necesario. No podemos permitir que se consolide un orden social salvaje que necesita una adaptación institucional a su medida, que es precisamente lo que le brindaría una reforma constitucional capitaneada por la oligarquía. Pero sólo habrá cambio real si fortalecemos a la izquierda y a los movimientos sociales que buscan una transformación social. Por eso me atrevo a decir que en estas elecciones el voto determinante está, sin duda, en la izquierda y la coherencia. Por eso quiero poner en valor la dignidad que conlleva defender un proyecto alternativo al del régimen del 78, proponiendo políticas a favor de las clases populares. Con una sonrisa seguiremos batallando a los poderes salvajes del capitalismo.

2-12-2015

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/mercancia-manos-politicos-banqueros_6_458164203.html

Alberto Garzón plantea una nueva Constitución que avance en la "democratización del país" y acabe con el "drama de la precariedad permanente y los recortes de derechos"

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Izquierda Unida-Unidad Popular, Alberto Garzón, ha detallado hoy en profundidad su decidida apuesta por abrir un “proceso constituyente” en nuestro país. Consideró que ha llegado el momento de abordar una “revisión total” de la Constitución para avanzar de manera real en la “democratización del país” y, entre otros puntos importantes, conseguir acabar con el “drama de un modelo extendido de precariedad permanente, privatizaciones, externalizaciones y recorte de derechos sociales”.

Garzón intervino esta mañana en la conferencia-desayuno organizada por el Fórum Europa, desde donde hizo una decidida defensa de las listas de IU-Unidad Popular que se presentan a los comicios del 20D. Garantizó que a través de esta candidatura la gente “sabe lo que va a votar” porque defiende unos principios y valores “que no están a merced del tacticismo”, mucho más en un entorno electoral que se presenta con un “centro político superpoblado” de formaciones, que más se parecen a “empresas de marketing que adecúan su producto a lo que el consumidor quiere comprar”.

Insistió en que el futuro proceso constituyente que plantea IU nada tiene que ver con “parches ni reformas parciales”, además de alertar “ante el espejismo constitucional al que nos quieren empujar algunos partidos, que dicen que hay que cambiar todo pero apuestan por una reforma parcial que sólo puede hacer un ejercicio de maquillaje y cosmética”.

Aclaró que esta apuesta pasa por recurrir a los mecanismos que fija el artículo 168 de la Constitución, que exigen la disolución de las Cámaras y la ratificación por referéndum del nuevo texto constitucional, algo que, recordó, “se demandó desde el 15M en las calles de toda España en 2011” y que Izquierda Unida quiere representar en estas elecciones.

También en relación directa con el 15M está su propuesta para que el nuevo texto constitucional avance en la “democratización del país”, con propuestas específicas como los referéndums vinculantes y obligatorios en determinadas situaciones (la cesión de soberanía a una entidad supranacional, entre ellas), los revocatorios de los cargos públicos o más democracia interna en los partidos.

Alberto Garzón defendió con toda nitidez una nueva Constitución que recoja el modelo de Estado federal y republicano que propugna su candidatura, que serviría para resolver las tensiones soberanistas que hay hoy en el Estado y para superar un modelo monárquico “anacrónico y corresponsable de la corrupción política estructural”.

La nueva Carta Magna articularía también la propuesta de IU de trabajo garantizado, el que un ciudadano pueda reclamar su derecho al trabajo en un juzgado si no lo encuentra en el mercado, el blindaje de las garantías sociales y la defensa específica de los valores feministas. Sobre este último aspecto, reclamó más recursos para aplicar medidas contra la violencia de género, un fenómeno que está estrechamente vinculado a otros tipos de violencia sexual, económica, psicológica, y que se explica por el modelo de sociedad patriarcal.

Tanto en su intervención directa en la conferencia del Fórum Europa como en las respuestas a las preguntas planteadas, Garzón insistió en que debe combatirse el modelo económico y social actual que hace compatible una bonanza macroeconómica para unos pocos con el “drama” microeconómico que sufren muchos, es decir, crecer a un 3% mientras 770.000 familias no tienen ningún ingreso.

