miércoles, 27 de febrero de 2013

José Antonio Castro, portavoz e IULV-CA, recuerda a la derecha su pasado y presente contra la autonomía de Andalucía

28F: Mañana, todos y todas a las calles a defender el trabajo, los derechos sociales, la Autonomía y nuestros ayuntamientos


Cargos públicos, dirigentes provinciales y locales, así como militantes de base de Izquierda Unida (IULV-CA) en Málaga participan mañana en la manifestación convocada por la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía y que partirá a las 11:00 horas desde la Alameda Colón (sede de sindicatos) y acabará en la Plaza de la Constitución. Entre los cargos públicos se encontrarán la parlamentaria por Málaga, Dolores Quintana, el delegado de Fomento y Turismo, Manuel García Peláez, así como los concejales del Ayuntamiento de Málaga y los diputados provinciales.
No estará en Málaga el Coordinador provincial y parlamentario andaluz, José Antonio Castro, porque participa en el acto institucional de entrega de la Medalla de Andalucía a título póstumo a Manuel José Caparrós, a cuya familia acompañará en esta jornada.
IULV-CA llevará su propio cortejo detrás de una pancarta alusiva a la situación actual. La portavoz del Consejo Provincial de IULV-CA y parlamentaria andaluza, Dolores Quintana, ha hecho hoy un llamamiento a la movilización para que este 28F sea "más reivindicativo que nunca" para "reconquistar los derechos que nos han robado".
La diputada de izquierdas ha recordado que este día es cada año motivo de celebración porque conmemora  “la capacidad de un pueblo para conquistar su autonomía, sus derechos y la sociedad del bienestar", aunque, en el momento actual, el pueblo andaluz "debe salir con más fuerza que nunca a la calle".
Quintana ha alertado de los ataques del PP a la autonomía andaluza y a los ayuntamientos utilizando la crisis como pretexto y “que está siendo la excusa perfecta para que los grandes poderes económicos y financieros desmantelen el Estado, ese que hemos creado entre todos”.  Un auténtico ataque a la Democracia.
La dirigente de IULV-CA recordó que en 1979, los ayuntamientos fueron la expresión más evidente de la llegada de la Democracia a España. “Fueron los concejales los que la llevaron poco a poco a todos los rincones y convirtieron los ayuntamientos en la administración que hoy tenemos, la más cercana e imprescindible”. Sin embargo, añade la diputada, lo que va a conseguir esta reforma “es que los alcaldes y alcaldesas queden sólo para ir detrás de la patrona”.
Los ayuntamientos van a perder competencias que pasarán a ser gestionadas por organismos que no han sido elegidos democráticamente y éstos a su vez privatizarán los servicios. “Esta normativa hiere de muerte a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes que en Málaga suponen el 75 por ciento de los municipios”.
El desempleo, los desahucios, el retroceso del Estado articulado son algunas de las razones por las que hay que “salir a la calle. El 28F está más vivo que nunca. Es el día en el que los parados, las personas que se han quedado sin vivienda y todos los que pensamos que hay una salida distinta tenemos que estar el próximo día 28 en la calle”.

