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sábado, 22 de agosto de 2020

Enrique Santiago, Secretario General del PCE: “Se está abriendo una espiral de odio muy difícil de cerrar”. Entrevista

Sato Díaz/cuartopoder.es, 22 de agosto de 2020

El secretario general del PCE, diputado y uno de los portavoces de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago (Madrid, 1964), responde a las preguntas de cuartopoder. En este extraño parón estival, la política calienta motores para un inicio de curso que se prevé más incierto que el anterior. La pandemia sigue creciendo a un ritmo muy peligroso. Los estragos económicos y sociales de la misma son evidentes. La tensión política y social se ve a diario con una ultraderecha exaltada. La espantada de Juan Carlos I a los Emiratos Árabes Unidos ha abierto una crisis institucional cuyo desenlace todavía no percibimos.
Santiago analiza los retos del Gobierno de coalición en este próximo curso, en el que uno de sus principales exámenes será conseguir sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado que pongan punto y final a los de Cristóbal Montoro y que reflejen las aspiraciones sociales del ejecutivo de izquierdas y materialicen cómo se distribuirán, en parte, los fondos europeos. El líder comunista también echa un vistazo afuera, al panorama internacional, y adentro, a la situación que viven las izquierdas y Unidas Podemos.
- Ha tomado más relevancia mediática el acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero, pero hay más cargos y militantes de las izquierdas que están siendo amenazados por la ultraderecha. ¿Qué análisis hace de esta situación y qué se puede hacer para cortar con ella?
- Esto responde a una profunda crisis política e institucional que vive este país, en la que las fuerzas de la derecha han obviado respetar los mínimos principios del juego democrático y la convivencia. Es decir, todos los valores del proceso de reconciliación nacional del fin de la dictadura del PCE están siendo obviados por la extrema derecha y esto está siendo permitido por el PP. Están convirtiendo las acciones de odio en una forma de ampliar el espacio electoral. Esta estrategia de la derecha es muy peligrosa y amenaza la convivencia en una sociedad democrática moderna. Estamos a punto de traspasar una línea roja que no tendrá retroceso si las instituciones no frenan esta deriva violenta y de odio.
Probablemente sean muchas las instituciones que no están haciendo su trabajo. El acoso a la familia de Iglesias y Montero es solo la punta del iceberg, pero se empiezan a generalizar la existencia de pseudo grupos paramilitares o terroristas, milicias franquistas que estos días amenazaban de muerte a dirigentes de Unidas Podemos en Andalucía. Nos estamos encontrando con que el poder judicial y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no están tratando este problema como algo integral, pues es un auténtico plan criminal estructurado para difundir odio, amenazas, violencia y coacciones. Con una absoluta permisividad, se deja que las personas de esta organización criminal difundan estas acciones de acoso, violencia y confrontación.
La democracia está demostrando una seria debilidad y una incapacidad para mantener el orden y la convivencia. Esto parte de responsabilidades concretas. Hace falta una acción coordinada de las instituciones y son muchos los funcionarios que en sus puestos de trabajo deben afrontar el problema. Hay funcionarios que quieren realizar este trabajo desde los cuerpos de seguridad y el poder judicial pero no encuentran la debida colaboración o se encuentran obstrucciones y se ven impedidos a hacerlo. Hace falta frenar esto ya, se está abriendo una espiral de odio muy difícil de frenar.
- Unidas Podemos está en el Gobierno. ¿Qué actitud perciben de sus socios, el PSOE, con respecto a este tema para hacer frente a esta espiral de odio?

- Dependiendo de qué departamento ministerial, en unos ha habido más preocupación y en otros menos. Estos días estamos oyendo algunas declaraciones de ministros francamente sorprendentes. La declaración de Margarita Robles relativizando el acoso a la familia del vicepresidente y la ministra me parece impropia de un miembro de un gobierno democrático. Creo que tiene muy poca empatía, solidaridad y compañerismo con miembros de su mismo gobierno.