Consideró que tras años de “precariedad permanente, privatizaciones, externalizaciones y recortes en derechos sociales” conquistados en décadas, sólo queda “repensar el país” por medio de un debate “calmado y muy transparente” para abordar el problema.

Explicó que la sociedad tiene “madurez suficiente para poder pensar sobre su futuro sin la tutela de las élites políticas ni económicas” y encabezar por sí ese proceso constituyente, y no las “cúpulas de determinados partidos”, desde el consenso “sin imposiciones ni golpes encima de la mesa”.

Alberto Garzón expuso que Izquierda Unida-Unidad Popular apuesta por una “política distinta”, basada en “la verdad y la humildad”, y diferente también en las formas que otros llevan utilizando desde hace meses, mucho más en esta precampaña. Cualquier cambio que no cuente con esta candidatura “será un cambio de maquillaje”, apostilló.

Lamentó la “política espectáculo” que preside la precampaña electoral y reivindicó que, aunque la ciudadanía esté interesada en conocer los “gustos privados o las habilidades” de los candidatos, lo que se les debe exigir es que resuelvan los “problemas cotidianos de la gente. En IU-Unidad Popular no nos rendimos porque creemos en la política”.

A preguntas concretas de los periodistas sobre Podemos, indicó que no comparte el giro al centro mostrado por esta formación y achacó la imposibilidad de llegar a un acuerdo electoral a que las “voces de izquierdas” como la que representa IU “siempre son incómodas a proyectos que aspiran a ser la UCD del presente”.

Activistas de Málaga se unen para apoyar Unidad Popular-IU, la única candidatura de izquierdas, republicana, feminista y dispuesta a seguir con la lucha por un nuevo país

En un Encuentro de Activistas por la Unidad Popular que se llevó a cabo el pasado sábado, 28 de noviembre, en el Parque Huelin de Málaga para mostrar su apoyo a la candidatura que Unidad Popular-IU que se presenta a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, sindicalistas, trabajadoras sociales integradas en Marea Naranja, la Red de Solidaridad Popular, mayores y pensionistas, activistas universitarios, colectivos republicanos, entre otros, han explicado durante toda la mañana las razones de su apoyo a la única candidatura de izquierdas que concurre a estos comicios, la coalición que ofrece en su programa la certeza de que se va a acabar con aquellas leyes y acciones u omisiones, expresión de las políticas neoliberales del régimen de PP-PSOE, que les afectan y empobrecen diariamente a las clases trabajadoras y que aspira, por tanto, a construir un nuevo país.

Así, los sindicalistas han recordado que el PSOE “extendió la alfombra roja al PP para que nos diera el golpe mortal a los trabajadores” y el Gobierno de Rajoy ha elaborado normativas como la “ley mordaza” que lleva a la cárcel a los que defienden a esos derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Los Yayo-flautas  afirmaron que en Unidad Popular-IU han encontrado lo que venían reclamando y que era que las formaciones y personas de izquierdas se unieran para acabar con políticas que han robado a los mayores y pensionistas su poder adquisitivo, que los ha hecho sostén de sus hijos y nietos porque se han quedado sin recursos y empleo; que mantenga y mejore la Sanidad y que les asegure el futuro de sus pensiones y una ley de dependencia efectiva y con recursos.

La otra pata de esta situación son los trabajadores sociales, algunas de las cuales han mostrado su apoyo a UP y han recordado que el sistema está creando exclusión y desigualdad, sufrimiento a la población. “Estamos aquí para apoyar la candidatura de quienes quieren una sociedad más inclusiva y participativa, quienes entienden que la caridad es vertical y la solidaridad es horizontal”.

