jueves, 26 de enero de 2017

"Sobre fusiones y el ruido acerca de IU", carta de Alberto Garzón a la militancia de Izquierda Unida



Queridos/as compañeros/as de Izquierda Unida,
En las últimas semanas el ruido acerca del futuro de IU se ha intensificado. Es verdad que en esta organización nunca hemos tenido el viento mediático de nuestro lado, pero lo que está sucediendo en este tiempo es digno de estudio. Sumado a la invisibilidad a la que estábamos desgraciadamente acostumbrados, en otoño de 2015 leímos noticias que “confirmaban” que yo me presentaba como candidato por Málaga en el marco de una hipotética confluencia; en enero de 2016 nos despertamos con la desaparición de Izquierda Unida; y hoy se asegura que vamos a fusionarnos con Podemos. Esto sólo son algunos ejemplos. Todos sabemos que ni me presenté por Málaga, ni hubo confluencia en 2015, ni desapareció IU… y por supuesto tampoco ahora nos vamos a fusionar con Podemos.
Una famosa cita de El-Hajj Malik El-Shabazz, más conocido como Malcolm X, decía más o menos que «si no estamos prevenidos ante los Medios de Comunicación, nos harán amar al opresor y odiar al oprimido». Una buena advertencia ante un poder necesario en una sociedad democrática pero que, en su fórmula actual, depende prácticamente de forma directa e interesada de grandes accionistas y directivos que se codean con el poder económico. Desde luego sería exagerado pensar que en IU tenemos la condición de oprimidos, pero lo que es cierto es que no somos del agrado del poder económico. Nunca lo hemos sido. Y la predominancia de la política espectáculo, la que se alimenta del barro, los rumores y las mentiras, hace el resto. De mi adolescencia mantengo un recuerdo ejemplar, el de Julio Anguita convertido en guiñol y caricaturizado como un loco que se enfrentaba ante los molinos de viento pensando que eran gigantes. El tiempo nos demostró que aquellos gigantes existieron, y que los guionistas de aquel programa no eran más que mercenarios al servicio del partido de gobierno.
No es cuestión de lamentarse, sino de clarificar nuestra posición y recordar que la toma de partido por el socialismo y la ruptura democrática tiene consecuencias. Quienes saldrían perdiendo con ambas causas no se quedan quietos esperando que ganemos posiciones. Al contrario, actúan. Y desde nuestra humildad hemos intentado siempre dejar claro cuál es nuestra posición.
Esta dirección, que tengo el honor de representar, es la primera en la historia de IU que ha facilitado que la militancia pueda votar directamente a sus representantes en los órganos de dirección. También hemos sido los primeros en incorporar el revocatorio a nuestros cargos públicos y de dirección. Asimismo, nos hemos comprometido al cumplimiento estricto de nuestros documentos aprobados en la Asamblea, para lo cual hemos habilitado mecanismos de control y seguimiento de todas las responsabilidades de la dirección colegiada. Incluso entregamos los documentos con una semana de antelación para facilitar los debates. Estas cosas pueden parecer obvias, pero antes no se hacían. Y todo esto con el objetivo de que la militancia nos diga lo que tenemos que hacer, sepa lo que hacemos y pueda cambiarlo en cualquier momento. Incluso hemos hecho varias consultas sobre temas determinantes y que generaron bastante polémica (si bien más mediática que militante). En suma, una dirección que trabaja sin engaños, sin dobles jugadas y sin tacticismo. Radicalmente transparentes.
Quizás por estas razones o por otras, vivimos tiempos de relativa tranquilidad interna. Es verdad que hay compañeros de IU que no comparten los contenidos de nuestro proyecto, pero eso es natural. No olvidemos que las tres listas que se presentaron a la XI Asamblea forman parte de la dirección también, porque siempre hemos defendido la pluralidad y la diversidad ideológica. Es verdad que también hay compañeros que mantienen agendas mediáticas independientes, que acuden a los medios de comunicación sin conocimiento de la dirección y para defender discursos personales y no colectivos. Nosotros preferimos que las cosas se debatan colectivamente, pero afortunadamente el impacto negativo de estos fenómenos son más bien marginales.