Intentar parecer equidistante o hacer comparaciones con no sé qué escrache en casa de la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, hace años, cuando ni existía Unidas Podemos, cuando fue un escrache de un día y que acabó en los tribunales… Me parece una comparación fuera de lugar. Al margen de esta desagradable anécdota, el Ministerio del Interior ha de saber que tiene ante sí una situación grave y que como no la afronte debidamente se va a producir una situación de descontrol, es más, creo que ya se está produciendo.
El otro día me alegré porque un sindicato policial exigió a la cúpula ministerial que dé órdenes claras de cómo abordar esto. Ha habido sindicatos vinculados a opciones de extrema derecha que han tenido la desfachatez e ignorancia intencionada de decir que no hay medios legales para enfrentar estas situaciones de acoso de oficio. Esto es absolutamente falso, son innumerables los artículos del Código Penal que permiten afrontar estas situaciones. El poder judicial tiene un papel importante para evitar que estos hechos queden en la impunidad, porque están quedando en la impunidad.
- ¿Qué valoración hace del Gobierno de coalición ahora que va a cumplir nueve meses?
- Con sus dificultades y problemas, podemos estar muy orgullosos del Gobierno de coalición y las medidas que ha tomado en medio de la pandemia. Todo el mundo puede imaginarse lo difícil que ha sido para Unidas Podemos entrar en el Gobierno y que a los dos meses nos hayamos encontrado con la situación de emergencia más grave desde, al menos, el final de la dictadura. Una emergencia sanitaria que se ha convertido en la más grave crisis económica y social de nuestro país. El trabajo que se ha hecho para cohesionar al Gobierno y tomar medidas que garanticen la vida digna de nuestro pueblo ha sido muy importante. Estamos orgullosos.
Es evidente la comparación con cómo se abordó la crisis del 2008 y los años posteriores. Se tomaron medidas como el rescate de los bancos y el abandono de las personas. En comparación con ahora, las medidas han priorizado el rescate a las personas y a la actividad económica. Sería falso que esta realidad no se reconociera, incluso, por las organizaciones empresariales. Se ha transferido mucho dinero a empresas y para mantener los puestos de trabajo a través de los ERTE. Esto también ha sido un esfuerzo ímprobo. Seguro que lo podríamos haber hecho mejor, pero el resultado es muy positivo.
Estoy orgulloso de que ha habido una conjunción, desde que se declaró el estado de alarma, entre, al menos, Unidas Podemos y las organizaciones sociales y sindicales. Estas organizaciones han formado parte de un entramado que hemos construido para detectar los problemas más acuciantes de nuestro pueblo, en segundo lugar para comprobar que las medidas que se iban adoptando en el Consejo de Ministros eran eficaces, que realmente estaban abordando los problemas reales, y, si no era así, recoger las propuestas de corrección para mejorarlas.
Algo que quizás no se sepa y la sociedad debe saber es el papel importantísimo que han jugado los sindicatos a la hora de reconvertir la producción de algunas empresas para garantizar esos EPI y materiales esenciales para afrontar la emergencia sanitaria. No teníamos en nuestro país esos materiales por la pérdida de soberanía económica e industrial debido a las políticas neoliberales que han hecho que el Estado y las instituciones no sean capaces de garantizarlos. Nos econtrábamos con que no podíamos producir geles hidroalcóholicos, EPI o respiradores. Ha sido esencial la actividad de los sindicatos, de los comités de empresa y trabajadores para reconvertir esa producción. Todo nuestro país debe ser consciente de ello.
- Concretamente un sindicato, la UGT, criticaba estos días cómo una de las medidas estrellas de este Gobierno, el Ingreso Mínimo Vital, no está llegando a la población que lo necesita.

- Hacen falta más medios, lo habíamos advertido desde el primer momento, para que se materialicen estas ayudas. El problema no es tanto los plazos para la concesión de las ayudas, es verdad que en muchos casos son hasta tres meses lo que la administración puede tardar en resolver, pero esto no se puede abordar así desde el punto de vista administrativo cuando hablamos de necesidades de familias que tienen que llegar a fin de mes. No puede ser una justificación el decir que estamos en plazo para resolver. Hay que reforzar los servicios de gestión.