Manifiesto del 28-F. Andalucía en la calle


Andaluzas, andaluces:
Cerca de dos millones de andaluzas y andaluces salieron a la calle el 4 de diciembre de 1977 para reivindicar la Autonomía plena para Andalucía. En las calles y plazas de nuestra tierra resonó el clamor del pueblo andaluz. El 28 de febrero de 1980 el pueblo de nuevo se movilizó para expresar su decidida voluntad de alcanzar el máximo nivel de autonomía, en pie de igualdad con cualquiera otra de las comunidades históricas, con la esperanza de que el acceso al autogobierno resolviera los problemas de nuestra tierra.
Treinta y cinco años después, la situación que atraviesa nuestro pueblo nos vuelve a convocar a la lucha para afrontar los nuevos retos.
Nuestra tierra se encuentra en la periferia económica del capitalismo desarrollado, donde la crisis se está manifestando con mayor dureza y en la que los poderes económicos tienden a perpetuar el modelo económico existente sin atacar las causas reales y profundas de la crisis que padecemos.
Andalucía, con las políticas neoliberales aplicadas por sucesivos gobiernos, ha acentuado el carácter dependiente de su economía, especializándose en actividades económicas de baja productividad y con baja capacidad de generación de rentas y de valor añadido.
La reforma del artículo 135 de la Constitución, perpetrada en septiembre de 2011 por el PP y el PSOE, está provocando un nuevo marco normativo y de prioridades; y la política presupuestaria, monetaria y de equilibrio financiero que lo desarrolló ahonda en los efectos de la crisis con la destrucción de empleo y un mayor deterioro de su economía. Se agravan los desequilibrios económicos de nuestra Comunidad, continúa el déficit estructural de nuestra balanza comercial, se debilita nuestra economía, desciende la formación bruta de capital y se deprecia nuestro tejido productivo de forma asfixiante.
Y es sobre todo en lo social donde la crisis ha mostrado su peor cara, con casi un millón de y medio de parados, el 30% de la población andaluza en situación de pobreza y una sociedad hipotecada y sin futuro. En lugar de caminar hacia un desarrollo más armónico, endógeno y equilibrado de la economía andaluza, vamos hacia todo lo contrario.
El gran objetivo que en estos momentos debe marcarse el Gobierno andaluz, las Diputaciones y los Ayuntamientos, consiste en abordar los dos problemas fundamentales que tiene Andalucía: recuperar el tejido productivo para crear empleo y poner fin al drama social que sufren millones de andaluces.
Hoy, no es posible que ningún derecho social quede en pie tras la tormenta neoliberal si no somos nosotros, el pueblo, quien los proteja. Frente a quienes pretenden hacer de los derechos mercancías y de los ciudadanos clientes sólo cabe una respuesta de dimensión pueblo. Frente a un modelo tóxico, depredador y corrupto solo cabe una respuesta constante, sistemática y rebelde de la mayoría social.
Porque así surgió el 28 de febrero. Porque así se respondió al funesto guión que tenían organizado para este pueblo. Oponiendo pueblo a injusticia. Confrontando rebeldía frente a sumisión.
IULV-CA encara este 28 de febrero desde su compromiso de ser fuerza de LUCHA Y DE GOBIERNO. Desde su compromiso como fuerza de izquierdas, plural, republicana, anticapitalista, parte de la movilización por los derechos y la soberanía del pueblo andaluz. Una fuerza de ALTERNATIVA.
Los hombres y mujeres de izquierda sabemos de los desafíos que un modelo injusto, inhumano, contrario a los intereses de la gente nos coloca por delante. Y queremos encararlos sabedores de la utilidad de una fuerza como la nuestra para provocar la ruptura histórica que por segunda vez el pueblo andaluz necesita. Creemos en nuestra naturaleza transformadora de los andaluces; de sus profesionales, autónomos, empresas de la economía social, movimientos sociales, ecologistas, pacifistas, estudiantiles. Creemos firmemente en nuestras posibilidades como pueblo constructor de verdades. En nuestra dimensión de hombres y mujeres de luz. En nuestro futuro.
Por ello llamamos a reinventar la rebeldía de la calle frente a quienes hacen sumas y restas con nuestro futuro como pueblo.
Y para ello, llamamos a la construcción de la respuesta ALTERNATIVA sobre los principios que hoy son la identidad de la mayoría social, el rostro de la calle que sufre un modelo de explotación. Por todo ello REIVINDICAMOS:
1.UN PODER ANDALUZ MÁS FUERTE. Por el pleno desarrollo estatutario.
La defensa del Estatuto de Autonomía aprobado en 2007 es hoy referencia indispensable para preservar los derechos sociales y libertades públicas. Convertir cada artículo en derechos en ejercicio es la base para un autogobierno real, capaz, solvente y pleno.
2. LA LUCHA CONTRA EL PARO. El pleno empleo y un nuevo modelo productivo como objetivos.
No habrá freno al deterioro social hasta que no creemos empleo. Debe exigirse la derogación de la actual reforma laboral y garantizar los mecanismos de negociación colectiva como base para la defensa del empleo y acabar con la precariedad laboral.
Hacer de la riqueza un bien al servicio del interés general es el único camino para luchar contra las desigualdades. El Gobierno de Andalucía tiene que intervenir en la economía, en el marco de la planificación democrática de la misma, con apuestas estratégicas que respondan a la crisis de demanda en la que estamos inmersos; lograr la transformación del modelo productivo, crear una base industrial sólida, desarrollar una política energética alternativa, propiciar un sistema financiero andaluz. Se trata, en definitiva, de poner en valor los artículos 156 y 157.
3. EL RECHAZO DE LA DEUDA ILEGÍTIMA. POR LA JUSTICIA FISCAL.
La reforma del Artículo 135 de la Constitución Española, acordada por el PP y el PSOE lastran el desarrollo de nuestra capacidad de autogobierno, pues obliga a priorizar el pago de intereses de deuda sobre la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos. Abogamos por la modificación de dicho artículo, colocando a las personas por delante de los mercados.
Además, la fiscalidad progresiva debe ser uno de los objetivos por los que luchar este 28F de forma que se articule un sistema fiscal justo, progresivo y solidario basado en una mejor distribución de la riqueza y el trabajo. En ese sentido, también abogamos por la lucha decidida contra la corrupción y el fraude fiscal.
4. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS. La lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Los servicios públicos no deben responder a criterios de beneficio o rentabilidad económica y financiera. Proveer salud y educación no es un gasto sino una inversión, lo que requiere de acceso universal y gratuito para todos los ciudadanos, con o sin papeles.
Los derechos y la cohesión social se garantizan a través del empleo y unos servicios públicos esenciales. Por lo tanto, deben garantizarse las transferencias suficientes a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos para hacer frente a las prestaciones de servicios. Abogamos por la puesta en marcha de derechos de ciudadanía como la renta básica, y la protección de desempleo a todas las personas en paro, como forma de confrontar la pobreza y la exclusión social.
5. EL DERECHO A LA VIVIENDA. El techo da el derecho.
La vivienda debe ser definida como un “bien social”. Andalucía debe declarar su insumisión a la ejecución hipotecaria, en tanto se entiende que la vivienda es la base de gran parte de los derechos. No cabrá el acaparamiento ni el uso especulativo de la misma. Para ello debe reformarse la Ley Hipotecaria y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Deberán constituirse parques públicos con viviendas suficientes para que no haya ni gente sin casa ni casas sin gente. La dación en pago debe formar parte de los derechos que protejan a quienes firmen un crédito hipotecario.
6. LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE.
Poner en valor el Patrimonio natural andaluz sobre la base de un modelo de desarrollo productivo basado en los recursos endógenos. Apuesta por los yacimientos de empleos verdes; nueva cultura del agua, de la Energía y del territorio; gestión Pública y participativa de los recursos naturales; protección del patrimonio natural y modelo productivo alternativo; la gestión pública de los residuos; impulso a los tributos medioambientales; rechazo a los transgénicos y respeto al sistema natural, litoral y orográfico andaluz evitando cualquier agresión al patrimonio ecológico de nuestra tierra.
7. LA TRANSPARENCIA, ÉTICA PÚBLICA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
Hemos de seguir ahondando en el desarrollo de leyes andaluzas que faciliten la participación y el empoderamiento ciudadano para un control democrático y cívico de los poderes públicos, donde sean los andaluces los que marquen las prioridades y co-decidan sobre aquello que consideran son sus necesidades prioritarias. Para ello es fundamental la transparencia y la ética pública frente a toda opacidad o corrupción. Debe fortalecerse la participación social frente al clientelismo transitando hacia una democracia participativa donde cada ciudadano sea un elemento activo y directo de la toma de decisiones.
8.UNA ANDALUCÍA FEMINISTA.
Para conseguir que una democracia sea real y avanzada debemos superar como pueblo todo tipo de discriminaciones que existen por razones de género. El modelo actual de sociedad que defendemos pasa obligatoriamente por el reconocimiento real de las mujeres como sujetos de pleno derecho y copartícipes imprescindibles en la construcción de una democracia justa, equitativa y plena en derechos y libertades individuales y colectivas.
9. UNA ANDALUCÍA EN PIE DE PAZ.
Andalucía es un territorio solidario y de acogida por el que debemos renovar el 28F nuestro compromiso con la solidaridad, la cooperación como base del fortalecimiento de los lazos de unión de los pueblos. La creación de una nueva conciencia de respeto pasa por una educación integral en materia de paz, en materia de consumo justo ético, responsable, por lo que toda la ciudadanía andaluza está llamada a construir unos valores de respeto, fraternidad y respeto a los caminos que cada pueblo elige para su desarrollo.
Seguimos exigiendo el desmantelamiento de las bases de utilización conjunta hispano-norteamericana de Rota y Morón.
10. UN MUNICIPALISMO FUERTE. ANDALUCÍA EN DEFENSA DE UN ESTADO FEDERAL REPUBLICANO, PLURINACIONAL, COOPERATIVO Y SOLIDARIO.
Nos oponemos frontalmente a la reforma de la Administración Local que ha planteado el Gobierno de Rajoy, que utilizando -una vez más- la crisis económica como excusa, pretende desmantelar el municipalismo mediante la desaparición de municipios, la disminución de concejales, la limitación de la autonomía local, la intervención económica y la asfixia financiera, el fortalecimiento de las diputaciones, la privatización de los servicios públicos básicos, etc. IULV-CA defenderá la autonomía y la suficiencia financiera de las entidades locales, así como el modelo municipalista de nuestro Estatuto
El Gobierno del PP está inmerso en una deriva recentralizadora, con el objetivo de desmantelar el Estado de las autonomías. Pretende recortar los derechos conquistados por Andalucía, sus competencias y su financiación, mediante la asfixia financiera y la aprobación de legislación básica que limite nuestro autogobierno. El Gobierno no quiere autonomías fuertes que sean un contrapoder y un obstáculo en la ejecución de sus políticas neoliberales.
Por ello, defender nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, desplegar toda su potencialidad política y jurídica, desarrollar sus competencias, impulsar su modelo económico y social y fortalecer sus instituciones, son hoy una prioridad política para IULV-CA.
Asimismo, rechazamos con igual fuerza las propuestas de fuerzas políticas soberanistas que plantean modelos asimétricos e insolidarios que cuestionan la igualdad de los derechos de la ciudadanía en función de la comunidad en la que residan.
En este momento, por tanto, IULV-CA debe contribuir, desde nuestra autonomía organizativa y desde nuestra alternativa política, a fortalecer la voz de Andalucía en el debate sobre el modelo de ordenación territorial del Estado, para cerrar un modelo –el de las autonomías- inacabado, que ha generado profundas asimetrías de derechos políticos y marcos de insolidaridad financiera. La aportación imprescindible del pueblo andaluz será actuar como factor de equilibrio para generar la simetría necesaria en un Estado cooperativo y solidario donde se acomode correctamente la realidad plurinacional y plurilingüística que se da en España. Y la mejor aportación de IULV-CA será defender con firmeza el que siempre ha sido nuestro modelo: un Estado Federal plurinacional, solidario y cooperativo, en el que se delimiten con nitidez las competencias de la federación y de las entidades federadas y se constitucionalice un modelo de financiación suficiente, justo y solidario.
Este debate, sin embargo, debemos situarlo en la perspectiva más amplia y de mayor recorrido: en la necesidad de iniciar un proceso de acumulación de fuerzas, en la calle y en las instituciones, que impulse un proceso constituyente que concluya en un nuevo sistema constitucional republicano, plurinacional, federal, solidario, profundamente democrático y participativo, con un sistema económico y social al servicio de las personas y no de los mercados.
Desde IULV-CA hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía andaluza para:
-Mantener y ampliar la rebelión democrática frente a los mercados y a las políticas neoliberales que nos están imponiendo desde las instituciones de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y desde el Gobierno del PP.
-Ampliar y consolidar un gran Bloque Social y Político, una alianza para construir una alternativa política, social y económica democrática y anticapitalista
-Fortalecer el poder andaluz para defender con firmeza los derechos y las competencias conquistados por Andalucía, reivindicar una financiación justa y suficiente e intervenir con fuerza en la definición de un nuevo modelo de Estado.

martes, 26 de febrero de 2013

El camarada Manolo García "Teniente" interviene en el X Congreso de las CCOO

Manolo García, portavoz de la minoría de la delegación de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO
"Detrás del relato del informe general hay muchos esfuerzos y sacrificios de los hombres y mujeres de CCOO que han peleado sin descanso y sin perder el ánimo". Así arrancó su intervención en el X Congreso de CCOO el portavoz de la minoría de FECOHT. "Nos nos hemos arrugado antes las dificultades", añadió a continuación, para después que "es digno de elogio" que se haya hecho "en el peor momento que nos ha tocado vivir tras la dictadura". Manolo García no quiso abandonar el atril sin explicar que no comparten tres de los grandes acuerdos que se han firmado estos años, el segundo acuerdo de negociación colectiva y el de pensiones.