En esa línea, también han mostrado públicamente su apoyo los miembros de la Red de Solidaridad Popular (RSP), personas que pensaban que “luchar por el pan era algo del pasado y hemos visto que no”; activistas universitarios como el profesor Vicente Granados, que ha relatado cómo “nos han ganado las palabras, pero no la forma de pensar” y ha animado a todos a recuperarla.

Los republicanos han  entendido que el PSOE se pone de lado en la cuestión del modelo de Estado, que el PP se opone a la República y que UP-IU lo incluye claramente como uno de sus compromisos de regeneración democrática y abrir un proceso constituyente.

Si la lucha en las calles ha estado representada por estos colectivos, la de las instituciones ha venido de la mano de algunas de las personas que han estado o están en administraciones de distinto ámbito. Teresa Sánchez, diputada provincial de IU ha destacado que mientras PSOE y PP en el Estado abren puertas para privatizar y desmantelar los servicios públicos, en otras administraciones como las regionales o provinciales usan herramientas como la lucha de las competencias entre instituciones con el mismo fin.

La lista de UP-IU  procede de la movilización y que seguirá en las calles el 21D

Francisco Guzmán, cabeza de lista de UP-IU ha destacado la procedencia de los presentes y de quienes conforman la candidatura. “No somos el resultado de un laboratorio, ni de una cadena televisiva, ni de un experimento, sino de todo lo que han expresado los activistas. Somos un colectivo de mujeres y hombres que venimos trabajando desde hace muchos años para cambiar este país. Venimos de muchos lugares: dijimos en su día OTAN NO, como ahora decimos que no queremos guerras; venimos del 15M, de las Marchas por la Dignidad,…”

Guzmán ha tenido palabras para los que no podían participar de este acto porque se encontraban en el exilio laboral al que han sido condenados “Nos dijeron: niño, estudia, que llegarás lejos, y ha sido así; se han ido a miles de kilómetros porque no tienen oportunidades”.

Laura Requena, número dos de la candidatura ha animado a ir a cada barrio y a cada municipio porque “no podemos permitirnos cuatro años más de gobierno corrupto, machista, antidemocrático, que desahucia familias, que nos condena al paro, que nos va a meter en una guerra por intereses económicos. Un gobierno que trata mejor a las mercancías que a los refugiados”. La candidata de izquierdas ha ido más allá al recordad que no vale un gobierno como el actual, pero tampoco “uno de recambio”,  y ha vaticinado que todas las personas que defienden de verdad un programa rupturista “vamos a ir uniéndonos en esta campaña, y el 21 seguiremos toda esa gente defendiendo en la calle estas mismas medidas”.

Unidad Popular-Izquierda Unida propone un programa elaborado de forma plural, democrática y participativa para construir un nuevo país desde la izquierda

En la provincia de Málaga hay cerca de  81.000  personas que están paradas y no reciben cobertura alguna, y para ellos es el plan de empleo que ha diseñado Unidad Popular-Izquierda Unida. También hay  60.000 hogares con dificultad para pagar la luz, el agua o encender la calefacción y para ellos está pensado el plan contra la pobreza energética. Estas son algunas de las “pinceladas” que el cabeza de lista de UP-IU, Francisco Guzmán, dio en la mañana de ayer, viernes 27 de noviembre, durante la presentación del Programa electoral que la coalición de izquierdas defiende en las elecciones generales del 20 de diciembre y con el que se pretende poner en marcha un nuevo país.

Arropado de candidatos y miembros de UP-IU que mostraban algunas de las propuestas del programa, Guzmán ha dado a conocer un programa “real” que basa sus propuestas en que el Estado debe  intervenir en la Economía con una reforma fiscal que recaude más, pero no “de los trabajadores, autónomos o pequeños empresarios, como está haciendo el Gobierno”; con la Banca pública que garantice recursos a la economía que genera empleo o con un lucha contundente contra el fraude. “No vamos a permitir que una empresa con capital en paraísos fiscales acceda a contratos de la Administración, a prestar servicios fundamentales”.