A la vez, habrá que analizar los requisitos que se han exigido para, en su caso, simplificarlos. UGT ha tenido una posición interesante: ante la duda, mejor conceder la ayuda y después analizar y, si no corresponde, proceder a la devolución. Creo que en un buen criterio en casos de emergencia social. Aquí aprovecho para decirle a sindicatos y organizaciones sociales que comprendemos las críticas y estamos trabajando para que se resuelvan estos problemas lo más pronto posible y se concrete este derecho que es el Ingreso Mínimo Vital.
- La próxima gran batalla política será el debate presupuestario. Hemos visto al PSOE intentando acercarse a Ciudadanos y, también, al PP esta última semana…
- Creemos que la estabilidad del Gobierno y de toda la legislatura depende del bloque de la moción de censura y de la investidura. Esa tiene que ser la opción prioritaria y vamos a trabajar para reforzar eso. A partir de ahí, cualquier apoyo a las iniciativas legislativas que presentemos desde este bloque será bienvenido. No nos parece correcto que haya tentaciones de sustituir a algunos componentes del bloque de la investidura por otras fuerzas políticas que claramente siguen defendiendo políticas neoliberales que han causado un inmenso daño a nuestro pueblo y están siendo incapaces de gestionar la emergencia de la pandemia.
Estamos viendo el desastre de la gestión de la pandemia en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Un absoluto caos, basado fundamentalmente en que sus políticas neoliberales, que propugnan la desaparición de las instituciones y el sector público, son incapaces de garantizar el bienestar colectivo. Con estos, obviamente, no vamos a estar nunca de acuerdo. Nuestra opción es reforzar el bloque de la moción de censura e investidura y, a partir de ahí, quien se quiera sumar a estas posiciones bienvenido sea, pero no para sustituir sus componentes ni aceptar políticas neoliberales ni ataques a lo público.
- El tema del verano ha sido la espantada del rey emérito, Juan Carlos I, a los Emiratos Árabes Unidos. Desde distintas organizaciones del movimiento republicano llaman a la movilización este otoño. ¿Estará el PCE en las movilizaciones? ¿Qué análisis hacen de la situación actual de la monarquía?

- La monarquía es algo anacrónico. En nuestro caso, además, es la sucesora de la Jefatura de Estado del anterior régimen autoritario. Se dice muchas veces que en Europa hay otras monarquías parlamentarias, y es cierto, pero en ningún país europeo país la Jefatura de las Fuerzas Armadas no está sometida al poder civil y a la voluntad electoral. En España, el jefe de los ejércitos es el jefe del Estado, al cual nunca se le puede revocar ni cambiar. Esto es un componente bastante autoritario, un déficit democrático de nuestro marco constitucional y pone de manifiesto lo anacrónico de la monarquía en nuestro país, lo que,con el paso del tiempo, cada vez es más evidente. Por eso, el CIS ya no quiere ni preguntar. Además, la poca o mucha legitimidad que tenía la monarquía venía dada por su supuesto papel estabilizador democrático en la Transición. Ese papel ya no es, la monarquía ha perdido el papel de neutralidad y mediación, pues en los conflictos más complejos ha tomado partido por una parte de los españoles frente a otros.
Por otro lado, es evidente que la Casa Real ha estado absolutamente sustraída al control democrático y al legal. Ahora, muchos medios se sorprenden con las noticias de la inmensa fortuna del rey emérito, pero son noticias que se venían oyendo desde hace muchos años, ya habían indicios muy sólidos. La Audiencia Nacional ya archivó una causa, el Tribunal Supremo no quiso investigar una querella presentada por el PCE, IU y el Foro de Abogados de Izquierdas. Hasta que los tribunales de otro país han abierto una investigación no se han hecho aquí algunos movimientos para empezar a investigar. Y que nadie se engañe, en España no hay ninguna judicialización todavía que investigue el patrimonio del emérito y el cómo lo ha conseguido. Esas diligencias informativas no equivalen a una investigación judicial, no están llevadas a ningún tribunal. Además, la Audiencia Nacional, en 2018, se planteaba investigar la posible criminalidad de blanqueo de capitales del emérito, ahora se pretende reabrir únicamente para investigar si Corinna contrató indebidamente servicios del comisario Villarejo, el señor de las cloacas. Estemos atentos, no vaya a ser una nueva operación para evitar la investigación penal al emérito.