Manifiesto del Partido Comunista de Andalucía para el 28 F


El 28 de Febrero de 1980 el pueblo andaluz conquistó en las urnas el derecho de Andalucía a tener un Estatuto de Autonomía al mismo nivel de competencias y poder político que las denominadas “Nacionalidades históricas”, Cataluña, Euskadi y Galicia. Andalucía enlazaba así el proceso autonómico iniciado en la II República, abortado por el golpe fascista del 18 de julio del 36, con la gran movilización del 4 de diciembre de 1977 en el que millones de andaluces y andaluzas tomaron las calles de las ocho capitales y de muchos pueblos de nuestra tierra para reivindicar la autonomía para Andalucía.
El pueblo andaluz exigió su condición nacional y su derecho al techo máximo de competencias que otorga el art. 151 de la constitución,  y esa reivindicación desembocó en el 28 de febrero de 1.980 rompiendo el esquema diseñado en Madrid, y compartido por los nacionalismos vascos y catalanes, que consistía en “confederar el norte y regionalizar el sur”. Con ésta victoria se abrió la posibilidad a todos los territorios de España de optar a un autogobierno en igualdad de condiciones y, por tanto, de abrir el debate sobre el Estado Federal.
Sin el impulso del 4-D nunca se hubiese podido dar con tanta fuerza la batalla que desembocó en la victoria del 28-F y sin ésta victoria, la fecha  del 4-D hubiera quedado desdibujada en la historia.
En este contexto histórico, el asesinato en Málaga por una bala de la policía de Manuel García Caparrós, militante de CC.OO, añadió al 4-D la sangre derramada de un joven sindicalista. Este crimen no fue un hecho aislado, se suma, a los otros muchos que, entre 1.976 y 1.981, la llamada “modélica y pacífica transición”, fueron cometidos por grupos de la ultraderecha o de las propias fuerzas de orden público, y que nunca fueron investigados.
La lucha por la autonomía andaluza fue, y seguirá siendo, la lucha de la izquierda frente a la derecha. La historia de Andalucía, desde la segunda mitad del Siglo XIX, siempre se ha situado en el vórtice de la lucha de clases. Aquí no hubo ni hay una reivindicación identitaria-etnicista ni separatista. En Andalucía el hecho diferencial siempre fue la reivindicación de la igualdad y el enfrentamiento con los que, dentro y fuera de la misma, impedían e impiden la consecución de ese objetivo. Andalucía es imprescindible para la transformación del conjunto de los pueblos de España. Ningún otro lugar del estado tiene en su historia una conjunción tan natural entre las reivindicaciones de clase y las aspiraciones autonomistas o nacionales.
Treinta y tres años después, Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor índice de paro del conjunto del Estado. En los últimos años hemos sufrido el desmantelamiento y/o deslocalización de los escasos sectores industriales y productivos que quedaban. La agricultura andaluza sufre las consecuencias de una política comunitaria contraria a sus intereses. La estructura social de la propiedad de la tierra aumenta la escandalosa concentración en pocas manos, en un porcentaje superior a 1930. Y todo ello agravado por la situación de general de crisis económica-financiera, ofensiva del gran capital contra los derechos del pueblo trabajador y corrupción generalizada de las principales instituciones del Estado y del sistema bipartidista.
La condición periférica de la economía andaluza es lo que nos sigue caracterizando, y eso es lo que no han corregido los sucesivos gobiernos autonómicos y central, en época de “bonanza”. Las escandalosas cifras de paro que arroja la EPA son la consecuencia de ese modelo de crecimiento. Y si le sumamos la continua regresividad fiscal y la permanente desregulación laboral, tendremos el cuadro del capitalismo en Andalucía.
Desde el Partido Comunista de Andalucía nos unimos a las voces que cada vez con más fuerza plantean la necesidad de auditar la deuda pública para identificar que parte de la misma no se ha utilizado para el sostenimiento de los servicios públicos, sino para comerciar a su vez por parte de los especuladores y una banca que utiliza impunemente las ayudas públicas para equilibrar sus balances, en vez de hacer fluir el necesario crédito a pymes y trabajo autónomo. Pedimos que la deuda ilegítima no se pague, porque no ha servido al pueblo.
Hoy, 33 años después de aquel 28 de febrero, constatamos que el impulso cívico y de justicia social ha sido demolido por las prácticas serviles de los sucesivos gobiernos autonómicos. Hoy, el PCA sigue, como entonces, llamando a la movilización del pueblo trabajador andaluz en defensa de sus intereses de clase. Hoy, los y las comunistas recordamos al pueblo andaluz que el atraso histórico, la dependencia económica, la situación periférica que ocupa nuestra fuerza de trabajo, el paro, la cuestión agraria y la merma en derechos y justicia social siguien ocupando un lugar central. Y hacemos un llamamiento a la movilización unitaria en defensa de las siguientes reivindicaciones:
1.      Sistema financiero público andaluz, para intervenir desde el poder público en unas finanzas al servicio de las clases dominantes.
2.      Puesta en marcha de un Banco Público de Tierras en Andalucía. “PER” especial y Cero peonadas para acceder al subsidio agrario.
3.      Democracia Participativa y control social de los servicios públicos. No hay mayor transparencia que la que proporciona la democracia real y ciudadana.
4.      Dación en pago retroactiva, alquiler social de viviendas enajenadas, paralización de los desahucios. Al gobierno andaluz le pedimos que adopte las medidas oportunas, en su marco de competencias, para garantizar la función social de la vivienda, incluyendo la sanción a las viviendas vacias.
5.      Renta Básica, en desarrollo del artículo 23.2 del estatuto de Autonomía, y Banco Público de Alimentos controlado participadamente.
6.      Cierre de las bases militares de Rota, Morón y Gibraltar. Como decía nuestro partido en el Documento de las Amapolas de 1984: “Autonomía andaluza que no sea ajena a la defensa de la dignidad y soberanía nacionales frente a las actitudes serviles y claudicantes para con otros estados. Se trata de avanzar en la necesidad de una política inequívoca de independencia nacional y, en este sentido, Andalucía tendría que decir mucho sobre la paz, contra las bases extranjeras (Rota y Morón) y a favor de la soberanía española de Gibraltar”.
7.      Defensa a ultranza del carácter público y universal de los servicios que garantizan los derechos sociales como la educación y la sanidad. Pedimos al gobierno andaluz que avance en el abandono de los conciertos en estos ámbitos. Lucha contra la LOMCE.
8.      Derogación de la reforma laboral que da la puntilla a los derechos históricos de la clase trabajadora y que hace especial daño en economías débiles como la andaluza.
9.      Defensa del sistema público de pensiones, disminución de la edad de jubilación y reparto del trabajo.
10.  Defensa y organización del movimiento feminista, que debe volver a jugar el papel central que le corresponde en defensa de otra Andalucía posible, libre también de patriarcado.

Antonio Romero: “El 28 de febrero de 2013 y la Autonomía Andaluza”