El candidato de UP-IU ha  descubierto otros elementos centrales del programa como la Educación gratuita desde la infancia a la Universidad (que significa transporte, comedores, etc.) o la Sanidad universal que incluye las denominadas enfermedades raras.

Pero el Programa con el que la formación de izquierdas concurre a las elecciones también significa una ruptura con el régimen del 78, avanzando a un Estado federal y solidario que ponga soluciones a situaciones como las que se están produciendo en Cataluña; un referéndum sobre república o un estado laico. “Creemos que se necesita un país nuevo y nuestro programa está enfocado a ello”, dijo Francisco Guzmán quien añadió que los hombres y mujeres que acompañen a Alberto Garzón están preparados y convencidos de que es posible.

Un proceso de elaboración plural y participativo

La elaboración del programa electoral de UP-IU se ha caracterizado por ser inclusivo, democrático, participativo y plural y en su creación han participado todas las personas que han querido, según ha explicado el coordinador del mismo, José Antonio Carmona.

Las propuestas aportadas por los ciudadanos han sido debatidas en asambleas y posteriormente se pusieron en valor a través de la plataforma digital Lumion para que, de nuevo, quien quisiera valorara el boceto e hiciera nuevas propuestas. Finalmente, ha surgido un programa “que tiene como principal característica que busca revertir la situación de emergencia social en la que estamos inmersos. Tenemos un programa rupturista, de izquierdas, ecologista, feminista y plural”.

El programa está dividido en bloques, uno de ellos de principios éticos de solidaridad, fraternidad y justicia social “y decimos que no a las guerras y OTAN, no”. También incluye el desarrollo de un proceso constituyente. “No se puede aplazar más el derecho que tienen todos los españoles a votar una nueva constitución, porque ésta no salvaguarda nuestros derechos”. Y el blindaje de los derechos sociales, además de un modelo sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y de derechos laborales.

La candidatura de UP-IU dará a conocer este Programa electoral en toda la provincia y en aquellos foros sociales donde lo reclamen. Sobre esto último, UP-IU está recibiendo peticiones de asociaciones profesionales, económicas y organizaciones sociales que han invitado a los candidatos a reuniones públicas para explicar aspectos programáticos relacionados con cuestiones muy concretas que interesan a sus representados.

La Conferencia Extraordinaria Andaluza de Estudiantes de la UJCE se celebrará en Málaga el 28 N con el objetivo de impulsar la movilización en defensa de la educación pública

Hoy día la juventud estudiantil vive en unas condiciones de precariedad nunca vistas, estamos viviendo los primeros pasos de la implantación antidemocrática de la LOMCE en las aulas, viendo sus primeras consecuencias en los primeros cursos de la ESO, donde ya se están eligiendo los itinerarios para la división entre el bachillerato o las FP, o la segregación de sexos que vemos en la creaciones de grados superiores de cuidados y tauromaquia.

En la universidad, de forma paralela al desarrollo e implantación de un proyecto de universidad elitista y mercantilizador, se han sucedido los ataques al sistema educativo, especialmente en materia económica. Se ha recortado la inversión pública y el gasto en salario y becas, lo que ha supuesto un previsible deterioro de la calidad de la enseñanza y la situación de profesoras y alumnas. Se apoya a las instituciones privadas al mismo tiempo que se mina sistemáticamente la calidad de las universidades y se priva a las personas más desfavorecidas de la posibilidad de una educación universitaria al recortar el presupuesto de becas y endurecer las condiciones para acceder a las mismas.

Se está sometiendo a la juventud a la precariedad y al exilio económico, ante esto la UJCE no se rinde, y es por ello que la UJCE se organiza este 28N en Málaga en la Conferencia Extraordinaria Andaluza de estudiantes, vemos la necesidad de actualizar nuestra estrategia estudiantil para hacer frente al sistema y a sus medidas elitistas en la educación. Apostamos por la creación del Movimiento Juvenil Combativo, queremos una educación pública, científica, laica y feminista.

NOS ORGANIZAMOS PARA VENCER!