¿Es, para el PCE, el momento de plantear el debate sobre monarquía o república?
- El debate está ya, no lo deciden las fuerzas políticas, es un debate que está en la calle y en la sociedad. Hay una opinión mayoritaria de que la monarquía es una imposición, un sistema anacrónico que no es democrático. No cabe duda de España tendrá que dar paso a una institucionalidad plenamente democrática, a un sistema republicano como en Italia, Francia o Portugal o la inmensa mayoría de países de nuestro alrededor. Creemos que cuanto antes llegue, mejor, pero nuestra prioridad ahora es reforzar el escudo social y ahondar en el combate a la pandemia y a la grave crisis económica y social.
Eso sí, pedimos que mientras se hace esta transición, que la monarquía no interfiera en la actividad política y social y se atenga a las normas que están en vigor en el Estado de derecho y al Código Penal, pues lo del emérito es lo último, pero no sería la primera persona de la Casa Real en ir a los tribunales o en ser condenado. Son ya demasiadas cosas.
- El Salto publicaba un reportaje analizando si es el momento de un nuevo Pacto de San Sebastián, un entendimiento entre fuerzas republicanas del Estado. ¿Estaría ahí el PCE?

- Nosotros defendemos una institucionalidad republicana, nuestra posición es clarísima. Todo lo que sea impulsar esa opción para nosotros es válido. Somos muy conscientes de que ahora mismo la derecha y la ultraderecha quieren convertir el debate sobre monarquía y república en un elemento más de agresión al Gobierno de coalición, para impedir el mantenimiento y extensión de ese escudo social. Por eso, daremos los pasos de la forma más adecuada para que no tenga perjuicios nuestro pueblo y prioricemos en este momento de grave crisis económico y social este escudo social.
Ahora, que nadie tenga dudas de que el PCE es una fuerza claramente republicana. La monarquía es un sistema anacrónico y en nuestro país es la continuidad de la pseudolegitimidad franquista. Ya lo decía Torcuato Fernández Miranda, el tránsito de la ley a la ley, para eso se utilizó la Jefatura del Estado y la restauración de la monarquía. En aquel momento lo tuvo que aceptar la izquierda, y en concreto el PCE, anteponiendo los intereses generales.
En este país nunca ha habido una elección entre monarquía o república, la elección era o continúa el régimen anterior autoritario o damos paso a una democracia con un rey, esa era la única opción. Obviamente, el PCE eligió la apertura democrática y la construcción de una institucionalidad que descanse en los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y políticos. Es absolutamente falso que España haya elegido entre monarquía y república y haya elegido la monarquía. Eso no ocurre en este país desde las elecciones en 1931, y ganan las fuerzas republicanas.
Nuestra opción es clara, una opción republicana, plenamente democrática, pero nuestra prioridad es garantizar ese escudo social, su extensión y su mantenimiento. El tiempo juega a nuestro favor, España va a ser un país plenamente democratizado y con una institucionalidad republicana, no nos cabe ninguna duda y haremos lo posible para que sea así.
- ¿Veremos pronto los documentos oficiales desclasificados para saber, por ejemplo, qué ocurrió el 23F?  
- Hay un proyecto de ley ahora mismo, ya se ha producido la toma de consideración en el Congreso, para modificar el régimen de clasificación y desclasificación de documentos en nuestro país. Este proyecto opta por un modelo de desclasificación automática por el transcurso del tiempo, que es lo que hay en la inmensa mayoría de países democráticos. En nuestro país se arrastra un modelo propio de la dictadura, con normas que se aplicaron en la dictadura y que, en buena medida, perviven todavía.
Sobre el 23F se ha escrito y publicado mucho, es una cuestión de los historiadores. Lo que todo el mundo sabe es que los generales conspiradores eran todos próximos al rey, eso es una evidencia.