Carta abierta a la ciudadanía
Estimados ciudadanos, estimadas ciudadanas:
La Autonomía andaluza, el reconocimiento de García Caparrós como Hijo Predilecto de Andalucía, la ofensiva de la derecha económica y neocentralista contra los derechos sociales y las conquistas de los trabajadores que costaron años de cárcel, de represión y ríos de sangre; la eliminación de competencias totales o parciales de las autonomías y de los ayuntamientos para volver a un estado centralista y autoritario, la crisis económica y social que sufrimos, la corrupción generalizada que salpica a todas las instituciones del Estado demanda una respuesta que consideramos debe estar basada en los siguientes ejes:
La Autonomía andaluza hunde sus raíces en las luchas históricas de nuestro pueblo, la Constitución federal de Antequera de 1883, las movilizaciones que proclamaron la Primera República, el advenimiento de la II República Española en el año 1931, las movilizaciones por la reforma agraria, por la educación pública, y por salir del caciquismo y de la opresión, la asamblea de Córdoba de 1933 elaboró un borrador de estatuto impulsado por Blas Infante que no pudo tramitarse en el parlamento republicano por la sublevación de los militares golpistas y traidores encabezados por el General Franco ahogaron en sangre los sueños de Andalucía y de la II República.
Tras la noche de la dictadura en la transición democrática, el pueblo andaluz se movilizó el 4 de diciembre de 1977 y la policía franquista asesinó al joven obrero malagueño, Manuel José García Caparrós. Era la Andalucía trabajadora la que derramaba su sangre en la lucha por la autonomía y los derechos de nuestro pueblo.
Los ayuntamientos andaluces, acordaron en sesiones plenarias a lo largo y ancho de nuestra tierra exigir al gobierno central de la UCD la convocatoria de un referéndum, el del 28 de febrero de 1980 en el que frente a la oposición del Gobierno Central de España, se ganó en las urnas la autonomía máxima que contempla la Constitución española en su Título VIII del Art. 151 al mismo nivel que las llamadas nacionalidades históricas.
La autonomía andaluza no ha sido por tanto regalada, concedida, otorgada por el poder central del Estado, ha sido arrancada, conquistada y amasada con la movilización, los votos y la sangre de nuestro pueblo.
Han tenido que transcurrir 35 años y la llegada de IU al gobierno, para que se reconozca a García Caparrós como Hijo Predilecto de Andalucía, hoy nos felicitamos de esta decisión.
Blas Infante figura en nuestro Estatuto de Autonomía como padre de la patria andaluza y aún pesa sobre él una condena de los tribunales franquistas. La recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de los fusilados por la defensa del gobierno legitimo y constitucional de la República está recibiendo ahora desde el gobierno andaluz un impulso importante después de tantos años.
Andalucía y sus gobiernos no han desarrollado todas las potencialidades de los Estatutos de Autonomía hasta ahora, el de Carmona y el nuevo Estatuto de Autonomía fruto de la Reforma del 2007, aunque se ha avanzado en infraestructuras, redes de atención sanitarias, educativas, tecnológicas, Universidades, vivienda, prestaciones de derechos, etc. Tenemos la esperanza que la incorporación de IU-LVCA al gobierno en esta nueva etapa profundice en el despliegue de todas las herramientas que nos da el Estatuto de Autonomía.
Andalucía cerró el año 2012 con una tasa de desempleo del 35,86%, la mayor de su historia, 1.442.600 parados. La pobreza es más intensa, extensa y más crónica, el número de personas en el umbral de la pobreza y la exclusión social aumenta y se está encarnizando con las mujeres y los niños, según confirma UNICEF. España ha batido un récord histórico en desahucios desde el 2007 la cifra de ejecuciones hipotecarias en España son de 374.230. Andalucía con 72.900 en este periodo se sitúa a la cabeza, seguida de Cataluña, 70.663.
La ausencia de una ley de modulación de ayudas agrarias origina la injusticia de que 304 grandes empresas y terratenientes reciban cada año cerca de 400 millones de euros de subvención, el 80%, la misma cantidad que reciben cerca de 14.000 explotaciones agrarias pequeñas y medianas.
Las tierras hoy están más concentradas que en el año 1930. En 1930 el 48% de las tierras pertenecían a los grandes propietarios, hoy en el 2013 el 54% de las tierras pertenecen a los grandes propietarios, al 3% de los grandes terratenientes.
Ahora asistimos a una ofensiva del capital neoliberal y de la derecha política para desmantelar los derechos de los trabajadores y las prestaciones sociales, y recortar las libertades democráticas y los niveles de autogobierno alcanzado.
Blas Infante escribía que la causa de los fracasos de los gobiernos que ha tenido España en el siglo XX ha sido la defensa de un estado centralista.
Se impone como salida a la situación actual abrir un proceso constituyente hacia la III República Federal y solidaria, donde tengan encaje todas las CC.AA. sin privilegios, con simetría y solidaridad.
Finalmente, llamamos a la movilización en defensa de una salida a la crisis que contemple la reforma agraria, la soberanía alimentaria, el banco público de tierras, un PER especial y cero peonadas para acceder al subsidio, la banca pública y un sistema financiero público andaluz, la renta básica, la dación en pago y garantizar la función social de la vivienda, la derogación de la reforma laboral, que da la puntilla a los derechos de los trabajadores, reducción de la jubilación y reparto del trabajo, cierre de las bases militares de Morón, Rota y Gibraltar, defensa del carácter público, de los servicios y derechos sociales como la educación y la sanidad, una democracia participativa, real y ciudadana, igualdad entre hombres y mujeres, y transparencia para luchar contra la corrupción y la plena igualdad en Andalucía acabando con el machismo y el patriarcado. La solidaridad y la distribución de alimentos para luchar contra la pobreza, la exclusión social y el hambre.
Una movilización que frene las privatizaciones que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsa siguiendo las directrices del Banco Central del fondo monetario internacional, de la troika, en una política de genocidio social, de terrorismo económico.  Decía un viejo manifiesto andaluz: la provincia es una creación artificial, Andalucía es una  pasión política y el municipio es una verdad concreta. Ante el ataque a la autonomía municipal del Gobierno del PP para tutelar a los ayuntamientos y violar su autonomía que hemos de defender, toda la ciudadanía empezando por la Junta de Andalucía, que ha de ser solidaria y leal con los ayuntamientos como ellos lo fueron en la conquista de la autonomía el 28 de febrero. Como dice nuestro himno, andaluces levantaos, pedid tierra y libertad.
Viva Andalucía.
Antonio Romero
Presidente de honor del PCA
Miembro de la Comisión Ejecutiva de IU-LVCA
Coordinador de la Red de municipios por la III Republica

domingo, 24 de febrero de 2013

José Antonio Castro, portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz: "son los poderes bancarios los que mueven en España el día a día"