La candidatura de Unidad Popular-Izquierda Unida está formada por "gente llana que quiere representar a la gente llana" para construir un nuevo país

Unidad Popular-Izquierda Unida es un espacio de gente de izquierdas que acude a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre con el objetivo de cambiar la realidad, rescatar a las instituciones para ponerlas al servicio de las personas, porque “para rescatar autovías o bancos, ya hay otros”, ha destacado el cabeza de lista de la coalición, Francisco Guzmán.

Algunos de los integrantes de la lista han sido los encargados de presentar a sus compañeros y la primera en hacerlo ha sido Berta Guerrero, candidata al Senado, quien ha destacado que  se trata de “gente llana que quiere representar a gente llana”. Guerrero ha dicho estar orgullosa del sistema elegido para elaborar la candidatura, que ha permitido que personas a título individual y colectivos minoritarios estén en puestos de salida.

Esta candidatura ha sido constituida tras un proceso de primarias abiertas a la ciudadanía, en la que se han presentado todas las personas de izquierdas que han querido y han votado todos los ciudadanos que lo han deseado. Algo, que ha destacado Francisco Guzmán, “ningún otro partido se ha atrevido a hacer”.

UP-IU en Málaga está formada por partidos políticos como Izquierda Unida, Alternativa Socialista, Alternativa Republicana y también por personas que proceden de formaciones como Podemos. También han llegado hasta la candidatura personas procedentes del mundo de la Cultura, sindical, del asociacionismo vecinal, de mujeres y sociales, de ONGs, y del movimiento cristiano. “Y gente que estaba en su casa y ha decidido dar ahora el paso”, señaló la candidata al Senado.

Los candidatos proceden de  la Axarquía, Guadalhorce, Costa del Sol, Málaga capital, etc. La media de edad ronda los 40 años. Son trabajadores por cuenta ajena, autónomos, parados, jubilados; hombres y mujeres que tienen escasa o nula actividad en partidos políticos, pero que vienen trabajando en movimientos sociales desde hace muchos años. También los hay con cargos orgánicos (el cabeza de lista es Coordinador de IU en la capital) o veteranos en la misma. Son personas que “Hemos estado junto a los demás en las manifestaciones en  defensa de los Servicios Públicos, frente a la Policía para evitar que los bancos echen a familias a la calle, contra la OTAN, defendiendo unas pensiones  dignas…”, enumeró Brenea Caravias, candidata número 8. “Queremos un nuevo país en el que las personas estén por delante de los números. No es una cuestión de dinero, sino de voluntad, y nosotros la tenemos”.

También es una candidatura republicana porque “ la igualdad no puede existir mientras haya señoras que den a luz príncipes y otras vasallos”, ha comentado Manuel Sánchez Vicioso, número 1 a la lista del Senado.

El cabeza de lista de Unidad Popular-Izquierda Unida ha destacado que mientras la mayoría de los partidos políticos buscan el centro político “y se pelean por ello, nosotros defendemos valores y principios desde la izquierda y sabemos que es desde la izquierda como se podrá salir de la realidad social en la que nos encontramos”.

Guzmán, ha hecho un breve repaso al programa general de la coalición que lidera Alberto Garzón, donde tiene un especial apartado los planes de empleo y de emergencia social, que afectará a 16 millones de personas entre los que están parados, mujeres que sufren violencia de todo tipo, trabajadores con escasos recursos, etc . “Queremos contrarrestar la política que se ha venido haciendo hasta ahora y que se dedicaba a rescatar autovías, bancos y grandes empresas. Hasta ahora no se han tenido presente los problemas de las personas, sino de los poderes financieros y bancarios”.

El programa malagueño se viene elaborando por un sistema abierto, por el que se plantean propuestas por vía telemática y después se debaten en asambleas. Esta misma semana se celebrará una asamblea provincial en la que se pretende cerrar y el próximo sábado está prevista su presentación.