- ¿Han hecho un análisis ya de los malos resultados electorales de julio en Galicia y Euskadi?
- Hemos sacado resoluciones en el PCE e IU, otras fuerzas del espacio de Unidas Podemos lo han hecho también. A los que más les atañe, los espacios en Galicia y Euskadi también lo han hecho. Cuando comience el curso político, ahora en septiembre, creo que podremos profundizar, pero creo que ya hay algunos consensos.
En primer lugar, hablamos de un cierre de un ciclo en el que se ha corroborado una tendencia evidente del debilitamiento de Unidas Podemos en el ámbito autonómico. Creemos que eso es porque no se han trabajado debidamente las cuestiones organizativas, la extensión y consolidación de Unidas Podemos en los territorios y en los sectores sociales, el trabajo por la base. Unidas Podemos se ha venido construyendo más por las alturas, equipos institucionales, grupos parlamentarios, coordinación de equipos estatales, pero ha sido muy difícil abordar un trabajo conjunto por la base de cohesión del espacio y vinculación a las realidades de los territorios y vinculación con los conflictos sociales y sectoriales. Por otro lado, tanto en Galicia y Euskadi quienes han salido reforzadas no ha sido la derecha, han sido opciones de izquierdas vinculadas a opciones de fortalecimiento territorial y vinculación a realidades y conflictos sociales de cada territorio.
Por otra parte, el proceso de conformación de Unidas Podemos y su pluralidad interna ha arrastrado mucha conflictividad. Especialmente en el caso de Galicia, ha sido prácticamente una legislatura entera de conflictos entre los distintos componentes de Unidas Podemos. Eso, el electorado lo cobra. No ofrecen garantías las fuerzas políticas que viven en el conflicto permanente. Creo que desde los ámbitos estatales y la mesa confederal de Unidas Podemos se han hecho muchos esfuerzos para ir solventando esa conflictividad territorial y creo que, en ese sentido, es una urgencia acabar con esto. Se están tomando las medidas para hacerlo.
El tercer elemento de análisis de los resultados electorales es que no hay un proyecto alternativo de la izquierda transformadora plurinacional a Unidas Podemos. Con lo cual, y siendo conscientes de sus debilidades y defectos, no toca hacer experimentos, no hay con quien hacer experimentos. Lo que toca es corregir y solucionar esos problemas y consolidar el espacio electoral, porque estamos en una situación de un enfrentamiento social y político con un componente de clase muy grande. Las oligarquías de este país se resisten con todos los medios, lícitos e ilícitos, a su disposición para que el Gobierno pueda ser ejercido desde opciones de izquierdas.
Frente a eso, sería una gran irresponsabilidad que la conflictividad interna siguiera existiendo aunque fuera de forma anecdótica en Unidas Podemos. En este estado de combate político cotidiano en el que nos encontramos, toca reforzar el proyecto, apretar nuestras filas y pelear unidas y poner pie contra la pared y no dar ningún paso atrás. Esa es la responsabilidad que tenemos en este momento y quien no entienda esto que sea consciente que hay que saber anteponer lo principal a los conflictos internos o secundarios. Lo principal es el interés de nuestro pueblo y hacer avanzar la posición de la izquierda alternativa de este país, que es Unidas Podemos. Insisto, no hay otra alternativa, no hay otro proyecto alternativo.
- Para terminar, dos cuestiones con respecto a política internacional. En primer lugar, ¿cuál es el posicionamiento del PCE con lo que está sucediendo en Bielorrusia? ¿Cómo argumentan el apoyo a un régimen que, según organizaciones como Amnistía Internacional, está vulnerando los derechos humanos?
- Creemos que hay una operación evidente de inclusión de la OTAN en el espacio postsoviético. Es algo constante, ya lo vimos en Ucrania y ahora se busca un conflicto en Bielorrusia. Sobre las perfecciones democráticas de cada quien, las comparaciones son sorprendentes. Recuerdo que el presidente Donald Trump gobierna Estados Unidos con un millón de votos menos de los que obtuvo la persona que confrontó con él en las presidenciales, Hillary Clinton.