Lucas Martín/La Opinión de Málaga 
El portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz asegura que la entrada en la Junta le ha hecho ver con nitidez las diferencias entre «estar en el gobierno» y disponer del poder para cambiar las cosas. «Son los poderes bancarios los que mueven en España el día a día; es necesario revertirlo», dice. También manda un recado al alcalde a propósito del metro: «De la Torre es muy listo. Prefiere la confrontación antes que explicar a los ciudadanos que tendría que buscar decenas de millones para cumplir con su parte del convenio y del compromiso», señala
A sus 38 años, y casi a su pesar, José Antonio Castro se ha situado casi en el precipicio de una nueva aventura política. Los analistas lo señalan como el sustituto de Valderas al frente de IU en Andalucía. Ajeno a las especulaciones, al menos de puertas para afuera, mantiene su discurso en la misma línea gravitatoria. Sin paños calientes. Ni siquiera para sus colegas ocasionales en la Junta.
El Ayuntamiento quiere a toda costa que el metro llegue al centro bajo tierra. ¿IU está dispuesta a ceder o continuará la bronca en los próximos meses?
Lo primero que hay que decir es que el planteamiento que hace la consejería de Fomento no se debe a una posición programática, ideológica y por lo tanto un dogma que se derive de esas posiciones. A nosotros lo que nos hubiera gustado es cumplir con el convenio que existe. El problema es que cuando hemos entrado en la consejería hemos empezado a conocer la realidad nunca contada del metro, que es un proyecto que ha ido duplicando sus costes en cada tramo y que en la crisis actual tiene muy pocos visos de viabilidad. Al menos en los términos factualmente planteados. Es por eso, y desde la obligación que tenemos de tratar cada euro con responsabilidad, porque es dinero público, por lo que debemos dar una respuesta que genere certidumbre técnica y económica. Esperemos llegar a un consenso con el Ayuntamiento y que podamos hacer un metro que al final no nos salga más caro de lo que nos ha salido.
El alcalde amenaza, incluso, con retirar la aportación municipal si no se cumplen los plazos y el proyecto aprobado en el convenio.
El alcalde es muy listo. Es consciente de la parte que le correspondería poner sobre la mesa al Ayuntamiento con la propuesta que él defendía y de que eso implica tener que dar explicaciones a los ciudadanos. Especialmente, acerca de dónde va a ir a buscar las decenas de millones que tiene que aportar según el convenio. En lugar de explicar eso a los malagueños, prefiere seguir con la polémica que nos ha acompañado durante toda la historia del metro, la permanente lucha entre PSOE y PP que nosotros no queremos que se repita.
La política de metros y tranvías de la Junta ha estado salpicada de dificultades. Problemas de financiación, redes inauguradas y sin uso...
Es obvio que ha sido una apuesta errónea desde el principio, pero nosotros no queremos entrar ahora en ese debate. Nuestra postura tranviaria era en su día radicalmente distinta, pero se abogó por una fórmula de difícil salida.
Quizá dentro de poco se lo pueda decir a Griñán en la reunión de líderes del partido. En todas las quinielas aparece su nombre como reemplazo de Valderas...
Lo que lamento de todo este asunto, aunque, por otra parte, resulta inevitable, es que el debate se esté dando en términos nominalistas. Seguramente voy a formar parte de la próxima dirección andaluza del partido; soy el actual portavoz y voy a seguir ahí echando una mano, el sitio que ocupe ya se decidirá en la asamblea de junio. Lo importante, insisto, es la política, decidir qué va a hacer IU en los próximos cuatro años, a buen seguro vertiginosos y llenos de cambios.
Entiendo, en cualquier caso, que ser el líder regional de un partido es una aspiración muy legítima cuando se forma parte de ese mismo partido....
Sí, claro que es legítima. Yo personalmente no la tengo, pero es muy legítima.
¿Y si se lo piden sus compañeros?
Ya veremos.
La perspectiva electoral no es mala para Izquierda Unida. La mayoría de los pronósticos apuntan a que seguirá el crecimiento de las últimas convocatorias.
Ese es precisamente el peligro: crecer mucho electoralmente y no hacer crecer el proyecto político que sustenta ese crecimiento electoral. Por eso es tan importante la asamblea; debemos evitar que IU se convierta en un flan que crece y crece en el horno para luego desbaratarse muy rápido. De lo que se trata no es de situar a IU en una buena situación electoral, sino del proyecto político y de ver cómo se le rompe el espinazo al bipartidismo como expresión o ejecutor de un sistema económico y político que no compartimos.
Últimamente se habla mucho de transparencia y de la necesidad de cambiar el funcionamiento interno y la financiación de los partidos.
Eso hay que hacerlo. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley sobre la financiación que incluye una propuesta para prohibir la donación de empresas privadas. Si se forma parte de un partido y se aceptan donaciones de una constructora y luego se gobierna, ¿qué es lo que se debe presuponer? Es un punto de partida viciado. De todas formas no creo que la cuestión sean solo las normas y límites que se le ponen a los partidos. La salida a la crisis no va a venir solo por eso, ni siquiera porque cambie el sentido del voto. Necesitamos construir algo nuevo, abrir un proceso constituyente que venga desde abajo y en el que todos–no sólo los partidos– decidamos qué puñetas queremos hacer para salir de esto. Se echan en falta unos Pactos de la Moncloa adaptados al siglo XXI.
¿Hacia donde llevará tanta frustración y descontento?
Una de nuestras preocupaciones precisamente es que toda esa energía, como ya ha ocurrido en otras situaciones de crisis, encuentre acomodo en la extrema derecha y el discurso fácil.En España es difícil que ocurra porque la derecha está aglutinada en torno a PP, pero sigue siendo preocupante que no haya una visión de conjunto de cómo el pueblo puede tomar las riendas, ya sea como consumidores, como usuarios o como trabajadores. Ahora que hemos entrado por primera vez en el gobierno autonómico de Andalucía me he dado cuenta de que una cosas es estar en el gobierno y otra muy distinta tener el poder para cambiar las cosas. Poderes como el que tienen los bancos son los que mueven este país día a día y eso hay que revertirlo para que el depositario del poder sea la gente llana, que, además, es la mayoría.
¿Qué lectura hace de ese «estar en el poder» con el PSOE en la Junta de Andalucía?
El balance es moderadamente satisfactorio, lo cual resulta un eufemismo que te inventas cuando no quieres decir que no ha estado mal pero que tampoco da para tirar cohetes. La situación económica es muy complicada; sabemos que no vamos a transformar nada en este periodo pero decidimos entrar a formar parte de la Junta con el objetivo de contribuir a parar los golpes que se le están danto a la ciudadanía. Creo que hemos cumplido en ese sentido y en el de intentar corregir cosas que nos estamos encontrando en una administración de 30 años creada y amamantada por un mismo partido.
Los presupuestos de la Junta han comprimido partidas especialmente sensibles. El PP no se traga eso de que todo es culpa del Gobierno central.
¿El PP de Málaga? El Ayuntamiento por ejemplo ha practicado un recorte presupuestario porcentualmente mayor que el de la Junta. Nadie puede negar que existe discriminación del Gobierno hacia todas las comunidades autónomas. Sobre todo, cuando les impone un objetivo de déficit del 1,5% y el Estado se reserva el 6% pese a que las competencias más caras está en manos de las comunidades. En Andalucía se nota además que no está gobernada por su propio partido. El nuevo equipo de la Junta fue recibido por una campaña feroz del ministro Montoro que hizo que se bloquearan todos los mercados. Andalucía no podía emitir ningún bono de deuda ni acudir a ninguna entidad a pedir un crédito porque había sido tildada por el Gobierno de insolvente. A otras regiones, como Extremadura, se les devolvió parte de los 800 millones arrebatados a las políticas activas de empleo.
¿Se van a desmarcar entonces de los objetivos de déficit?
Todos se van a desmarcar. Nadie va a cumplir con los objetivos, ni siquiera el Gobierno, que tiene un margen más generoso. El discurso es que hay que acabar con el déficit de la administración y éste se sigue incrementando. Lula contaba alucinado cuando iba a pagar y el FMI no quería que le devolvieran el dinero porque el déficit es una manera más de las que disponen los poderes financieros para arrasar un país; son nichos de negocio, completamente desregularizados. Esto tiene mucho que ver con el origen de la crisis, que no es algo que nos haya venido, ni un ciclón ni un terremoto. Ni siquiera una fatiguita de Dios.
Su partido ha sido muy crítico con la propuesta de reforma de la administración local.
Es un paso más. No sólo hay crisis económica o alimentaria o medioambiental, sino también de soberanía y eso comporta el desmantelamiento de una democracia ya de por sí bastante mejorable. Se está haciendo que los resortes de los que dispone el ciudadano para intervenir en la política cada vez estén más vacíos y desprovistos de sentido. Y esto va precisamente en esa línea. Volvemos a unos ayuntamientos que son extensión en el territorio de Madrid, como en los tiempos de Franco. Esta reforma quita competencias, y presume la fiscalización permanente, lo que en la práctica hará que lo de la autonomía local se quede sólo en local. Y, además, eso del ahorro es, en este caso, el chocolate del loro.
¿Cómo se podría evitar la duplicidad de competencias?¿Qué recursos administrativos se podrían recortar sin demasiado coste para la sociedad?
Nosotros siempre hemos sido partidarios de la supresión de las diputaciones provinciales, que curiosamente son las que se verán beneficiadas con esta reforma. Pero también hay maneras de proceder. En Fomento nos hemos encontrado con un mecanismo que es un auténtico disparate: la famosa colaboración público-privada para las grandes infraestructuras. Hay carreteras tasadas en 237 millones que con esta fórmula, por la que la empresa privada consigue la financiación, tienen un coste final para la administración de más de 400. Es lo que algunos expertos llaman la burbuja de las grandes infraestructuras. Lo que hemos hecho ha sido suspender todos los proyectos cuyo desarrollo estaba previsto con este mecanismo, que es el que se han acogido la mayoría de las regiones por los límites a la inversión introducidos por el control del déficit. Este sistema es perverso.
La famosa comisión parlamentaria de los ERE finalizó sin dictamen. ¿Una oportunidad perdida o un alivio para sus socios de gobierno?
Para nosotros ha sido muy frustrante. Estuvimos preparando la comisión de junio a noviembre y nos hemos encontrado con que las conclusiones no existen. La parte positiva es que hubo comparecencias y gracias a eso pudimos saber algo más del caso; además, no estábamos acostumbrados a este tipo de comisiones en Andalucía. Da la sensación, no obstante, de que había dos que representaban papeles distintos en una misma obra: a uno lo único que le interesaba del dictamen era la cabeza del presidente de la Junta y al otro, y por encima de cualquier cosa, la defensa de los suyos.
La política española se ha acostumbrado a convivir con la sospecha, sin necesidad, incluso, de tomar decisiones. ¿No le da miedo que se transmita un mensaje de impunidad y tolerancia hacia la corrupción?
Parece que sí, efectivamente, que la sensación es de impunidad. Pero, además, en todas direcciones. En Málaga hemos visto a alcaldes que después de ser condenados han vuelto a ganar elecciones y por mayoría. Esa tolerancia hacia los que delinquen es muy grave. Por momentos da la sensación de que es más recomendable robar mil millones del erario que participar en un piquete en una huelga. La respuesta, además, tampoco es convincente. Publicar la declaración de la renta no es actuar con transparencia. En primer lugar porque no demuestra nada y, sobre todo, porque transparencia es que cualquier ciudadano pudiera acceder a cualquier tipo de información pública y saber qué se hace hasta con el último euro.
La Junta anda a la gresca desde hace meses con los trabajadores de la sanidad y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dos de los bastiones, precisamente, que siempre ha defendido su partido.
En el caso del SAE se trata de los trabajadores contratados como asesores y promotores de empleo en 2008, que se han visto afectados por los fondos que ahora nos quita el Gobierno. Y es verdad que eso ha supuesto que un montón de oficinas se queden con dos personas, lo justo para sellar. Campo libre para la ETT. Nosotros hemos estado con ellos y hemos conseguido que se convoquen a pulmón 310 plazas para las sedes más endebles. En sanidad, IU ha denunciado muchas carencias, pero la prioridad ahora es que no se venda ningún hospital ni centro de salud, porque las directrices que llegan del Gobierno y de la troika, ese poder que nadie ha votado, van en esa línea.