Por todo lo anterior, y en aras de enfrentar el ruido actual, podemos decir claramente que no vamos a fusionarnos con Podemos. Porque no lo hemos aprobado, porque no lo hemos discutido y porque, sinceramente, carece de toda lógica. Nuestra XI Asamblea aprobó construir un movimiento político y social más allá de IU, con otros actores, que partiera de una fuerte apuesta por el socialismo, el feminismo y el ecologismo. A mi juicio es obvio que una fusión con Podemos, cualquier cosa que eso quiera decir, no es lo aprobado mayoritariamente por nuestra militancia. Evidentemente tampoco hemos sido nosotros los que hemos sacado el debate, ni siquiera el secretario general de Podemos. La construcción de esta polémica es una artificialidad para tratar de dividir a IU, como ya ocurrió con las noticias que hemos destacado antes.
Permitidme que cuente una breve historia. El filósofo de la ciencia Otto Neurath utilizaba una metáfora para describir el tipo de trabajo del investigador científico. Decía que era como el de marineros que tenían que reparar su embarcación en alta mar tras una tempestad, empleando sólo la propia madera de la nave. En esas condiciones tenían que luchar contra el temporal, las olas desbocadas y los vientos desatados, y sin la posibilidad de volver a puerto para reconstruir la embarcación de nuevo. Era una tarea inmensa.
Pienso que esta misma metáfora es aplicable a lo que hemos vivido en Izquierda Unida durante los últimos años. Hemos tenido que reconstruir nuestra organización y hacerla atractiva para la ciudadanía al mismo tiempo que enfrentábamos malas encuestas, ataques internos y externos, abandonos oportunistas e infinidad de obstáculos. Hace dos años periodistas, políticos y hasta militantes de nuestra organización pensaban que íbamos a desaparecer entre las olas generadas por los nuevos partidos. No ha sido nada fácil demostrarles a todos lo contrario, que estamos vivos y fuertes. Y es que a pesar de todo este duro proceso hemos salido con una Izquierda Unida clarificada, renovada y fortalecida. Clarificada porque defendemos el proyecto por el que se fundó IU, heredando el espíritu socialista de ruptura democrática. No engañamos a nadie acerca de lo que queremos, somos de fiar. Renovada no sólo en caras sino también con nuevos métodos de radicalidad democrática. Y fortalecida porque tenemos una organización cohesionada, participamos en espacios cada vez más fuertes de unidad y tenemos una presencia creciente en cada conflicto existente –allí donde hay una injusticia, hay una militante de IU luchando contra ella. Eso sí, no podemos ser autocomplacientes: queda mucho por hacer y seguro que en este tiempo nos hemos equivocado en cosas. Lo asumo como una responsabilidad personal.
Con esta carta no sólo quiero pedir ayuda a la militancia ante las noticias falsas que se construyen contra nosotros; quiero pedir a la militancia, sobre todo, que sea crítica con esta dirección. Que colectivamente debatamos los documentos, que tratemos de mejorarlos y que controlemos su ejecución. Tenemos muchos retos que afrontar como clase y como país, muchas cosas que hacer. El saqueo continúa, y nuestros derechos están gravemente amenazados. Sólo con una organización fuerte y cohesionada podremos enfrentarlos. Unidos con otros, desde luego, pero representando un proyecto político autónomo que aspira a construir una sociedad republicana y socialista.
Nuestra organización tiene treinta años de historia en los que hemos defendido esas ideas, esos principios y valores. Una gran parte de nuestra militancia lleva muchos más años de luchas a sus espaldas. Otra parte acaba de empezar, y quizás se han afiliado en los últimos meses. Jóvenes o mayores, somos un colectivo nacido en múltiples mundos. Muchos nos siguen desde la lucha antifranquista, otros nacimos ya en esta democracia de mínimos. ¡Hay entre nosotras quien incluso luchó y defendió la segunda república! En cualquier caso todos y todas somos parte de un hilo rojo de la historia, cambiante en formas pero inquebrantable en su compromiso. No nos afiliamos para otra cosa que no fuera para mejorar la vida de nuestra clase, de nuestra gente, de los desposeídos y los parias de la tierra. No pretendemos ser mejores que nadie, sólo útiles para nuestra justa y digna causa. Nos atacarán, una y otra vez, pero nunca, en ningún caso, nos resignaremos o rendiremos. Ya lo dijo Marcelino, «ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar».