En las relaciones internacionales hay que respetar la soberanía de los pueblos e impedir las injerencias. El problema de Bielorrusia es un problema que ha de solventar el pueblo bielorruso. Bienvenido es el apoyo de la comunidad internacional para solventar conflictos siempre que sea en un papel de mediación, no en una papel de injerencia e intervención, tal y como están haciendo Estados Unidos, la OTAN y, lamentablemente, la Unión Europea.
No voy a poner la mano en el fuego por un dirigente u otro, pero sí que la pongo por la soberanía de los pueblos y por respetar sus procesos políticos. Estados Unidos y la Unión Europea no tienen ninguna legitimidad para interpretar resultados electorales, eso se tiene que hacer en la ONU. La ONU, el único órgano mundialmente legitimado para intervenir en estos asuntos, y no ha tenido ningún pronunciamiento al respecto. Ya digo, me abstengo de pronunciarme sobre si me gusta más o menos un dirigente u otro. Compartimos la posición del Partido Comunista de Bielorrusia que defiende esto mismo, el rechazo a la injerencia intervención extranjera, con un ánimo además de llegar hasta la intervención militar, y la apuesta por la plena democratización de la institucionalidad. En este sentido, si es necesario examinar los procesos electorales, se examinan, pero conforme a la legalidad interna y no a la imposición externa.
- Algunos analistas hablan de una nueva “guerra fría” entre China y Estados Unidos. ¿Qué expectativas tienen en que haya un cambio geopolítico que afecte al reparto de hegemonía mundial?

- Ese cambio ya se ha producido. Es evidente que hay un país dirigido por un partido comunista que aglutina a un sector importante de la población mundial y que está siendo capaz, con sus políticas, de elevar el nivel de vida de la población. China es un país que, bajo el gobierno de la Asamblea Popular, ha sacado de la pobreza a más de 800 millones de personas en 50 años. A ver qué país ha conseguido esto, y con un desarrollo cultural, industrial, tecnológico y económico sin parangón.
Es un modelo de desarrollo que a Estados Unidos no le gusta porque amenaza su hegemonía. Por otro lado, si no fuera China, la amenazaría cualquier otra potencia. Estados Unidos es un proyecto fracasado, un imperio en declive, pero que se resiste. Esto es muy peligroso, es en el momento de crisis de los grandes imperios cuando se han producido los grandes conflictos mundiales.
Nosotros creemos que China siempre tiene el buen criterio de no agredir u ocupar a otros países, de solventar los enfrentamientos de la manera más diplomática posible, pero creemos que estamos en un momento en el que la violencia de los Estados Unidos y esa desesperación por encontrarse en un momento de declive imperial hace más necesario que nunca salvaguardar la paz mundial y reforzar el movimiento por la paz. Hemos de defender los métodos de resolución de conflictos de los que se ha dotado la comunidad internacional. Los conflictos no pueden ser solventados por la decisión de una o dos potencias, sino por los órganos de los que nos hemos dotado la humanidad, las Naciones Unidas.
https://www.cuartopoder.es/espana/parlamento/2020/08/22/enrique-santiago-se-esta-abriendo-una-espiral-de-odio-muy-dificil-de-cerrar/

jueves, 6 de agosto de 2020

El PCE considera la huida de Juan Carlos de Borbón el último episodio execrable perpetrado por la Casa Real en los últimos años y supone una vergüenza y bochorno para todo el país



Comunicado del Secretariado del PCE ante la huida de Juan Carlos de Borbón
La huida de España de Juan Carlos de Borbón es el último episodio de una sucesión de actos execrables perpetrados por miembros de la Casa Real en los últimos años, actos faltos de la más mínima ética, impropios de personas que ostentan responsabilidades o representación pública y en muchos casos, además, actos claramente delictivos que la justicia siempre se ha negado a investigar amparándose en una supuesta inmunidad que en España se ha interpretado de forma tan extensiva que finalmente se convirtió en impunidad.