“En el nuevo país que queremos construir, los ciudadanos seremos el centro. No haremos nada  que no sea para beneficio y dignificación de las personas”, resumió el candidato al Senado, Manuel Sánchez Vicioso.

Manifiesto de Izquierda Unida del 25 de noviembre: "Por una sociedad libre de violencia de género"

Desgraciadamente un año más comprobamos cómo a pesar de que teóricamente la violencia de género es rechazada desde todos los ámbitos, es aún una lacra endémica que nos sigue golpeando.

Desde que comenzó la crisis, la violencia de género ha ido aumentando día a día. Y la violencia institucional soterrada que se ejerce contra las mujeres a través de los recortes presupuestario, la disminución de las pocas políticas de prevención que ya existían, junto con la imagen discriminatoria y cosificada que de las mujeres se sigue ofreciendo, son un caldo de cultivo que fortalece la desigualdad y la violencia, que son elementos inseparables.

Luchar contra la Violencia de Género requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales, y a la sociedad, conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia, y particularmente, la violencia sexista.

Si en muchas partes del mundo las mujeres se encuentran en una situación insostenible de negación de derechos, que las oculta, las empobrece y que las sitúa en continuo riesgo, incluso institucionalizado, de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones, violaciones, asesinatos y ejecuciones; en nuestro país, la deriva conservadora y patriarcal hacia posiciones políticas regresivas, de recortes en recursos de protección social y en programas de igualdad, sigue poniendo de manifiesto más aún, que la lucha contra la violencia de género, es en definitiva, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.

Los nuevos tiempos que se celebran para la política, no parecen venir cargados de protagonismo para las políticas reales de igualdad de género; no parece que el feminismo sea un pilar fundamental de esa agenda política. Por eso desde el Área de la Mujer de Izquierda Unida defendemos, desde la coherencia ideológica de nuestro programa, que sólo desde las medidas políticas realmente feministas y transformadoras, podemos afrontar la violencia de género como una lacra social que nos señala y nos define como una sociedad antidemocrática, injusta y regresiva.

Por eso este 25 de noviembre seguimos exigiendo, entre otras muchas propuestas:

•Modificación de Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para incluir todas las formas de violencia de género, no sólo las del ámbito familiar. La violencia sexual, económica, la prostitución,… deben ser parte de esta ley. Asimismo se deben modificar los parámetros y requisitos para ser considerada víctima de violencia de género y las forma de acceso a los recursos institucionales.

•Dotación presupuestaria específica para poder abordar los programas destinados a la prevención, sensibilización y actuación contra la Violencia de Género; y destinando estos fondos para acciones directas y estructurales.

•Presupuesto real y efectivo para políticas de igualdad de género, no inferior al 5% del presupuesto.

POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO

POR UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD REAL

Paco Guzmán, el candidato de Unidad Popular-IU presentó ante los economistas el programa para rescatar al pueblo y construir un Nuevo País

El cabeza de lista de Unidad Popular-Izquierda Unida, Francisco Guzmán,  participó ayer, lunes 23 de noviembre, en un encuentro organizado por el Colegio de Economistas de Málaga, donde respondió a las múltiples preguntas que el público le hizo respecto al programa de la coalición de izquierdas.

El candidato de UP-IU señaló ante el foro de economistas que los responsables de esta crisis, “es esa oligarquía financiera, que primero al PSOE de Zapatero y luego al PP de Rajoy”, han ido dictando las medidas que se debían ir tomando. Estos han visto cómo sus cuentas de resultados seguían presentando beneficios y que se les rescataba con dinero público. “Se han dado cuenta de que la crisis es el mejor estado económico y social para sus intereses, y están decididos a mantener esta crisis como el único modelo posible”.