Salud y República.
Alberto Garzón Espinosa
Coordinador Federal de Izquierda Unida
Miércoles, 25 de enero de 2017

martes, 24 de enero de 2017

Izquierda Unida solicita a Fiscalía una investigación a las compañías eléctricas por prácticas fraudulentas y propone su nacionalización para garantizar el acceso a toda la ciudadanía



Maíllo: "Si las eléctricas fueran estatales esta especulación en el precio de la luz no se habría producido"
El Coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, junto alcaldes, diputados y cargos públicos han presentado una denuncia, el pasado viernes 20 de enero, solicitando al Ministerio Público que investigue por qué, en un periodo de altísima demanda como el de esta ola de frío, las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando así un encarecimiento del precio de la energía.
Izquierda Unida  a través de esta denuncia, firmada también por el Coordinador Federal de IU, Alberto Garzón, los cinco parlamentarios andaluces y los diputados nacionales, Miguel Ángel Bustamante y Eva Sempere, piden al fiscal que investigue también si las eléctricas que cuentan con una red deficitaria en algunas zonas del país, las llamadas zonas blancas, están incumpliendo su obligación de garantizar el acceso a la energía a todos los ciudadanos sin interrupciones
"A nuestro entender, explica el coordinador de IU Andalucía, se impone la apertura de una investigación que ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios así como  actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas". "Es inaceptable y un insulto a la sociedad española", critica Maíllo, la puesta en escena del ministro de industria Nadal porque "los poderes públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y mantengan un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan, y absoluto desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica".
En el escrito registrado esta mañana en la Fiscalía Provincial de Sevilla, Izquierda Unida insiste que la regulación del mercado energético se ha concretado en unos parámetros legales que "favorecen los intereses empresariales en detrimento de las personas usuarias". "Incluso desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente se produce un margen de beneficio para las compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas empresas".
Eva García Sempere, diputada comunista malagueña de IU en el grupo parlamentario Unidos Podemos (UP), ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiterado en sus informes "estas disfunciones, al tiempo que ha sancionado a compañías por emprender acciones tendentes a manipular los precios al alza". En concreto, Iberdrola fue sancionada en diciembre de 2015 con 25 millones de euros, en palabras de la Comisión por “manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica”. Aquel episodio, explica,  movió al gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios, "supuestamente para evitar que la luz incrementara de golpe", aunque como la propia Comisión ha revelado en su último informe, "las modificaciones introducidas han elevado los ya escandalosos márgenes de beneficio de las empresas por encima del 30 por ciento".
Por su parte, Miguel Ángel Bustamante, diputado comunista de IU en UP,  ha defendido la "nacionalización de las eléctricas" cuyas prácticas  "están generando una gran indignación social" por tanto entendemos, insiste Bustamante,  "desde lo público se debe gestionar la producción y distribución de la energía".
Desde el convencimiento de que ningún ser humano puede ser privado de este derecho por causas económicas, explica la denuncia registrada por IU, "entendemos que deben producirse profundos cambios legales en nuestro país dado que entendemos que el actual es injustamente ventajoso para las empresas y lesivo para la población". "No obstante, incluso en el ámbito de este marco legal que impugnamos, las empresas pudieran estar operando al margen de lo legalmente establecido, influyendo en los  precios de la energía por razones ajenas a la prestación del servicio, y eludiendo su responsabilidad como compañías suministradoras al invertir insuficientemente en las infraestructuras que la prestación de este servicio básico requiere para garantizarlo a toda la población".

jueves, 19 de enero de 2017

José Luis Centella , Secretario General del PCE: “En torno al debate sobre reforma y ruptura”



Plantear, como algunos dicen en estos tiempos, que al no existir en las instituciones una correlación de fuerzas favorable a la ruptura hay que cambiar de objetivos y aceptar integrarse en el proyecto de reforma, significa renunciar a ser una fuerza transformadora.