La Jefatura del Estado ha vuelto a demostrar que no está a la altura. En vez de dar una lección de transparencia y ejemplaridad poniéndose a disposición de la Justicia para aclarar las gravísimas acusaciones que pesan sobre el rey emérito, se despacha con una nota, sin dar más explicaciones a una ciudadanía cada día más perpleja y asqueada mientras que las fuerzas políticas, económicas y mediáticas del régimen intentan construir un “cordón sanitario” para blindar a la monarquía y justificar lo injustificable, más si cabe cuando se produce en el contexto de la gravísima crisis sanitaria y económica que estamos viviendo.
El PCE siempre ha mantenido que la democracia a España la trajo el pueblo español y en especial la clase trabajadora y los sectores sociales que mantuvieron la resistencia antifranquista durante los 40 años de dictadura, y no precisamente una familia o una persona que heredó la jefatura del Estado como legado político y por decisión de un dictador.
Nuestra opción republicana es una cuestión de profundas creencias democráticas y no descansa en una animadversión a una familia o una persona que ostente la jefatura del Estado. Hemos denunciado políticamente y ante los tribunales lo que han sido claras actividades delictivas del ex jefe de Estado, permitidas y facilitadas por un marco constitucional que confundía la inviolabilidad por actos de Estado propios de las funciones constitucionales, con la impunidad más absoluta para la realización de cualquier latrocinio, todo amparado en la absoluta falta de transparencia que ha permitido el enriquecimiento de Juan Carlos de Borbón de forma paralela al empobrecimiento del pueblo español a partir de 2008.
La huida de Juan Carlos de Borbón coincide con la primera investigación abierta respecto a él --apenas unas Diligencias Informativas de la Fiscalía del Supremo sin valor de investigación judicial- para investigar los mismos delitos que ya viene investigando la justicia suiza. Se trata de hasta siete delitos relacionados con actuaciones presuntamente corruptas y fraudes a la Hacienda Pública.
La imagen dada por un ex Jefe del Estado que durante sus años de ejercicio institucional ha acumulado una inmensa fortuna es inaceptable para la mayoría de nuestro pueblo. Igualmente, una justicia merecedora de tal nombre debe actuar para evitar que ninguna persona pueda sustraerse a su acción, máxime cuando ello supone un motivo de vergüenza y bochorno para todo un país.
La democracia española no será completa hasta que nuestro pueblo no pueda elegir la totalidad de las instituciones representativas, incluida la jefatura del Estado, como hacen la inmensa mayoría de las democracias contemporáneas más avanzadas. Además, en nuestro caso, la jefatura del Estado no elegida y hereditaria lleva aparejada la jefatura de las Fuerzas Armadas de forma irremovible y sin que exista mecanismo constitucional alguno por el cual se pueda exigir responsabilidad al jefe de las fuerzas armadas. Unos ejércitos que jerárquicamente no se subordinan al poder civil sino al único cargo institucional no elegible ni refrendado desde que fue designado por el dictador, muestran una realidad institucional en España claramente mejorable. Si además, esa monarquía carece de los mínimos valores éticos exigibles, antepone el lucro personal al interés común, traslada una imagen de España a la comunidad internacional vergonzante y es incapaz de cuidar la cohesión territorial del Estado, la conclusión es evidente: no tiene utilidad alguna y más bien es una carga política y económica, un lastre para un país que lleva soportando sucesivas crisis económicas y sociales que han repercutido muy negativamente en las condiciones de vida la mayoría social.
Hace más de ochenta años que los españoles y españolas no eligen la jefatura del Estado. No se puede seguir impidiendo el debate social sobre el modelo de Estado en España con argumentos y justificaciones de otro siglo y de otra época política. Estamos convencidos de que la propuesta de una república federal y solidaria que refleje la pluralidad nacional de España y donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas, es la opción mayoritaria de nuestro pueblo en estos momentos.
Madrid a 5 de agosto de 2020

lunes, 3 de agosto de 2020

El PCE e IU registran una petición al Tribunal Supremo para investigue ahora al rey emérito en base a la querella criminal que presentaron y que rechazó hace un año

El Partido Comunista de España e Izquierda Unida, además del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, firmantes de la querella criminal presentada en el Tribunal Supremo en diciembre de 2018 contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos, han registrado un escrito dirigido a su Sala Segunda donde solicitan “reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”.