sábado, 23 de febrero de 2013

Alberto Garzón: "Hay que formatear las actuales instituciones del Estado"


El diputado de IU presenta su último libro, 'La gran estafa'.  Reclama un nuevo proceso constituyente en España y propone romper con el capitalismo y nacionalizar las grandes empresas como vías para salir de la crisis económica y política
Jorge Otero / diario Público 
En un país donde la norma es que el paro juvenil supere el 50%, Alberto Garzón, de 27 años, es una notabilísima excepción. Diputado de IU por Málaga en el Congreso de los Diputados, este joven economista, curtido en los movimientos sociales desde hace años, saltó a la primera línea política al calor del 15-M y desde entonces no ha parado: además de su actividad como diputado, Garzón escribe libros y participa en charlas, conferencias y actos por todo el país. Estos días está presentando La gran estafa (Editorial Destino), su segundo libro en solitario en menos de un año.
En el epílogo de su libro afirma que hace mucho tiempo que ya nadie le pregunta cuándo acabará la crisis. Quizá la pregunta sea si la crisis acabará algún día y, sobre todo, en qué condiciones saldremos de ella.
Es verdad, la gente me preguntaba mucho al principio de la crisis cuando acabaría. Quien hacía esa pregunta veía la crisis como un accidente, una cuestión temporal y azarosa que terminaría pasando. Pensaba que luego podría seguir con su vida normal. Pero eso ya no ocurre: la gente ha interiorizado que esta crisis está aquí para quedarse y que es estructural. Es cierto que tarde o temprano saldremos de ella, pero lo que no está tan claro es en qué condiciones, efectivamente, y de qué forma. Ahora mismo la preocupación de la ciudadanía no es tanto salir, sino cómo sobrevivir hasta la salida.
Ahora vamos al título: La gran estafa. Contundente.
Hablamos de la gran estafa porque la ciudadanía es consciente de que está siendo robada, estafada y saqueada. Los ciudadanos notan que trabajan más por menos salario, que incluso pierden el trabajo y la vivienda. Sienten que viven peor que sus padres y que ya no pueden esperar que sus hijos vayan a vivir mejor que ellos. En el libro intento explicar cómo el funcionamiento del propio sistema capitalista va carcomiendo los espacios públicos como la sanidad y la educación. Esta crisis es una forma de empobrecer a la mayoría y enriquecer a una minoría. Además, en el relato construido oficialmente en torno a la crisis se intenta culpar a sectores que en absoluto tienen esa responsabilidad, como son los hogares y las familias.
¿Se podría haber evitado la crisis?
No podemos olvidar que estamos en un sistema capitalista y que las crisis son un recurrente en este sistema económico. Pero hay diferentes formas de gestionar la crisis y hay diferentes formas de darle salida. Las alternativas eran múltiples: o bien moderar el impacto de la crisis o bien romper con el capitalismo. Lo que sí se podría haber evitado era hacer recaer todo el coste de la crisis sobre la mayoría de la población. Ahora estamos viendo otra vuelta de tuerca que tarde o temprano nos conducirá a una crisis mayor; de hecho, yo creo que ya estamos abocados a esa crisis mayor.
¿No cree entonces en las previsiones del Gobierno, que fechan el inicio de la recuperación para finales de este año o principios de 2014?
Si seguimos esta política de austeridad nos encontraremos con el desastre, diga lo que diga el Gobierno. El caso de Grecia es ilustrativo: en el año 2010 el FMI dijo que si Grecia seguía sus instrucciones, en 2012 saldría de la crisis creciendo un 1,1%. El año pasado el PIB griego cayó un 6%. Lo cierto es que la recesión se está agudizando y de hecho Alemania ya ha caído en ella. Ahora estamos entrando en una fase distinta: el capitalismo español quiere salir de la crisis siendo competitivos por la vía de los salarios bajos. Esa es la estrategia. En ese sentido hemos de interpretar la reforma laboral y toda la política económica del Gobierno. Esa estrategia podría conducir a una posible salida de la crisis pero en unas condiciones absolutamente tercermundistas, propias de un país subdesarrollado. Pero ni siquiera es seguro que eso vaya a ocurrir.
¿Por qué?
El Gobierno cree que si bajamos mucho los salarios tal vez nos compren a nosotros los productos en vez de a China, por ejemplo. Pero no está nada claro que en ese caso China no bajase a su vez los salarios un poquito más. Desde un punto de vista económico es imposible que todos los países puedan ser exportadores netos. Es una cuestión contable: no todos los países pueden exportar más de lo que importan. Además, la ciudadanía no va a aguantar un proceso de regresión social que nos va a llevar al siglo XIX en cinco años. No sin un estallido social.
Usted plantea que hay que romper el capitalismo para tener una verdadera democracia. ¿Qué sistema económico deberíamos adoptar entonces?
Aquel sistema económico que, independientemente del nombre y del apellido que le queramos dar, no haga que se produzcan las cosas sólo por la rentabilidad, que es el motor que empuja al capitalismo junto con la ganancia. El capitalismo es incompatible con la democracia porque en este sistema económico los votos se determinan en función del dinero, de modo que aquellos que más tienen son los que más mandan. Si los recursos no están gestionados por la sociedad, si no son recursos públicos democráticamente gestionados, evidentemente el poder y la capacidad de decidir qué se produce y hacia dónde vamos estará en un espacio privado y alejado de la ciudadanía. Debemos tener claro que las grandes empresas y los grandes sectores estratégicos tienen que ser públicos para decidirlo todo democráticamente y que efectivamente exista una democracia. Pero sobre todo hay otro imperativo, que es el ecológico: nuestro planeta no aguanta un sistema competitivo como el actual modelo de producción y consumo que representa el capitalismo.
La comparecencia a puerta cerrada de Mario Draghi en el Congreso de los Diputados la semana pasada es la prueba más palpable de lo que usted denuncia: la subordinación del poder político a los llamados mercados. Su intervención en esa reunión fue muy comentada. ¿Qué responsabilidad tiene el BCE en la crisis?
Todo el diseño institucional de la UE es claramente responsable de lo que está sucediendo. Por muchos motivos: por habernos llevado a una especialización productiva basada en la construcción y en el turismo, por habernos desindustrializado y por habernos hecho más dependientes del centro de Europa. En términos económicos la UE está configurada como un modelo simbiótico: Alemania y España se necesita mutuamente para crecer. El BCE tenía instrumentos para evitar una sangría y un saqueo a las arcas públicas. Hemos visto especuladores presionando sobre la deuda pública, hemos visto todo tipo de circunstancias que hacían que un Estado tuviera que endeudarse al 7% mientras los bancos podían hacerlo al 1% o incluso menos. Todo eso está diseñado por la UE y por ahí tiene una responsabilidad muy importante porque ha permitido que se pueda especular contra un país y que se le pueda chantajear desde los mercados. Yo creo que el mejor ejemplo, y se lo dije a Draghi, al que evidentemente no le hizo ninguna gracia, es que el BCE tardó cuatro años en hacer todo lo que tenía que hacer y eso calmó, temporalmente, pero calmó a los mercados. ¿Por qué tardó cuatro años? Durante ese tiempo se permitió que se presionara a los países y llegó la crisis de la deuda pública. El BCE tiene una responsabilidad política e incluso yo diría que penal. Jean-Claude Trichet [el anterior presidente del BCE] y Draghi deberían pasar por un juzgado, dado que sus decisiones han provocado recortes en sanidad, educación y en los servicios públicos básicos. Son responsables directos de todo el sufrimiento actual.
Otra de sus propuestas para superar la crisis es dejar atrás el modelo constitucional de 1978. Propone un nuevo proceso constituyente y aboga por una regeneración democrática. Pero sin los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, ese proceso no podría salir adelante. ¿Se puede contar con ellos?
Yo creo que la mayoría de la población aceptaría un nuevo proceso constituyente. La gente está deseando una regeneración democrática, un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de Estado y tener una democracia más participativa. Claro que no creo lo mismo de los dos grandes partidos, por lo menos de la oligarquía que los dirige. Hay una desconexión entre los dirigentes de los dos grandes partidos y la base social. Por eso es importante superar esa barrera, esa barrera que se crea del hecho de que un militante de base del PSOE sí quiera ir a un proceso constituyente y Rubalcaba no. Afortunadamente, esa barrera está desapareciendo.
¿Usted cree?
Hay una caída en la intención de voto de los dos grandes partidos. Y la tendencia es continuar en esa línea. El PSOE no tiene credibilidad. La credibilidad se gana en años y se pierde en poco tiempo, y el PSOE la ha perdido durante sus años de gobierno. El PP, con toda la política que está haciendo, se desgasta y ese desgaste no lo capitaliza el PSOE. Desgraciadamente la crisis va a continuar bastante más tiempo, así que podemos asistir a un escenario político que no podemos predecir del todo, pero que sí podría estar caracterizado por un proceso constituyente, por una especie de formateo de las instituciones actuales para iniciar una construcción distinta.