El debate sobre la transición al que estamos asistiendo en estos tiempos no debe circunscribirse solo a un debate académico, tiene una relación directa con la coyuntura que se vive en España. De forma concreta con lo que se ha venido a llamar “segunda transición”, como una repetición del proceso que entre 1975 y 1982 se vivió en España. Esta cuestión para el bloque dominante tiene todo el sentido, ya que en la primera fue capaz de conseguir cambiar el modelo institucional franquista sin tocar los poderes fácticos (Ejército, Banca, Iglesia, y sobre todo respetando la base oligárquica que lo sustentó). De esta forma se pasó del franquismo a un sistema homologable al entorno europeo occidental con el mínimo coste.
Ahora, una vez agotado el ciclo político del régimen surgido tras la transición, que algunos llaman régimen del 78 por referenciarlo en la Constitución de ese año, los poderes económicos intentan repetir tan exitosa operación. En este marco es en el que sitúo el análisis del papel que jugó el PCE en aquel momento de un modo dialéctico, nada parecido a un ajuste de cuentas, para referenciar una posición sobre el papel que tiene que jugar la izquierda anticapitalista en estos momentos.
Empezaría por plantear que en 1975 la mayoría del capital nacional e internacional era consciente de la necesidad de finiquitar el régimen político constituido en torno al franquismo y sustituirlo por un sistema equiparable con el entorno europeo occidental.
La cuestión era cómo se producía esa homologación, si mediante la reforma del régimen franquista, lo que significaba entre otras cosas no cuestionar la monarquía, no tocar lo que se llamaban "poderes fácticos" y, por supuesto, al sistema económico; o bien se producía la ruptura democrática, la ruptura con la legalidad y legitimidad emanada de la Guerra Civil y, por tanto, ponía en cuestión las bases de legitimación de los poderes económicos, así como las bases mismas del sistema económico. En este sentido no olvidemos que, para preocupación del bloque dominante, la Revolución de los Claveles estaba muy cercana y aún sin definir el sistema económico hacia el que se encaminaba.
En esta confrontación que se dirimió entre 1974 y 1976 pronto se vio que no había hegemonía para conseguir la ruptura, entre otras cuestiones porque las fuerzas de la llamada "oposición democrática", a las que preocupaba un proceso de ruptura hegemonizado por el PCE, preferían pactar con los restos del franquismo.
Esa falta de hegemonía se produjo a pesar de la permanente movilización general de los trabajadores, estudiantes, gentes de la cultura, de las huelgas, de los enfrentamientos con la policía, de las detenciones, encarcelamientos de luchadores y luchadoras y de los numerosísimos asesinatos cometidos por las fuerzas represivas y organizaciones de extrema derecha.
El Movimiento Obrero, fundamentalmente las Comisiones Obreras, movilizó con carácter general y de forma permanente a todas las personas trabajadoras con reivindicaciones laborales, pero en un marco de exigencia de ruptura con el Régimen franquista.
Así, el PCE pasó de la defensa de la ruptura democrática a asumir lo que se llamó  la ruptura pactada (mayo 1976, declaración del Comité Ejecutivo: la ruptura hay que negociarla con la Iglesia, el Ejército y la Banca) y de ahí, para no quedarse fuera de juego, a la vía abierta tras el referéndum de 1976. Es decir, directamente a la vía de la reforma, una vez que fue consciente de que el resto de fuerzas políticas estaban decididas a acordar la exclusión del PCE del proceso que se abría con la Ley para la Reforma política.
Ante esta coyuntura, la dirección del PCE, valorando la correlación de fuerzas, sitúa en primer plano conseguir la legalización, para lo que era necesario conjugar la presión con la negociación, siendo conscientes de que el resultado final tendría que suponer concesiones, y que la ruptura no se produciría en los términos planteados en el Comité Central de Roma 1976.
La realidad es que, a la muerte del dictador, las fuerzas del sistema y los aparatos del régimen franquista como el Ejército, la Policía y los jueces disponían de una amplísima hegemonía para garantizar el consenso social sobre la reforma del régimen político y para excluir su ruptura. Esta realidad no había sido cabalmente percibida o no se quiso aceptar por una dirección del PCE residente en el exterior, que no parecía hacer mucho caso de los informes que llegaban del interior en este sentido.