Fue la Sala Segunda del Supremo la que inició entonces actuaciones a través de la causa especial 21092/2018, para luego archivarlas e inadmitir la querella en tiempo récord, en el verano de 2019, apenas unos pocos meses después de iniciado todo. El ponente designado para llevar la causa fue el propio presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena Gómez. Se llegó incluso a imponer a los firmantes una fianza de 12.000 euros, que abonaron puntualmente, para ejercer así su derecho como acusación popular.
Los querellantes argumentan que el Tribunal Supremo sí podría tomar ahora cartas en el asunto e investigar al todavía rey emérito a la vista de la sucesión de nuevos e importantes acontecimientos, así como a las recientes actuaciones judiciales desde distintos ámbitos en relación a los delitos cometidos supuestamente por éste y personas que estaban en su círculo de confianza.
De ahí que trasladen a la Sala Segunda que “habiendo cesado la causa que fundamentó el archivo de estas actuaciones ante esta Excma. Sala, en este caso el sobreseimiento provisional de la pieza 5 de las DP 96/2017 seguidas en el Juzgado Central de Instrucción nº 6, siendo además que existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación 38/2018 remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado S.M. Juan Carlos de Borbón, procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”.
Por un lado, IU y el PCE alegan en el escrito registrado que ya no es válido el argumento que empleó hace un año sobre que ‘los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional’.
“Como es público y notorio -argumentan-, con fecha 27 de julio de 2020 el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la pieza número 5, inserta en las Diligencias Previas número 96/2017”, después de que este mismo juzgado central acordara en 2018 el sobreseimiento provisional de estas actuaciones.
El titular de este juzgado, Manuel García Castellón, es quien ha reabierto esta pieza encuadrada en el denominado ‘caso Villarejo’ y, entre otras medidas, ha imputado a la amiga de Juan Carlos de Borbón y empresaria comisionista Corinna Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein) a la espera de nuevas actuaciones.
Del mismo modo, los querellantes recuerdan al Supremo que él mismo reconocía en los autos en los que echó por tierra las actuaciones emprendidas que “la querella presentada en su momento por esta representación tenía como base lo investigado en su momento por el Juzgado Central de Instrucción” de la Audiencia Nacional.
Destacan también que “debe hacerse notar” que en el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 conocido la semana pasada “se precisa en el razonamiento jurídico segundo que las Diligencias de Investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción, en base al testimonio de actuaciones remitidas por el Juzgado Central de Instrucción de la pieza 5 de las DP 96/2017 y posteriores colaboraciones entre Juzgado y Fiscalía Anticorrupción, han sido remitidas a la Fiscalía del Tribunal Supremo”.
El Partido Comunista de España e Izquierda Unida detallan también que después de que el Supremo decidiera archivar la causa “ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella”. Recuerdan que “la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía suiza, el expediente de las diligencias de investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción” al objeto de que investigue los “fondos irregulares” que Juan Carlos de Borbón “habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí”.
“Pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado -advierten los querellantes-, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos”.
La querella criminal de IU y el PCE que el Tribunal Supremo metió en un cajón y que buscan que se retome va dirigida, además de Juan Carlos de Borbón y Corinna Larsen, al entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía jubilado y ahora en prisión José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
Los querellados se reparten la imputación de hasta 13 supuestos delitos -siete de ellos referidos directamente al rey emérito-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
El PCE, IU y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda ya reprocharon en su día por escrito al Supremo que decidiera “omitir cualquier tipo de instrucción que pudiera desembocar en la confirmación o determinación indiciaria de la autoría de los graves hechos denunciados, eludiéndose injustificadamente acordar la práctica de diligencias de averiguación oportunamente pedidas”. También lamentaron que amparara esto con “la ambigua expresión de que se pretende una investigación prospectiva, supuestamente carente de indicios de ninguna clase que justificaran la decisión de practicar tales diligencias de averiguación”.