En apoyo de las legitimas reivindicaciones
del pueblo iraquí
El próximo 20 de marzo se
cumplirán diez años de la guerra y ocupación ilegal de Iraq perpetrada por la
Coalición internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido, que ha
acabado con la vida de más de un millón y medio de iraquíes, y que ha provocado
cinco millones de desplazados internos y externos, un millón y medio de viudas
y cinco millones de huérfanos, cifras todas ellas extraídas de los documentos
A/HRC/19/NGO/145 y 143 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
publicados el 28 de febrero de 2012.
También
hace diez años, las plazas y las calles de Andalucía y de toda España, fueron
protagonistas de las más grandes
movilizaciones de la historia, contra la guerra y la ocupación de Irak; un
clamor popular se levantó para denunciar la política imperialista de la
Administración Bush y la implicación del gobierno de Aznar. A lo largo de
esta década, se han cometido probados crímenes de
guerra y contra la humanidad, como atestiguan diversas organizaciones de
Derechos Humanos, los testimonios de las propias víctimas, varios estudios académicos,
filtraciones de documentos gráficos y secretos, además de sentencias judiciales
como la del Tribunal Kuala Lumpur de Crímenes de Guerra. Entre estos crímenes
se encuentran los ataques deliberados contra la población civil, el uso de
armamento prohibido por las convenciones internacionales tales como la
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenaje y
el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción de la que los Estados
integrantes de la Coalición son suscriptores, y la Convención sobre Munición en
Racimo, que EEUU no firmó. Conforman tales armas el armamento convencional
revestido de uranio empobrecido, las bombas de fragmentación o en racimo, y
agentes químicos como el fósforo blanco o el agente naranja.
La destrucción
del país ha ido acompañada de un proceso político sectario y corrupto, bajo una
constitución impuesta por la ocupación, lo que viola la Convención de Ginebra,
la cual establece que el país ocupante no puede modificar el régimen político
establecido. Todo ello ha situado a Iraq entre los diez primeros puestos de la lista de
Estados fallidos junto a países como Chad, la República Democrática del Congo y
Somalia. Hoy, en Iraq todos los servicios públicos han quedado destruidos, los
derechos sociales han desaparecido y se produce una violación sistemática de
todos los aspectos de los Derechos Humanos, incluido el derecho a la vida y
garantizados por la legislación internacional.
A pesar de la
retirada ‘oficial’ de las fuerzas de ocupación en diciembre de 2011, apenas un
año después se ha producido la vuelta en secreto de cerca de 3.000 tropas
estadounidenses, por lo tanto, Iraq no es una nación independiente al seguir
presa del cruce de intereses de EEUU e Irán además de otras potencias
regionales. La política, la economía y los aparatos de la seguridad del Estado
están marcados por la injerencia de Irán, tanto de manera directa como a través
de los partidos sectarios en el poder, y por la presencia aún palpable de EEUU mediante
los mercenarios a los que se contrata para la seguridad privada, asesores
civiles y militares además de la presencia de compañías petrolíferas de EEUU e
internacionales. Por otro lado, la defensa aérea de Iraq depende completamente
del ejército estadounidense.
Entre las
violaciones más flagrantes de los Derechos Humanos cometidas por el gobierno
del primer ministro iraquí Nuri al-Maliki destaca el número de ejecuciones que
se llevaron a cabo en Iraq en 2012 y que ascienden a un mínimo de 65 personas
(el doble de 2011 y seis veces más que en 2010), y que obligó a Navi Pillay,
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a exigir una
moratoria. Además, hay que añadir los procesos judiciales que se celebran sin que
existan las mínimas garantías procesales; la carencia de los derechos de los
detenidos; la tortura de las presas y presos políticos; las muertes a consecuencia
de la tortura y los abusos sexuales y las violaciones, hechos todos ellos
confirmados por organizaciones independientes de defensa de los derechos
humanos.
Estos sucesos,
además de las políticas sectarias, la corrupción o la falta de servicios esenciales,
han reactivado las protestas ciudadanas que, desde el 25 de diciembre de 2012,
no han dejado de inundar diariamente y de manera pacífica plazas y espacios
públicos en varios puntos del país, a pesar de la manipulación mediática del
gobierno, las amenazas, las detenciones y los asesinatos selectivos de los miembros
del movimiento ciudadano. Uno de los resultados de estas movilizaciones ha sido
el reconocimiento por parte de Shahristani, uno de los representantes del
gobierno, de la existencia de 6.500 presos, entre ellos 97 mujeres, acusados de
‘terrorismo’ y de 6.000 detenidos sin juicio previo, entre los que hay 95
mujeres, dejando aparte la cifra de más 15.800 presos, de ellos 500 mujeres, que
están condenados por otros motivos. Hay razones fundadas para creer que las
cifras reales de presos y detenidos son mucho más altas.
Por estas
razones, la ciudadanía que
condenamos la guerra de agresión a Iraq
EXIGIMOS
1. Que todas las fuerzas de
ocupación extranjeras, civiles y militares, que entraron en Iraq con o durante
la Ocupación salgan del país, y que todos los acuerdos, las estructuras
políticas y las leyes introducidas bajo la ocupación, que violan las
Convenciones de Ginebra y la legalidad internacional, sean derogados.
2. La liberación
inmediata de todos los detenidos sin cargos, ni juicio; el fin de las
detenciones arbitrarias y una moratoria inmediata de la pena de muerte en Iraq.
3. La OMS debe
analizar los efectos de la munición revestida con uranio empobrecido de las
armas empleadas en Iraq, así como la de otras armas prohibidas, utilizadas
probadamente contra la población iraquí. EEUU y el resto de los países que
invadieron y ocuparon Iraq deben asumir la plena responsabilidad del coste de
la eliminación de la munición y de la limpieza de todas las zonas contaminadas.
4. De todos y a cada
uno de los países que han participado en la invasión y ocupación de Iraq la
reparación y reconstrucción de la infraestructura iraquí, así como la
restitución de la propiedad privada y la compensación moral y económica a la
población civil, de acuerdo con la legalidad internacional.
5. A la Corte
Penal Internacional que cumpla con su obligación legal de investigar, juzgar y
sentenciar con todas las garantía de la ley, a todos y cada uno de los
responsables —individuales o colectivos— de la comisión de los crímenes de
guerra que desde 2003 se han perpetrado y se siguen perpetrando en Iraq. Los
máximos responsables políticos de todos los países que lideraron y apoyaron la
invasión y ocupación de Iraq deben asumir legalmente la responsabilidad de sus
mentiras y de las políticas que condujeron a estos crímenes contra Iraq y su
pueblo.
6.
El reconocimiento de la soberanía del pueblo iraquí, afirmando el derecho que
le asiste de determinar su propio futuro sin injerencias externas, así como el
reconocimiento y apoyo al levantamiento ciudadano y a sus legítimas
reivindicaciones.
7.
Que el Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Iraq debe ser paralizado hasta
que Iraq recupere su plena soberanía y existan unas garantías políticas de
democracia y transparencia. Además, se han de
revisar los términos económicos de este Acuerdo bajo el criterio de
equilibrio y sostenibilidad en las relaciones comerciales al servicio del bienestar
y el progreso de la diezmada población iraquí.