Entrar a debatir si las concesiones fueron mayores de las que se tenían que haber realizado en función de la fuerza que tenía el PCE es una cuestión difícil de dilucidar, sobre todo sin conocer todos los datos de la coyuntura, presiones de los militares incluidas, y la geopolítica, no olvidemos como la URSS dejó sola a la Revolución de los Claveles por una cuestión de mantener el reparto de zonas de influencia.
El tema fundamental para mí, es considerar si lo que debió ser una cuestión táctica, como la aceptación del terreno de juego de la reforma para conseguir la legalización y un marco social y político más avanzado que el que presentaba el franquismo, se convirtió en un momento determinado y sin debate, al menos formal, en una cuestión estratégica y se olvidó el objetivo de la ruptura en lo que significaba plantear un Proyecto Global de Nuevo País, no sólo en lo institucional, sino fundamentalmente en lo social y en lo económico, tal y cómo planteaba el Manifiesto Programa aprobado en 1975.
De esta manera, la Constitución de 1978, que como todas, era producto de una determinada correlación de fuerzas concretas, se convirtió en un punto de llegada y no en un paso intermedio que permitiera una mejor posibilidad de seguir luchando por el objetivo de alcanzar no sólo una democracia política, sino también una democracia social, incompatible con mantener intocable el sistema económico. Estas cuestiones debían plantearse como inseparables, ya que como planteaba el PCE en su Manifiesto Programa de 1975, no era posible construir una democracia política sin construir al mismo tiempo una democracia social, porque desde la desigualdad social no puede surgir la igualdad de derechos y de deberes sobre la que formalmente debe sustentarse toda democracia. Esto significaba que se dejaba de mantener en la práctica política diaria la coherencia con lo que se decía en los propios documentos del PCE.
Si para las fuerzas del sistema el objetivo era conseguir la homologación con el entorno europeo en lo político, lo económico y lo militar, para el PCE debería haber sido unir sus fuerzas con la de otros Partidos Comunistas, desde el portugués, hasta el griego, pasando por el francés y el italiano, para romper con el capitalismo y plantear la posibilidad de construir el socialismo en el oeste europeo, que evidentemente no podía ser una copia del que existía en el este.
Esta cuestión nunca apareció con rotundidad en las reuniones mantenidas por los Partidos Comunistas Europeos, más preocupados en mitigar los efectos de la crisis de 1973 y el papel a jugar en el proceso de integración en la Comunidades Europeas (1974 Conferencia de Bruselas, con la participación de 28 Partidos Comunistas) que en la vía concreta para acabar con el capitalismo.
Los partidos encuadrados en el llamado “Eurocomunismo” cometimos el error de convertir la táctica de sumar fuerzas y reformas en una estrategia que nos alejaba del objetivo central, que significaba desarrollar en lo concreto un proyecto político que no se planteaba la ruptura con el capitalismo, sino tratar de reformarlo para hacerlo más social precisamente cuando, como decía, se sufría la mayor crisis del capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial.
Por lo tanto, situar al PCE en la estrategia de la reforma no era ya una cuestión táctica que buscaba conseguir la legalización, tratar de consolidar una democracia política, manteniendo el objetivo de construir una democracia política y social que rompiera con el capitalismo y abriera el paso a la construcción del socialismo. Es decir, se abandona lo planteado en el Manifiesto Programa de 1975 y todo se supedita a lucha institucional y el PCE deja de tener un proyecto estratégico de futuro para el país.
Al mismo tiempo el PCE, desde el Comité Central de Roma, cambia su estructura para hacerla plenamente territorial, con lo que se centra en la preparación del trabajo institucional, abandonando la estructura sectorial de frentes de lucha, lo que en la práctica 'retira' al Partido de los centros de trabajo y de estudio.
La derecha económica y política, por el contrario, lo tuvo claro y nunca consideró la Constitución como un punto de llegada. Así, desde el día siguiente a su aprobación, se planteó modificarla y ningunearla en la práctica para anular los elementos más sociales que contenía y desarrollar lo que significaba de consolidación del modelo social, económico y militar capitalista. De esta manera los artículos que parecían justificar el apoyo de la izquierda, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la planificación democrática de la economía, o la prioridad del bien común sobre la propiedad privada fueron devaluados hasta quedar en papel mojado.