Hablando del PSOE: en el libro usted habla de la socialdemocracia como una ideología casi en vías de extinción.
Cuando vino Draghi al Congreso, el portavoz del PSOE fue absolutamente servil. No cuestionó en ningún momento su legitimidad a pesar de que Draghi no es una persona electa y nosotros, los diputados, sí lo somos. Se limitó a pedirle ayuda como hicieron el resto de grupos. El BCE persigue un modelo de sociedad muy determinado: el propio Draghi habló de rebaja de costes salariales para lograr una situación competitiva. Añadió que nuestro país tenía que buscar sus ventajas comparativas, lo que quiere decir que nos está mandando a un mercado mundial a competir contra todo el mundo y a ver quién vende sus productos más baratos. En ese espacio institucional la socialdemocracia no puede sobrevivir porque para poder competir y vender más barato que tus competidores necesitas tener trabajadores más baratos y necesitas tomar medidas económicas que hacen inviable mantener el Estado del bienestar. En un capitalismo tan flexibilizado, tan desregularizado y tan competitivo la socialdemocracia pierde los espacios. Claro que el PSOE ni siquiera es socialdemócrata a mi modo de ver. Podríamos decir, siendo generosos, que es socioliberal. En términos teóricos la socialdemocracia está agotada en un entorno institucional que te obliga a competir contra el resto del mundo. Así que, o se regulan los mercados y se vuelve a espacios de proteccionismo y a una industrialización interna, o la socialdemocracia tendrá que desaparecer como teoría.portada del libro de Alberto Garzón
¿Qué opina de Beatriz Talegón? ¿Qué opina de los abucheos que recibió en la manifestación contra los desahucios en Madrid?
No la conozco. Sólo he visto ese vídeo de su intervención en la Internacional Socialista en Portugal y alguna intervención posterior en televisión. En el vídeo dice cosas que son muy ciertas. La verdad es la verdad la diga quien la diga. Tenemos una democracia formal, de mínimos, que algunos llaman de baja intensidad en la que casi que te limitas a votar cada cuatro años a quien va a mandar. Los partidos políticos son estructuras muy rígidas, sobre todo aquellos partidos que han estado enquistados en el poder durante mucho tiempo y que permiten la existencia de oligarquías políticas que se unen con la oligarquía empresarial y al final terminan rompiendo con la voluntad de las bases. Yo creo que por ahí iba la intervención de Talegón. Creo que fue sincera, pero luego creo que no ha sido capaz de criticar la política del PSOE en los años que ha gobernado, ni ha sido capaz de asumir que ella también es corresponsable en la medida en que es militante del PSOE y una cara visible. Yo no abuchearía jamás a una persona en una manifestación, me parece una falta de respeto y de educación democrática, pero sí que aprovecharía para preguntarle a Talegón dónde estaba cuando ya en los tiempos de Zapatero muchos estábamos parando desahucios. La gente se puede temer que es una vía de oportunismo y desgraciadamente puede llevar a situaciones como la de la manifestación que es absolutamente anecdótica.
En esa manifestación se visualizó otro de los problemas más graves que tiene el país: la desafección de los ciudadanos por la clase política. A ello hay que añadir la corrupción. Pese a todo, usted reivindica la política.
El problema político no es sólo una cuestión de caras. Evidentemente hay que erradicar a los Bárcenas, a los Camps y a los Fabra del escenario político porque son manzanas podridas. Pero el problema también es de las instituciones: si hay un corrupto es porque hay un corruptor, y si hay corrupción es porque se permite que haya corrupción. No hay suficiente transparencia, no hay suficientes mecanismos institucionales para penalizar, sancionar e impedir la corrupción. Necesitamos nuevas instituciones; necesitamos una justicia más ágil, más rápida y más justa; necesitamos transparencia en la gestión de dinero público; necesitamos acabar con la redes clientelares, con el caciquismo y el enchufismo, que son prácticas que tienen más que ver con la mafia que con la política. Yo reivindico la política, pero la política en el sentido noble. En el sentido de que una sociedad se reúna y decida colectivamente cómo se va a organizar, qué va a producir, de qué instituciones, reglas y normas se va a dotar para llegar a la paz social. Eso es la política.
A veces da la impresión de que el PP y el PSOE no hacen gran cosa por reducir esa brecha con la ciudadanía. Igual necesitan llevarse un buen susto en alguna convocatoria electoral para decidirse a actuar.
La propia sociedad es la ola que arrastra a la cúpula dirigente de los partidos. Hace cinco años era impensable hablar de la reforma de la Constitución y ya el PSOE, dándose cuenta de que se está quedando lejos de la ciudadanía, empieza a hablar de esa reforma. Pero tenemos muchos frentes abiertos. Por ejemplo, el de la Casa Real, infectada de corrupción y desprestigiada absolutamente, intentando ser sostenida por todo tipo de propaganda institucional. Su desprestigio arrastra a las instituciones. El desprestigio de la llamada clase política y del sistema político provoca que al final nos encontremos con que la gente quiere algo nuevo, algo distinto, referencias distintas y una Constitución distinta que se aplique de verdad, porque al final el problema no es la Constitución en sí: también se trata de que lo que está escrito en el papel se aplique.
¿Y cómo lo hacemos?
Los constitucionalistas distinguen entre constitución formal, lo que está en el papel, y constitución material, que es lo que al final uno disfruta. Tenemos una constitución muy bonita en muchos artículos. El artículo 128 dice que la riqueza de un país está subordinada al interés general y, sin embargo, eso no sucede. Hemos vivido un proceso deconstituyente desde hace mucho tiempo que ha vaciado de poder la Constitución y se ha llevado a las instancias supranacionales como el BCE que no tienen legitimidad. Y menos mal que no tenemos una constitución europea porque la que íbamos a tener era para echarse a llorar. Lo que hay que hacer es lo contrario y llevar a cabo un proceso constituyente que permita recuperar también los instrumentos para poder aplicar la Constitución.
¿Está usted proponiendo menos Europa o incluso una salida del euro? ¿Qué pasa con la unión bancaria y la unión fiscal?
No se trata de menos Europa. Se trata de hacer otra Europa sobre unas bases de solidaridad entre sus diferentes pueblos y no sobre las bases de la unión bancaria. La unión fiscal es retórica, eso no va a suceder. Es la misma retórica que tenía la refundación del capitalismo por Sarkozy o que tenía lo de prender fuego a los paraísos fiscales. Eso sólo es una llamada de atención para mantener la Europa que tenemos ahora que es la Europa de los mercaderes, la Europa de las grandes fortunas y de los grandes bancos. En esa Europa no cabemos, no cabe nuestro proyecto. La cuestión del euro es distinta, el euro es una moneda, un instrumento monetario. Nuestros problemas no derivan de un origen monetario sino de una estructura productiva. Tenemos un problema de inserción en la economía mundial y en la UE. Salir del euro no nos soluciona nada, como mucho nos proporcionaría ciertas herramientas para quizás empezar a pensar en salir de la crisis dentro de dos o tres años. Pero no es el problema, el problema es la estructura productiva, la economía real.
Esa otra UE que usted reclama, ¿es posible?
Hay que decir claramente que o cambiamos la correlación de fuerzas en la UE o se producirá una implosión del euro que sería desastrosa para toda Europa. Lo que hay que hacer es forzar y negociar desde la correlación de fuerzas con la troika y con las instituciones europeas para recuperar la democracia. Digo forzar para que quede claro que no es una relación de iguales: es una negociación entre quienes tienen la sartén por el mango, que en este caso somos nosotros, los ciudadanos, y ellos, que se están beneficiando. Si quisiéramos, podríamos adoptar toda una serie de medidas para que la troika tuviera claro que no le queda más remedio que ceder y la troika está compuesta por parte de Europa.
El camino se antoja largo y complicado
Es complicado, sí. Pero ahí está el ejemplo de América Latina, que nos enseña mucho: en los años 80 y 90 el FMI impuso los planes de ajustes, —por cierto que a esos años se les llamó la década perdida—. América Latina da modelos muy distintos: da Venezuela, da Ecuador, da Bolivia, Argentina, Brasil... países que han logrado romper con esa tradición neoliberal. Eso demuestra que se puede hacer. Es obvio que no es fácil porque actualmente no se da la correlación de fuerzas suficiente: aquí gobierna el PP, en Grecia sigue gobernando también la derecha, pero ya se dan elementos de un cambio: Syriza encabeza las encuestas en Grecia. Aquí hay una tendencia decreciente del bipartidismo y, dado que la situación es de absoluta emergencia, los cambios sociales se producirán con mayor rapidez. Es complicado, sí, pero es el único camino.