El Gobierno de la derecha, pero también los ejecutivos socialistas anteriores y partidos que ahora están en la oposición, han impulsado políticas neoliberales y apoyado esta socialización de las pérdidas mientras privatizaban todos los beneficios, "y quieren que ese estado de precariedad económica y social en el que estamos instalados se perpetúe”. Un paro por encima del 25%, un empleo precario y temporal, una pobreza del 30%, 750.000 hogares sin ingresos (30% tienen tres o más miembros; paro juvenil 48%, 124.000 jóvenes NI-NI. 450.000 andaluces que recurren a los comedores sociales y bancos de alimentos…, ha enumerado. “En definitiva, quieren que asumamos que las próximas generaciones vivirán mucho peor que las anteriores, que perderán sus derechos y que la subsistencia será la única alternativa posible para una amplia parte de la sociedad”.

Preguntado por los asistentes sobre medidas económicas, Francisco Guzmán ha dejado claro que Unidad Popular-Izquierda Unida tiene un objetivo: Destino Universal de los Bienes y el Bien Común. “Se trata de que el 1% más rico también haga un esfuerzo por salir de la crisis. No se puede continuar con la extrema desigualdad que hoy se impone. El PP empuja a la mayoría social al empobrecimiento, condenando a toda la sociedad a una merma en las condiciones de vida”.

Las reformas laborales han ido destruyendo el empleo indefinido existente en este país, con pérdidas de los derechos de los trabajadores y precarizado el trabajo. El efecto más dramático de esta nueva realidad es el hecho de que el 17% de trabajadores son pobres.

“Frente a esta realidad que quieren perpetuar, derogaremos las reformas laborales para cambiar las reglas del juego en favor de la mayoría trabajadora y de la economía productiva que necesitamos. Con un salario mínimo de 1.176 euros al mes al finalizar la legislatura, con una indemnización por despido de 45 días, con jornada de 35 horas frente a los millones de horas extras que se dan en este país”.

El candidato de la coalición de izquierdas les ha asegurado que sin Democracia Económica no habrá Democracia real, y que no se podrá llevar a cabo sin unos servicios públicos potentes, universales, gratuitos y de calidad. “Para la derecha, para el sistema, nuestra sanidad, nuestra educación o servicios sociales no son otra cosa que una magnífica oportunidad de copar unos nichos de negocios que deberían estar en manos privadas. Y los han deteriorado, de qué manera. Han sido algo más de 27.000 millones de euros los que se han recortado en Sanidad y Educación. Se han externalizados muchos recursos y deteriorando nuestra sanidad y educación, nuestro sistema de dependencia”.

Pero mientras se consolida el sistema público de servicios, hay que rescatar al país, continuó Guzmán,  y para ello se ha diseñado un Plan de Emergencia Social. Se trata de 10 medidas simples, claras, “sin trampa ni cartón. Viables y efectivas”. Se trata de gastar unos 52.500 millones de euros para rescatar a 16 millones de españoles. Un plan de empleo garantizado para un millón de personas, un plan de empleo y formación de parados de larga duración y plan de empleo juvenil, con ayudas a pymes y economía social, con una renta garantizada para 2 millones de españoles, revalorizando la pensión mínima a 3,2 millones de pensionistas, para aumentar el salario mínimo, para dar un suministro vital básico de energía y agua, creando el Abono de Transporte Social, paralizando los desahucios, creando parque público de vivienda, combatiendo la violencia machista, incrementando las ayudas por hijo, etc.

Guzmán ha recordado que IU se opuso en su día a la modificación del artículo 135 de la Constitución que promovieron PSOE y PP y que ha supuesto supeditarlo todo al pago de una deuda privada. Frente a ello “queremos un nuevo país con una economía al servicio de la mayoría, con un plan de rescate ciudadano, con servicios públicos de calidad. Pero ante esto, derogar la reforma del art. 135 que  garantiza las políticas neoliberales” señaló el candidato de la izquierda.

Francisco Guzmán para terminar ha calificado el presente como momento importante “para la clase trabajadora, las clases populares que llevamos soportando las consecuencias de esta maldita crisis estafa”, porque se abre la oportunidad de revertirlas y empezar a construir un nuevo país más justo y solidario.