Plantear, como algunos dicen en estos tiempos, que al no existir en las instituciones una correlación de fuerzas favorable a la ruptura hay que cambiar de objetivos y aceptar integrarse en el proyecto de reforma, significa renunciar a ser una fuerza transformadora. De la misma manera, asumir que en 1977 no había capacidad política para conseguir imponer un referéndum entre monarquía y república no debió significar que había que enterrar la reivindicación de la República, defender la reconciliación nacional no debía significar equiparar jurídicamente a las víctimas con los verdugos, ni mucho menos dejar que cientos de miles de demócratas continuaran enterrados en las cunetas y fosas comunes mientras el dictador seguía enterrado en el Valle de los Caídos. De la misma forma que no tener fuerza parlamentaria para acabar con el tratado que sustentaba a las bases de los EEUU en España no podía significar renunciar a movilizarnos contra ellas planteando su cierre inmediato.
Pero sobre todo, el abandono de la estrategia de ruptura significó la renuncia a utilizar el conflicto y la movilización como instrumento político. Ahora aparecen informaciones sobre que lo que interesaba a Adolfo Suarez, más allá de la aceptación de la bandera y la monarquía, era sobre todo la renuncia del PCE a utilizar su enorme potencial movilizador. La aceptación de la estrategia reformista significó en la práctica reducir su actividad a lo institucional, primero en el Parlamento y luego en los ayuntamientos, lo que influía claramente en la capacidad de lucha del sindicalismo, que no convocó ninguna huelga general hasta 1984, a pesar de que las denuncias del propio PCE y de CCOO sobre los incumplimientos de los Pactos de la Moncloa por el gobierno, la hubieran más que justificado. No olvidemos que también enterraba el potente movimiento vecinal, pero sobre todo, no cuestionaba el sistema económico.
Sin entrar en calificativos, la cuestión central es que el PCE, como otros partidos de la izquierda europea, renunciaron en la practica en la década de los 70-80 a la ruptura con el sistema económico capitalista, planteando como objetivo su reforma para hacerlo más justo y social, ilusión que se mantuvo hasta que en el siglo XXI vemos claramente que el capitalismo no sólo no es reformable, sino que cada vez es más evidente que es incompatible con una democracia social.
Estas son las cuestiones fundamentales de contradicción entre reforma y ruptura en la transición de 1974-1982 de las que tenemos que aprender, porque en este momento, en el que ya nadie duda que el ciclo que abrió la Constitución de 1978 está agotado, tanto por causas internas, como externas, y que es necesario abrir un nuevo ciclo, se vuelve a plantear la disyuntiva entre reforma y ruptura. De esta manera en los últimos tiempos se han confrontado dos proyectos, el que defiende reformar la Constitución para adecuarla a los nuevos tiempos pero sin tocar los pilares básicos del sistema, y quienes defendemos la necesidad de una ruptura con la Constitución de 1978, que hay que dejar claro ha sido violentada y reformada por el PP y el PSOE bajo presión de la Troika europea. Lo hacemos precisamente para poder cuestionar los pilares básicos del sistema capitalista que son los que han llevado a España, y al mundo en general a una crisis que ha supuesto sufrimientos y sacrificios para millones de seres humanos.
Esta confrontación electoralmente se ha saldado en las elecciones de junio con un Gobierno del PP sustentado por una mayoría reformista en el Parlamento, se ha puesto en evidencia que el PSOE, como ocurrió en la anterior transición, era consciente del peligro que tenía la influencia que las fuerzas rupturistas podían tener en un Gobierno Unidos Podemos-PSOE. Unidos Podemos, con todas sus contradicciones y debilidades ideológicas, no es en este momento una fuerza asumible por el sistema y, por esto, el PSOE prefiere dejar gobernar a la derecha. Como elemento clarificador hay que señalar que, en el fondo, Felipe González y lo que viene a representar tenía muy claro que la confrontación no estaba entre derecha e izquierda, como se llegó a creer Pedro Sánchez, sino que estaba entre reforma y ruptura. Felipe González lo volvió a tener tan claro como en 1976 y sitúo al PSOE en el lado de la reforma.