jueves, 21 de febrero de 2013

Cayo Lara y la IU- Izquierda plural denuncian la política ruinosa y corrupta del Gobierno y exige elecciones

Alberto Garzón: Construir base social a partir de las ruinas del régimen


Hay un régimen viniéndose abajo. Tanto el sistema económico como el sistema político están sumidos en una crisis de legitimidad en cuyo desarrollo se está hundiendo la sociedad y dinamitando la cohesión social. Algunos sectores, entre los que se encuentran muy claramente las direcciones de los dos grandes partidos, intentan apuntalar como pueden un diseño institucional y económico que durante décadas les ha permitido reproducirse tanto en el Gobierno como en el poder.
En ambos ámbitos, económico y social, la directriz oficial es tomar la vía de la huida hacia delante. Así, el Gobierno espera que la modificación rápida del modelo de crecimiento económico dé pronto sus frutos. Esos frutos esperados son un crecimiento del empleo de carácter precario, prácticamente esclavista, y una calma en los mercados financieros que sea bendecida por el todopoderoso e independiente Banco Central Europeo. El camino es tortuoso, especialmente para los más desfavorecidos, y sin un final feliz garantizado, pero al Gobierno se le va agotando el tiempo. Todo parece indicar que el estallido social puede llegar mucho antes que la esperada meta económica del Gobierno.
En el otro ámbito, el del sistema político y la representación política, las cosas están aún peor. Según Metroscopia, un 80% de los ciudadanos piensa que los diputados del Congreso no les representan, y hasta un 85% cree que los diputados y los banqueros son deshonestos. La corrupción y la sensación dominante de impunidad de los delincuentes fiscales y financieros es algo desolador.
Y para enfrentar esto tenemos la necesidad no sólo de diseñar propuestas factibles en ambos ámbitos, con un proyecto político y económico que sea viable y sustancialmente distinto al empujado por el Gobierno en su huida. Es decir, es insuficiente con poner encima de la mesa un proceso constituyente y un modelo económico alternativo al actual. Sobre todo necesitamos también encontrar la forma de aglutinar todo el descontento generalizado y transformarlo en una fuerza que sea catalizadora del cambio social y económico. Esto es, crear una base social.
Efectivamente, suele haber acuerdo en que cualquier proceso de transformación de las características apuntadas requiere la existencia previa de una base social, esto es, un colectivo que comparta unas determinadas condiciones objetivas, una amplia cohesión y un grado de intervención suficiente. Se trata, en definitiva, de lograr que la ciudadanía que sufre bajadas salariales, recortes en los servicios públicos y desahucios vean las mismas causas en el origen de esos distintos procesos. Que compartan, dicho de otra forma, un diagnóstico político de lo que está fallando. Desde ese punto de partida es posible cohesionar a la ciudadanía en torno al proyecto político y económico, y si existe una organización de ese proyecto será factible poner en marcha el proceso de cambio.
Esta teórica hoja de ruta choca con un obstáculo perverso del actual sistema político. A saber, que la voluntad de la ciudadanía está mediada por los partidos políticos, los cuales cohesionan en torno a otro tipo de valores. Dicho de otra forma, los partidos funcionan como fuerzas centrípetas de la frustración ciudadana y logran la absorción de fuerzas que son necesarias para la configuración de esa base social, la cual naturalmente ha de ser más amplia que la que potencialmente pueden alcanzar estos mismos partidos en las condiciones actuales.
En la práctica esto deriva en una guerra de siglas, cada una de ellas presentadas como los mejores instrumentos de cambio. Así, el debate se traslada desde el fondo –el proyecto ideológico – hacia la forma –las siglas y la pertenencia o la identidad política a un partido – . En consecuencia, personas que en otras circunstancias compartirían espacios políticos se encuentran enfrentadas por la mediación de los partidos políticos y el ciclo electoral.
En otros países esta realidad ha conllevado la implosión de gran parte de los partidos políticos, abriendo espacios a nuevos proyectos de transformación –como en Ecuador, Bolivia o Venezuela– o a nuevos partidos que heredaron las viejas prácticas –como en Italia–. El perfil que marca actualmente España es el de la descomposición paulatina pero firme de los dos grandes partidos, especialmente con un acentuado nivel de pérdida de identidad en el Partido Socialista.
Lo que a mi juicio corresponde hacer es tratar de convertir instrumentos políticos como Izquierda Unida en elementos que catalicen la creación de esa base social que requerimos. Ignorar el análisis anterior puede convertir a IU en un partido que se limite a ver pasar de largo el proceso de transformación, no necesariamente positivo, llevado a cabo entonces por otros actores políticos.
Izquierda Unida debería aspirar a ser el dispositivo que active la creación de esa base social, sin pretender ser el centro dirigente del cambio. Ese centro corresponde a las personas cuya ideología busca dicho cambio. Otros colectivos, organizados en la periferia ideológica de IU, forman parte de esa base social potencial que necesitamos y, en consecuencia, son también compañeros de viaje.
Así, hay que romper con las viejas prácticas y mentalidad de un sistema político decadente. La lucha no puede darse enfrentando siglas o banderas, sino ideas, y ello conlleva aceptar también que hay un sector muy importante en la base social del PSOE que es igualmente necesario.
El reciente abucheo a la dirigente socialista Beatriz Talegón, en la manifestación del 16F, pone de relieve que aún nos queda camino por recorrer. Porque sin duda hay que combatir la hipocresía y oportunismo de quienes, como López Aguilar, pertenecieron a un Gobierno que agilizó los desahucios y ahora defienden lo contrario. Pero tampoco podemos ignorar que muchos militantes y votantes del PSOE no son corresponsables de las prácticas infames llevadas a cabo por los dirigentes de su partido.
En Alemania y Francia, importantes dirigentes socialistas, repletos de honestidad, dieron el salto hacia proyectos alternativos en Die Linke y Front de Gauche. En Grecia, la base social de Syriza proviene también, y lógicamente, de gran parte de la base social del antiguo PASOK. Y tanto en las recientes elecciones de Galicia como las de Catalunya, los votos de Alternativa Galega e ICV-EUiA también provenían de la antigua base social socialista. Y esa aglutinación de fuerzas probablemente ha generado círculos virtuosos que han animado a más personas a participar en el proyecto de transformación, al percibir utilidad y eficacia en el mismo.
En consecuencia, sería injusto y contraproducente estigmatizar a quienes han pertenecido o votado siglas que hoy representan el gran capital y el neoliberalismo más salvaje, puesto que las transformaciones no se realizan desde espacios minoritarios sino desde aquella base social de la que hemos hablado. Y el trabajo es construirla en torno al proyecto político y económico, es decir, en torno a un proyecto ideológico.