Nada nuevo bajo el Sol, se plantea nuevamente la cuestión de cómo actuar una vez que no se ha conseguido la mayoría parlamentaria para abrir un proceso de ruptura, y también aquí surgen los dos discursos: los que plantean que al no existir hegemonía de las fuerzas rupturistas hay que “aparcar” esta estrategia y centrarnos en la batalla institucional para participar en la nueva transición. Así, en estos días se resalta el papel moderado del PCE en la transición y se nos reclama la necesidad de un nuevo Carrillo capaz de llevar a la izquierda rupturista a la senda reformista.
Este es el debate de fondo, que atraviesa a todas las fuerzas de la izquierda y explica como decía, el golpe interno que sacó a Pedro Sánchez de la dirección del PSOE, y también explica el debate que se produce en Podemos, y el debate interno de Izquierda Unida, que tiene que ser el marco en el que se desarrolle la segunda fase del XX Congreso del PCE.
Pero esta confrontación explica la ofensiva del imperio PRISA y sus terminales mediáticas y sociales, porque PRISA quiere jugar el mismo papel influyente que jugó en la primera transición. Lo vimos en su intervención en provocar la salida de Pedro Sánchez y lo estamos viendo en su implicación en el debate interno de Podemos. En ambos casos ha sobrepasado los límites de la información para tomar partido como lógica. Como decía al principio, no estamos en un debate académico, estamos en una confrontación dialéctica que determinará cómo se va a configurar la España y Europa del futuro, y en este debate no se puede ser neutral.
En este momento es fundamental tener claro que el que no exista hegemonía parlamentaria rupturista no nos puede llevar al abandono de la estrategia de ruptura, al contrario, nos debe llevar a reafirmar esta estrategia y a adecuar la táctica para conseguir tener esa hegemonía, pero, sobre todo, nos debe llevar a no legitimar el marco reformista como el único posible. Nos debe llevar a no legitimar el proceso limitado, cerrado, opaco, de reforma de la Constitución que las fuerzas reformistas quieren realizar, y no legitimar este proceso significa no caer en el error de situar el Parlamento como el único terreno de juego. Significa no renunciar a la movilización, a la lucha social como parte de la configuración de una correlación de fuerzas que no puede ser solo parlamentaria, que tiene que ser también social, como venimos planteando desde el PCE e IU.
Debe significar acompasar los discursos políticos con una práctica política coherente, significa tener claro que hay que evitar la ruptura de las fuerzas que hoy por hoy están fuera de los límites del régimen, como lo consiguieron en los años 77-82 con el PCE, aquí aparece otra vez el papel de PRISA. Pero sobre todo hay que construir una gran alianza entre todas las fuerzas rupturistas, construyendo un programa de mínimos que dé respuesta a los problemas concretos que sufren millones de ciudadanos  de empleo, vivienda, sanidad, educación, derechos sociales, libertades públicas, etc. Un programa que se defienda al mismo tiempo desde la calle y desde el Parlamento, que sirva para dar coherencia a las luchas parciales que llevan a cabo miles de trabajadoras y trabajadores que sufren diariamente la agresión del sistema.
Pero este programa de lo concreto debe hacerse desde una visión estratégica de ruptura para ir ganando la hegemonía ideológica que suponga que la mayoría del pueblo trabajador, de las capas populares, entiendan que hay que cuestionar la legitimidad ética, moral e institucional de un sistema que podrá ser legal, pero es injusto, insolidario, provoca paro, desahucios, desigualdades, pobreza energética, pérdida de derechos sociales y cívicos, genera insolidaridad y nos lleva a la guerra como forma de dominio de las materias primas por parte de las multinacionales. Nos lleva a plantear la necesidad de Construir un Proyecto de Nueva Sociedad más justa, igualitaria, solidaria, defensora de la convivencia pacífica y el justo aprovechamiento de los recursos naturales del planeta para la mejora de la calidad de vida de los pueblos. En definitiva, nos lleva a defender una sociedad socialista como la salida a la situación que vive España y el planeta en este Siglo XXI.
José Luis Centella
Secretario General del PCE